Castilla-La Mancha necesitará 40.000 viviendas en cuatro años

Los constructores alertan de un déficit creciente de oferta ante la creación de nuevos hogares.

Fereco reclama más suelo, ayudas a jóvenes y promotores y advierte de que las medidas tardarán hasta tres años en notarse.

En la imagen, viviendas en construcción en Toledo - EFE/Ismael Herrero
En la imagen, viviendas en construcción en Toledo - EFE/Ismael Herrero

Castilla-La Mancha necesitará 40.000 nuevas viviendas en los próximos tres o cuatro años para poder atender la creación de nuevos hogares en la región, según ha advertido el presidente de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (Fereco), Manuel Carmona, quien ha reclamado medidas urgentes como la generación de suelo y ayudas públicas tanto a la promoción como a la compra. No obstante, ha avisado de que cualquier actuación que se ponga en marcha ahora no tendrá reflejo real en el mercado hasta dentro de dos o tres años.

En una entrevista concedida a la Agencia EFE, Carmona ha destacado además que la comunidad autónoma ya ha superado los visados de obra nueva comprometidos en 2023 dentro del denominado Plan 10.000, suscrito con el Gobierno regional.

El presidente de Fereco ha contextualizado la situación con datos nacionales y autonómicos. Actualmente, en España se construyen en torno a 100.000 viviendas al año, mientras que, según el Banco de España, se crean 240.000 nuevos hogares anualmente. En el caso de Castilla-La Mancha, un estudio del BBVA cifra en 10.000 los nuevos hogares que se crearán cada año en 2025 y 2026. Extrapolando estas cifras, Carmona calcula que la región necesitará alrededor de 40.000 viviendas en el corto y medio plazo para cubrir esa demanda.

“Todo lo que queramos hacer ahora, hasta dentro de dos o tres años no va a tener su reflejo en el mercado”, ha insistido.

Más suelo y ayudas a promoción y compra

Entre las soluciones que el sector viene reclamando desde hace tiempo, Carmona ha enumerado la necesidad de poner más suelo a disposición de los promotores, definir una política de vivienda estable y articular ayudas tanto a la promoción como a los compradores, con especial atención a los jóvenes.

“Sobre todo en el mercado de vivienda joven hay compradores que pueden hacer frente a una hipoteca, pero les falta esa ayuda a la entrada”, ha señalado. En su opinión, facilitar esa aportación inicial permitiría dinamizar la demanda solvente que actualmente no puede acceder a la compra.

Asimismo, ha reclamado ayudas a la promoción para hacer frente al fuerte incremento de los costes de construcción, que “se han disparado”. Tras la pandemia y la guerra de Ucrania, materiales como el acero, la cerámica o el cristal “se han disparado hasta límites insospechados” y llegaron a duplicar su precio en 2022 y 2023.

Por ello, ha pedido también actualizar los precios de licitación y los módulos a la realidad del mercado. “Por mucha colaboración público-privada que haya, las empresas tienen que tener un rendimiento económico”, ha subrayado.

El Plan 10.000 supera sus previsiones

Carmona ha reconocido que algunas medidas ya están en marcha, como el Plan 10.000 firmado en 2023 con el Ejecutivo autonómico, del que ha destacado que en febrero de 2025 ya se había superado esa cifra en visados de obra nueva.

Sin embargo, otras iniciativas avanzan con mayor lentitud, como el Plan Nacional de Vivienda, en el que el sector tiene “muchas esperanzas”, aunque el tiempo pasa sin que se materialicen sus efectos. De nuevo, ha recordado que cualquier política de vivienda necesita un plazo mínimo de dos o tres años para traducirse en oferta efectiva.

En cuanto a la distribución territorial de la demanda, ha explicado que se concentra principalmente en las cinco capitales de provincia —Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo— y en los dos grandes corredores del Henares y de La Sagra. No obstante, ha puesto el foco en los municipios de más de 10.000 habitantes, que no acceden a determinadas ayudas reservadas a grandes núcleos urbanos, pero donde también existe una demanda significativa de vivienda.

Para los núcleos más pequeños, ha defendido la importancia de las ayudas a la rehabilitación que ya impulsa la Junta, así como otras medidas que permitan poner viviendas vacías en el mercado.

Falta de mano de obra y licencias lentas

El sector también se enfrenta a obstáculos estructurales como la falta de trabajadores cualificados y la lentitud en las tramitaciones urbanísticas. Carmona ha sido tajante: será “imposible” atender toda la demanda si no se refuerza la mano de obra en las empresas constructoras.

Ha asegurado que el sector ha hecho “autocrítica” tras los años de la burbuja inmobiliaria y está trabajando para atraer a jóvenes trabajadores, modernizando y digitalizando procesos y mejorando las condiciones laborales respecto a otros sectores que emplean mano de obra sin cualificación.

También ha querido marcar distancias con la situación previa a la crisis de 2008. Aunque las cifras de compraventa de 2025 son similares a las de 2007, entonces se construían 800.000 viviendas al año en España, frente a las apenas 100.000 actuales. Además, durante años, en muchos municipios de Castilla-La Mancha las licencias de nueva construcción fueron inexistentes.

En este sentido, ha lamentado que existan ayuntamientos que denuncian falta de vivienda mientras tardan hasta un año y medio en conceder una licencia. “Todo lo que sea agilizar trámites es urgente”, ha reclamado, si bien ha reconocido que la Ley de Simplificación Administrativa impulsada por Castilla-La Mancha está contribuyendo a reducir algunos plazos.

La industrialización, presente y no futuro

Por último, el presidente de Fereco ha defendido la industrialización como una realidad consolidada en el sector. “No es el futuro: es el presente para muchas empresas”, ha afirmado, aunque ha precisado que no sustituirá a la construcción tradicional, sino que convivirá con ella.

Este modelo permite acelerar plazos y paliar en parte la falta de mano de obra, aunque requiere un volumen elevado para ser rentable, lo que explica que esté implantándose con mayor rapidez en comunidades como Madrid que en Castilla-La Mancha.

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