Castilla-La Mancha sopesa recurrir el nuevo trasvase Tajo-Segura
El Gobierno de Castilla-La Mancha estudia recurrir el trasvase de 120 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura aprobado para junio y julio, y mantiene viva su demanda ante la Audiencia Nacional contra el Estado mientras no se modifiquen las reglas de explotación.
La consejera portavoz, Esther Padilla, compareció este miércoles ante los medios para dar cuenta de los asuntos del Consejo de Gobierno, que aprobó una inversión de más de 6,5 millones de euros para el nuevo centro de salud Ciudad Real 4, modificó el decreto de inclusión laboral —que incorpora por primera vez a las personas con trastorno del espectro del autismo— y encargó obras de emergencia por 2,2 millones en la residencia de mayores de Santa María de Benquerencia (Toledo). La portavoz también reaccionó a la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional, a las palabras del presidente de la patronal regional sobre los jóvenes y a la saturación de las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo.
El Gobierno de Castilla-La Mancha expresó este miércoles su "condena y rechazo total" al nuevo trasvase de 120 hectómetros cúbicos (hm3) del Tajo al Segura aprobado para junio y julio, y barajó la posibilidad de impugnarlo judicialmente. La consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, compareció en rueda de prensa en Toledo para trasladar la posición del Gobierno regional, que considera el trasvase una consecuencia directa del "incumplimiento de las leyes" y de las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a cambiar las reglas de explotación del sistema.
"Para cumplir las sentencias, para cumplir la ley, no hacen falta mayorías parlamentarias. Es una decisión de voluntad y de querer cumplir la ley. Por lo tanto, el tiempo se agota, está más que agotado. Lo hemos pedido por activa y por pasiva", afirmó Padilla.
La portavoz acusó al Gobierno de España de permitir que se "perpetúe el trasvase y un sistema del uso del agua que es insostenible", y le recordó que la modificación de las reglas de explotación "lo puede hacer mañana", sin necesidad de ningún respaldo parlamentario. Señaló que el Ejecutivo central sigue "tomando decisiones que van en contra de lo que debería estar permitido" y que está "perjudicando directamente" a Castilla-La Mancha.
Respecto a la demanda que el Ejecutivo regional presentó ante la Audiencia Nacional contra el Estado, Padilla fue tajante: el recurso seguirá adelante "mientras no se modifiquen las reglas de explotación". "Ya planteamos que si el Gobierno da el paso y modifica las reglas de explotación retiraremos el recurso. Como no las modifican, el recurso sigue adelante y ya son los tiempos procesales los que marcarán cómo evoluciona", señaló.
La consejera portavoz también reclamó a los dirigentes regionales del PP y de Vox que rechacen el trasvase frente a las direcciones nacionales de sus respectivos partidos, y cargó contra quienes critican que el agua del Tajo llegue a Portugal. "Alguno de ellos debería volver al colegio" para aprender dónde desembocan los ríos, dijo Padilla, quien subrayó que los cauces "tienen su cauce natural, deben tener su caudal mínimo de agua" y que calificar de desperdicio ese flujo natural es "demagogia".
Zapatero: "Que la justicia haga su trabajo"
La portavoz del Gobierno regional fue también preguntada sobre la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional. Padilla expresó el deseo de que la conclusión del proceso sea que Zapatero "no es responsable de nada de lo que se le acusa", y reafirmó la posición del Ejecutivo castellanomanchego: "respeto a la presunción de inocencia y al trabajo de los tribunales y de los investigadores". "Es el momento de dejar trabajar a los tribunales y también de dejar que el presidente Zapatero pueda defenderse", remarcó.
En la misma jornada, el presidente regional, Emiliano García-Page, admitió sentir "dolores emocionales" durante su intervención en la inauguración del nuevo Airbus Digital Campus en Albacete. Sin mencionar de forma directa a Zapatero, García-Page sí aludió a la decisión de implantar en la ciudad la planta de helicópteros Eurocopter, un proyecto impulsado durante el primer mandato del exlíder socialista. "El dolor que hoy tenemos muchos contrasta con el hecho de que la política puede dar para los comportamientos más detestables y a veces incluso con las mismas personas para las decisiones más grandes, por ejemplo, traer Eurocopter a Albacete", afirmó.
Nicolás y los jóvenes: "Banalizar la salud mental es un error"
Padilla tildó de "totalmente desafortunadas" las palabras del presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, quien calificó de "memos" a los jóvenes que se acogen a bajas médicas por salud mental. "Se equivocó. Banalizar la salud mental es un error", afirmó la portavoz, que subrayó que "ni es verdad que los jóvenes sean unos memos, ni es justo que se banalice la salud mental de nadie".
La consejera relativizó la situación de partida de los jóvenes, a quienes describió como una generación que vive "condicionada por muchas circunstancias": el exceso de uso de redes sociales, las dificultades de emancipación, los salarios bajos y el difícil acceso a la vivienda. "Están viviendo unas situaciones complicadas", zanjó Padilla. Con todo, y conociendo a Nicolás, no descartó que el empresario rectifique "en el momento que tenga oportunidad".
