UPA alerta de una crisis del vino en Castilla-La Mancha por la caída del consumo

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Castilla-La Mancha advierte de que el sector vitivinícola afronta una "tormenta perfecta" por la caída simultánea del consumo interno y las exportaciones, la debilidad de los precios y el riesgo de que una cosecha normal en la próxima campaña dispare las existencias hasta niveles insostenibles.

La organización agraria reclamó este lunes una reunión "urgente" a la Consejería de Agricultura antes de que finalice julio para abordar la campaña de vendimia, que arranca oficialmente el 1 de agosto, y exigió medidas de intervención inmediatas ante lo que considera un programa sectorial "cojo" e insuficiente para afrontar la crisis a corto plazo.

El responsable vitivinícola de UPA en Castilla-La Mancha, Alejandro García-Gasco, y el responsable regional de UPA, Julián Morcillo, durante la rueda de prensa que han ofrecido - EP
El responsable vitivinícola de UPA en Castilla-La Mancha, Alejandro García-Gasco, y el responsable regional de UPA, Julián Morcillo, durante la rueda de prensa que han ofrecido - EP

El responsable vitivinícola de UPA en Castilla-La Mancha, Alejandro García-Gasco, compareció este lunes en Ciudad Real junto al secretario general de la organización en la región, Julián Morcillo, para trazar un diagnóstico sombrío del sector del vino de cara a la próxima campaña. Ambos coincidieron en señalar que la confluencia de una demanda interior en descenso, unas exportaciones debilitadas y unos precios bajo presión configura una situación de máxima fragilidad que podría agravarse si la cosecha supera las previsiones actuales.

Según los datos manejados por UPA, las previsiones para la próxima campaña apuntan a una producción nacional de 33 millones de hectolitros, un 10% menos que en la anterior y un 15% por debajo de la media de los últimos cinco años. A pesar de ese alivio relativo en el volumen producido, García-Gasco advirtió de que los problemas estructurales del sector no desaparecerán mientras la demanda siga cayendo. Y el escenario se complica aún más si la cosecha remonta: una producción de entre 39 y 40 millones de hectolitros —escenario que la organización no descarta— dispararía las existencias y agravaría la presión bajista sobre los precios tanto del vino como de la uva.

La reducción de las existencias respecto al año anterior constituye uno de los pocos datos positivos que puede aportar el sector en este momento. Sin embargo, UPA considera ese alivio insuficiente para compensar el deterioro de la demanda. El consumo nacional de vino descendió un 6%, situándose en 9,18 millones de hectolitros, mientras que las exportaciones —que duplican en volumen al mercado interno español— retrocedieron un 5%. La caída afecta incluso al vino blanco, que hasta ahora había resistido mejor que otras variedades las turbulencias del mercado y funcionaba como referencia de estabilidad dentro del sector.

"Esto es una tormenta perfecta ante lo que es una campaña normal", resumió García-Gasco, subrayando que el problema no es únicamente de oferta sino, sobre todo, de demanda.

Un programa de intervención "cojo"

La organización agraria considera que el programa de intervención sectorial del vino carece de los instrumentos necesarios para actuar con urgencia frente a la crisis. UPA calificó ese programa de "cojo" y reclamó que la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha analice y active un abanico de medidas de choque: el arranque de viñedo, la vendimia en verde y la destilación de crisis. Junto a esas herramientas, la organización demandó que la administración regional ofrezca a los agricultores orientaciones claras sobre los volúmenes de producción que el mercado es capaz de absorber.

García-Gasco reconoció, no obstante, las limitaciones de cada una de estas opciones. Sobre el arranque de viñedo, recordó que Francia ya ha puesto en marcha esta medida, aunque advirtió de que se trata de una solución a largo plazo que implica eliminar superficie productiva de forma definitiva, sin efectos sobre la campaña inmediata. La vendimia en verde tampoco tendría impacto sobre la cosecha que arranca este verano, sino sobre la siguiente, y las cantidades previstas no serían suficientes para recuperar los precios ni para cubrir los costes de producción, según la organización.

Ante este panorama, UPA reclamó que la Consejería de Agricultura convoque antes del mes de julio una reunión con la Interprofesional del Vino, las organizaciones agrarias y el resto del sector, con el objetivo de analizar las previsiones de producción, el estado de las existencias y la estrategia ante la nueva campaña. La vendimia arranca oficialmente el 1 de agosto, aunque la recolección de algunas variedades podría adelantarse.

La reforma de la PAC, otra amenaza

La preocupación de UPA no se limita a la campaña inmediata. La organización también expresó su inquietud por la cofinanciación contemplada en el nuevo marco financiero europeo y por la reforma de la Política Agraria Común (PAC), a la que acusa de no incorporar instrumentos suficientes para garantizar precios que cubran los costes de producción de los viticultores. A juicio de UPA, esta carencia estructural en la política agraria comunitaria deja sin red de seguridad a miles de pequeños agricultores ante las fluctuaciones del mercado.

Desconfianza ante Trump y la subida del gasóleo

Al margen de la crisis vitivinícola, Morcillo respondió a preguntas de los periodistas sobre el reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativo al fin de la guerra entre Irán e Israel. El secretario general de UPA en Castilla-La Mancha fue tajante: "De Trump no nos creemos nada", afirmó, cuestionando si el anuncio responde a un acuerdo real de paz o a una nueva declaración unilateral del mandatario estadounidense.

Morcillo advirtió de que el campo ya está pagando las consecuencias del conflicto, especialmente a través de la escalada del gasóleo agrícola, cuyo precio ha pasado de situarse en torno a los 0,80 euros por litro a alcanzar 1,30 euros e incluso superar esa cifra. A su juicio, este incremento compromete directamente la viabilidad de miles de explotaciones agrícolas y sus efectos seguirán sintiéndose aunque se reabra el estrecho de Ormuz, dado que la traslación de los costes energéticos al campo no se revierte de forma inmediata con el fin de las hostilidades.

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