Castilla-La Mancha recorta su deuda y bate a la media nacional

La deuda pública de Castilla-La Mancha se situó en el 27,6% de su Producto Interior Bruto (PIB) durante el primer trimestre de 2026, según los datos publicados este martes por el Banco de España. La región recortó siete décimas respecto al trimestre anterior, cuando su ratio era del 28,3%, lo que la convierte en la comunidad autónoma de régimen común que más ha reducido el peso de su endeudamiento en ese periodo. La mejora contrasta con el comportamiento de la media nacional, que subió una décima en el mismo intervalo.

En términos anuales, la reducción es igualmente significativa: la deuda regional pasó del 28,9% del PIB registrado en el primer trimestre de 2025 al 27,6% de marzo de 2026, una bajada de 1,3 puntos porcentuales que sitúa a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad de régimen común que más ha recortado su endeudamiento en los últimos doce meses. En términos absolutos, esa evolución supone 132 millones de euros menos de deuda, según el organismo supervisor.

En nota de prensa la Junta también destacó la trayectoria a largo plazo. Desde que Emiliano García-Page asumió la presidencia regional en junio de 2015, la deuda de Castilla-La Mancha ha pasado del 35,3% al 27,6% del PIB, una reducción acumulada de 7,7 puntos porcentuales, prácticamente el doble que la caída media registrada en el conjunto de las comunidades autónomas, que se sitúa en 3,9 puntos en el mismo periodo.

La cuarta comunidad más endeudada

Pese a la mejora relativa, Castilla-La Mancha sigue ocupando posiciones altas en el ranking de comunidades por nivel de deuda. Con un ratio del 27,6% del PIB, se sitúa como la cuarta autonomía más endeudada de España, por detrás de la Comunidad Valenciana (40,4%), la Región de Murcia (31,1%) y Cataluña (27,8%). En el extremo opuesto, cinco comunidades mantuvieron su deuda por debajo del umbral del 13% fijado como valor de referencia en la Ley de Estabilidad Presupuestaria: Navarra (8,6%), Canarias (10,5%), País Vasco (11,4%), Madrid (12%) y Asturias (12%).

El conjunto de las comunidades autónomas acumuló en el primer trimestre una deuda de 346.910 millones de euros, equivalente al 20,3% del PIB, con un crecimiento interanual del 2,6%.

Un máximo histórico en el conjunto del Estado

El dato regional se publicó en el contexto de un nuevo récord en la deuda nacional. El saldo de las administraciones públicas españolas alcanzó los 1,740 billones de euros en marzo de 2026, superando el máximo histórico anterior, registrado en el tercer trimestre de 2025, cuando la deuda se situó en 1,709 billones. En términos interanuales, el incremento fue de 72.125 millones de euros, un 4,3% más; respecto al cuarto trimestre de 2025, el aumento fue de 41.276 millones, un 2,4%.

En relación con el PIB, la ratio nacional se moderó hasta el 101,6%, frente al 103,3% del mismo periodo del año anterior, lo que supone una reducción de 1,7 puntos porcentuales. El Ejecutivo central prevé que ese indicador rompa la barrera del 100% al cierre de 2026, situándose en el 99,3%, adelantando en un año el objetivo que hasta ahora estaba fijado para el final de la legislatura.

La Administración Central concentra la mayor parte de la deuda

Por subsectores, la Administración Central acumuló una deuda de 1,602 billones de euros en marzo de 2026, un 4,5% más interanual, lo que representa el 93,6% del PIB. De ese total, la deuda del Estado propiamente dicho ascendió a 1,589 billones de euros (el 92,9% del PIB), con un crecimiento del 4,7% respecto al mismo periodo de 2025. Las denominadas Otras Unidades de la Administración Central registraron, en cambio, un saldo de 34.000 millones de euros (el 2% del PIB), un 5,8% inferior al del año anterior.

Las Administraciones de Seguridad Social elevaron su deuda hasta los 136.178 millones de euros, un 7,9% más interanual, equivalente al 8% del PIB. El Banco de España precisó que este aumento se debe principalmente a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar parte de su desequilibrio presupuestario, operaciones que, al ser internas entre subsectores, no afectan al cómputo global de la deuda pública.

Las corporaciones locales, a la contra

Mientras las comunidades autónomas y la Administración Central registraron crecimientos, las Corporaciones Locales (CCLL) mostraron una evolución a la baja. Su deuda se situó en 20.682 millones de euros (el 1,2% del PIB), un 9,5% inferior a la del mismo periodo del año anterior. Los ayuntamientos no capitales de provincia concentraron la mayor parte con 10.000 millones de euros, seguidos de los capitales de provincia con 7.000 millones y el resto de corporaciones con 4.000 millones.

Entre los municipios con más de 300.000 habitantes, la deuda conjunta cayó un 17,2% hasta los 4.434 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid lideró el volumen absoluto con 1.560 millones, seguido de Barcelona (1.203 millones) y Zaragoza (519 millones). En deuda por habitante, sin embargo, Zaragoza encabezó la clasificación con 749 euros, por delante de Barcelona (694 euros) y Murcia (511 euros). En el extremo contrario, Las Palmas de Gran Canaria no registró deuda alguna, mientras que Valencia presentó la segunda ratio más baja con 78 euros por habitante, seguida de Bilbao con 142 euros.

Pasivos a largo plazo, protagonistas de la estructura de deuda

En cuanto a la composición por instrumentos, la deuda pública española siguió concentrada en pasivos a largo plazo, que representaron el 94,8% del total en marzo de 2026. Dentro de ese bloque, los valores a largo plazo supusieron el 85,1%, mientras que la deuda a corto plazo se limitó al 5,2% restante. En términos de variación interanual, los valores a largo plazo crecieron un 4,2%, los préstamos a más de un año aumentaron un 6,9% y los instrumentos a corto plazo registraron un incremento más moderado del 1,3%.

El Banco de España también advirtió que, aunque el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno contempla una senda descendente de la deuda en los próximos años, las proyecciones oficiales no especifican en qué momento España logrará situar su endeudamiento por debajo del 60% del PIB, umbral que la Unión Europea establece como nivel prudente de referencia para sus estados miembros.