CCOO y UGT llenan las calles de Castilla-La Mancha por vivienda y salarios dignos

Las columnas de trabajadores y trabajadoras recorrieron este viernes, 1 de mayo de 2026, las principales ciudades de Castilla-La Mancha en una jornada en la que los dos grandes sindicatos presentaron un frente común frente a la precariedad laboral, el encarecimiento de la vida y la crisis de acceso a la vivienda. La movilización central arrancó en Puertollano desde la glorieta de la Virgen de Gracia y concluyó en la Concha de la Música del Paseo de San Gregorio, con la lectura de un manifiesto conjunto que sintetizó las demandas de la jornada. Toledo, Albacete, Cuenca, Guadalajara y Alcázar de San Juan (Ciudad Real) también acogieron marchas que reunieron a centenares de personas en cada provincia.

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, abrió su discurso alertando del riesgo de "involución democrática" e instó al movimiento sindical a responder "con propuestas para los problemas de la gente: la carestía de la vida, los salarios, la vivienda, los servicios públicos". Ortega rechazó las ideas "reaccionarias" y el "autoritarismo" como vías para resolver estos problemas y reivindicó una "transferencia directa de rentas" a través del IRPF, una subida generalizada de los salarios y una fiscalidad justa. "El infierno fiscal del que nos hablan algunos no existe", zanjó.

Sobre los salarios, Ortega exigió incrementos de entre el 4% y el 7% porque, a su juicio, "el crecimiento económico no se está trasladando a las familias". Criticó además la paralización de la negociación colectiva en la región y advirtió con claridad: "Si no hay avances en esta materia, no dudaremos en recurrir al conflicto y a la huelga", un derecho cuya criminalización, dijo, no se va a permitir: "La huelga no es delito", recordando así la lucha por el convenio del metal.

La vivienda, protagonista del 1 de Mayo

El énfasis de CCOO en la vivienda fue explícito desde el principio. Ortega denunció que la situación de este mercado "condena a las próximas generaciones de españoles" y advirtió de que "sin vivienda no hay cohesión social, y sin cohesión social no va a haber democracia". Defendió que nadie debería destinar a la vivienda más del 30% de sus ingresos y puso como ejemplo del fracaso político "la unión de las tres derechas en el Congreso para tumbar el Real Decreto que prorrogaba los alquileres".

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, compartió el diagnóstico. Denunció que la vivienda "sigue siendo un derecho inaccesible para muchas personas que dependen de un salario que no les llega" y reclamó "más control sobre la vivienda turística, las zonas tensionadas y un pacto público de vivienda para que vuelva a ser un derecho y no un privilegio". Alcónez también criticó que la economía española, la que más crece de la Unión Europea según indicó, no está revirtiendo en la mejora de las condiciones laborales. Apostó por un reparto equitativo de la riqueza mediante servicios públicos financiados con "un sistema fiscal justo" y la mejora de los salarios vía negociación colectiva.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acudió a Puertollano para sumarse a la marcha y recalcó que el Gobierno de España "va a seguir impulsando todas las medidas necesarias" para garantizar el derecho a la vivienda. Lamentó que "todo el esfuerzo en incremento salarial y mejora de rentas se está yendo a pagar las rentas del alquiler, mientras trabajadores y trabajadoras están siendo expulsados de sus barrios". Rodríguez instó a todos los grupos políticos a llegar a "un gran acuerdo" en materia de vivienda: "La ciudadanía no entiende que, ante este problema, los partidos políticos no estén implicados en las soluciones".

Las escuelas de 0-3 años, presente en todas las marchas

Otro protagonismo compartido en todas las provincias fue el de la plataforma de trabajadoras de las escuelas infantiles de cero a tres años, que el próximo 7 de mayo ha convocado una huelga general en Castilla-La Mancha. CCOO defendió que este ciclo educativo se consolide como una etapa pública, universal y gratuita, con un marco estatal común que "acabe con las desigualdades" y limite la externalización que precariza las condiciones laborales. La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, sumó su voz a esta reivindicación y mencionó también la situación de los 2.200 trabajadores del transporte sanitario en la región —unos 400 en la provincia de Toledo—, cuyo salario lleva congelado años y cuya situación, dijo, "se va a extender durante los próximos cinco años": "Eso es intolerable".

Toledo: mil personas y denuncia de la siniestralidad laboral

En Toledo, la manifestación partió desde el Paseo de Recaredo y llegó a la plaza de Zocodover en una nueva ruta que los sindicatos estrenaron este año. La asistencia se situó en torno a las mil personas según los convocantes —unas 600 según fuentes de la Policía Nacional—. El secretario general de CCOO en Toledo, Federico Pérez, denunció que los trabajadores castellanomanchegos son los terceros del país con los salarios más bajos y criticó duramente a la patronal por su discurso sobre el absentismo: "El problema de este país no son las bajas laborales, sino las miles y miles de horas extraordinarias que se hacen sin cobrar". Pérez recordó que en 2025 murieron 13 personas en accidentes laborales solo en la provincia de Toledo y advirtió de que "la productividad no puede significar más precariedad, sino mejores salarios, menos jornada y más derechos". Sobre la vivienda, alertó de un escenario cotidiano y concreto: algunos trabajadores deben afrontar alquileres de 1.200 euros al mes con sueldos de 1.500 euros mensuales. Carrascosa, desde UGT, reclamó equiparación salarial para los trabajadores de logística en Toledo, que cobran casi 4.500 euros menos al año que sus homólogos en Guadalajara.