Urgencias de Toledo: la huelga médica, en el foco
El Gobierno regional reconoció que "hay un pico" en las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo y lo atribuyó a la merma de efectivos provocada por la huelga del ámbito sanitario. Padilla respondía así a las críticas de los médicos del servicio, que han alertado de un "aumento progresivo y constante de la presión asistencial" que ha "superado ampliamente la capacidad estructural y humana" de las Urgencias.
"Cuando se pone en marcha una huelga de profesionales hay menos médicos para atender, hay menos médicos para dar altas en el hospital y por lo tanto hay personas que no pueden salir del hospital cuando están hospitalizados", explicó la portavoz. Padilla insistió en que hay facultativos "que no están haciendo su trabajo dentro de su derecho de huelga" y que son precisamente quienes deberían dar el alta a pacientes ingresados o atender a quienes llegan a urgencias.
Nuevo centro de salud Ciudad Real 4: más de 6,5 millones de inversión
El Consejo de Gobierno autorizó una inversión superior a 6,5 millones de euros para contratar las obras de construcción del nuevo centro de salud Ciudad Real 4. El centro, que se proyecta en una sola planta sobre una parcela de más de 4.400 metros cuadrados, se ubicará en una zona de expansión próxima al Hospital General Universitario de Ciudad Real y al futuro Campus Biosanitario de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
Padilla adelantó que la construcción llevará aparejada la creación de una nueva Zona Básica de Salud en la capital provincial y la reasignación de tarjetas sanitarias "de acuerdo con proximidad y reparto censal". El equipamiento contará con 10 consultas de Medicina Familiar y Comunitaria, otras tantas de Enfermería, tres cuartos de curas, área de Pediatría con dos consultas médicas y dos de Enfermería, consulta de matrona, sala de psicoprofilaxis obstétrica, despacho de Trabajo Social, dos consultas de Odontología, zona de extracciones, área de Rehabilitación y zonas de dirección, docencia y servicios generales.
La portavoz puso en valor el esfuerzo de una comunidad "infrafinanciada" que, pese a ello, destina los recursos necesarios para garantizar el acceso a la sanidad pública. Recordó que la plantilla de Atención Primaria ha crecido un 25% —de 6.500 a 8.000 profesionales— y que el Ministerio de Sanidad sitúa a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad que más ha incrementado la inversión en este ámbito entre 2019 y 2022. De las cerca de 90 actuaciones impulsadas en Atención Primaria, 40 ya están en servicio.
Inclusión laboral: 1,5 millones y el autismo entra por primera vez en el decreto
El Consejo de Gobierno aprobó también la modificación del decreto que regula las ayudas para impulsar la contratación indefinida, adaptar puestos de trabajo y facilitar la incorporación de personas vulnerables a empresas ordinarias, con una dotación de 1,5 millones de euros para 2026. La principal novedad es la incorporación expresa de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y con capacidad intelectual límite como colectivos beneficiarios, "incluso cuando no tengan reconocida oficialmente una discapacidad", según explicó Padilla.
La brecha laboral que justifica la medida es acusada: según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2024, la tasa de actividad de las personas con discapacidad se sitúa en el 35,4%, frente al 78,5% de quienes no la tienen. "Pocas cosas dan más autonomía y más dignidad a una persona que poder acceder a un empleo, mantenerse en él y desarrollarlo en igualdad de condiciones", subrayó la consejera portavoz.
El decreto se articula en cuatro líneas. La primera, con 1,25 millones, subvenciona la contratación indefinida: 8.000 euros por hombre y 8.500 por mujer a jornada completa, con importes proporcionales en contratos a tiempo parcial. La segunda línea (75.000 euros) financia la adaptación del entorno laboral: eliminación de barreras arquitectónicas, adquisición de tecnologías accesibles o servicios de interpretación en lengua de signos, con hasta 1.000 euros por persona contratada. La tercera (75.000 euros) facilita la transición del empleo protegido al mercado ordinario, subvencionando contratos indefinidos para personas procedentes de enclaves laborales. La cuarta (125.000 euros) cubre los costes del personal preparador laboral, la figura que acompaña y realiza el seguimiento individualizado de cada trabajador dentro de la empresa.
Podrán acceder a estas ayudas empresas privadas, autónomos, sociedades laborales, cooperativas, comunidades de bienes y entidades sin ánimo de lucro. La medida se enmarca en la Estrategia Regional por el Empleo 2023-2027, en la que el empleo inclusivo concentra uno de cada tres euros del presupuesto destinado a políticas activas de empleo.
Obras de emergencia en la residencia de Santa María de Benquerencia
Por último, el Consejo de Gobierno tomó conocimiento del encargo realizado por la Consejería de Bienestar Social a la empresa pública TRAGSA —por vía de emergencia— para ejecutar las obras necesarias en la red de saneamiento de la residencia de mayores del barrio de Santa María de Benquerencia, en Toledo, con una inversión prevista de 2,2 millones de euros. Padilla explicó que la actuación es necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura, evitar vertidos y reducir los riesgos asociados al deterioro detectado, y apuntó que el estado actual de esa parte del edificio "podría estar relacionado con la forma en la que se llevó a cabo inicialmente la instalación del sistema de saneamiento".