Albacete: Telepizza y escuelas infantiles, conflictos locales en primer plano

En Albacete, la marcha transcurrió desde el Molino de la Feria hasta el parque Abelardo Sánchez. El secretario general de CCOO en la provincia, Paco Gómez, reclamó "un pacto de Estado" para la vivienda: "No puede ser que el juego político esté condenando a toda una generación a vivir sin vivienda en propiedad y que muchos no puedan ni pagar un alquiler". Destacó los conflictos locales del sector, especialmente el de los trabajadores de Telepizza y el de las educadoras infantiles. Por su parte, el secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González, incidió en la necesidad de intervención pública ante la especulación inmobiliaria y reivindicó que los cambios derivados de la inteligencia artificial y la digitalización "no sirvan para precarizar más el trabajo, sino para vivir mejor: trabajar menos, ganar más, tener más tiempo".

Cuenca: el poder adquisitivo ha caído un 7,5% en cinco años

En Cuenca, la manifestación arrancó en la estación de ferrocarril y concluyó en la Plaza de España. El secretario general de CCOO en la provincia, Carlos Hortelano, subrayó que el poder adquisitivo de los conquenses ha caído un 7,5% en los últimos cinco años, pese a que la productividad y los márgenes empresariales crecen "en máximos históricos". Hortelano advirtió a la clase trabajadora de que no cayera en "los falsos, peligrosos y violentos mensajes de odio y división" y reclamó un reparto justo de la riqueza: Cuenca es, recordó, la tercera comunidad con peores salarios de España. Por su parte, el secretario general de UGT Cuenca, Vicente Martínez, denunció que el precio de la vivienda en Cuenca ha subido un 9% y reclamó la actualización urgente de convenios colectivos caducados, como el de las trabajadoras de ayuda a domicilio, sin renovar desde 2013. La siniestralidad laboral centró también su intervención: la provincia sigue encabezando el ránking de accidentes mortales en el trabajo, "algo que nos encoge el corazón y es inasumible".

Guadalajara: zonas tensionadas y convenios atascados

En Guadalajara, la marcha partió del Palacio del Infantado y llegó al Parque de la Concordia y reunió a cientos de personas, con presencia de representantes políticos como el secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, y la consejera de Igualdad, Sara Simón. El secretario general de CCOO en la provincia, Javier Morales, señaló que "las guerras criminales provocadas por Trump o Netanyahu están empobreciendo a la clase trabajadora" y pidió a la Junta que declare a Guadalajara como zona tensionada en materia de vivienda: "Se pueden firmar buenos convenios, pero si el precio de los alquileres sigue subiendo, nos seguiremos empobreciendo". Morales recordó también los convenios "atascados" en la provincia, como los de comercio o logística. El secretario general de UGT Guadalajara, Juan Antonio Pendás, cargó contra quienes "hablan de absentismo mientras se silencian millones de horas extra que no se pagan" y puso el acento en la discriminación que sufren las mujeres trabajadoras: "Sin igualdad, no hay justicia social".

Un lema común frente al avance de la ultraderecha

Más allá de las reivindicaciones económicas y laborales, los discursos de este Primero de Mayo en toda la región coincidieron en un mensaje transversal: la defensa de la democracia frente al avance de los discursos de ultraderecha. La secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, presente en Puertollano, alertó de quienes "señalan al migrante, al pobre, al diferente, como si el problema no fueran los privilegios de unos pocos" y que quieren recortar derechos laborales o creen que "las mujeres hemos llegado demasiado lejos". Alcónez, desde UGT, fue explícita: "No queremos su prioridad nacional, ni su xenofobia ni su racismo; decimos no a la negación de la violencia de género y del cambio climático, y sí a respetar los derechos de las personas LGTBI". Carrascosa, por su parte, hizo un llamamiento a los trabajadores a reflexionar ante el "auge de la ultraderecha": "No vienen a defender los derechos ni las condiciones de la clase trabajadora, sino a proteger los privilegios de unos pocos frente a los derechos de otros muchos".

El proceso de regularización de migrantes fue otra de las reivindicaciones compartidas por ambas organizaciones. Ortega lo calificó como "una cuestión de derechos y de dignidad" para miles de personas "que ya están aquí trabajando en los cuidados, los servicios o la agricultura expuestas a la explotación". Alcónez añadió la dimensión económica: "Ofrece muchas posibilidades para determinados sectores productivos". La ministra Rodríguez se detuvo en las personas inmigrantes "hacinadas en habitaciones" y expresó su esperanza de que el proceso de regularización en marcha les permita "tener ese respiro y vivir más dignamente". Los conflictos bélicos internacionales cerraron los discursos en varias provincias, con llamamientos al cese de las guerras y al respeto al derecho internacional, en un año en el que la clase trabajadora, subrayaron los sindicatos, paga en forma de inflación y precariedad el precio de la inestabilidad global.