Sabrido avisa: el trasvase tendrá fin sin estrangular al Levante

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, defendió este lunes en Toledo que el trasvase Tajo-Segura "tiene que tener fin", pero advirtió de que ese proceso "nunca tendrá un fin si con ello se estrangula la economía" de las comunidades que actualmente dependen de sus recursos hídricos. El representante del Ejecutivo central hizo estas declaraciones a los medios de comunicación al término de la presentación del dispositivo especial puesto en marcha con motivo del eclipse solar, respondiendo así a las preguntas sobre el futuro del acueducto.

Las declaraciones de Sabrido llegaron un día después de que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura aprobara, el pasado viernes, un trasvase de 60 hectómetros cúbicos correspondientes al mes de agosto desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, ubicados en la cabecera del río Tajo en Castilla-La Mancha. La aprobación de ese caudal constituye el telón de fondo sobre el que el delegado quiso fijar la posición del Gobierno central respecto al modelo de gestión hídrica a largo plazo.

Nuevas reglas de explotación en redacción

Sabrido confirmó que el Ejecutivo central se encuentra en este momento redactando las nuevas reglas de explotación del trasvase, un proceso técnico y jurídico de gran relevancia que determinará los caudales transferibles en los próximos años. El delegado subrayó que dicha reducción debe articularse "de manera escalonada" y nunca de forma abrupta, a fin de no comprometer la actividad económica de los territorios receptores.

En ese sentido, el representante del Gobierno en la región vinculó expresamente cualquier recorte en los volúmenes trasvasados a la existencia de alternativas reales de suministro para las comunidades beneficiarias. "Mientras las comunidades autónomas de Valencia, de Murcia, de parte de Andalucía, no tengan los recursos necesarios, bien a través de desaladoras o de otros recursos, evidentemente no vamos a estrangular la economía", afirmó Sabrido con rotundidad.

Acercamiento entre la Junta y el Gobierno central

El delegado también se refirió al estado de las relaciones institucionales entre el Gobierno de España y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en torno a este asunto. Según Sabrido, ambas administraciones han "acercado mucho las posturas" respecto al futuro del Tajo-Segura, un giro notable en un contencioso que hasta hace poco se dirimía en sede judicial.

La Junta castellanomanchega había acudido a los tribunales al considerar que el Ejecutivo central no estaba cumpliendo varias sentencias del Tribunal Supremo relacionadas con el establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo y la consiguiente modificación de las reglas de explotación del trasvase. El conflicto entre ambas administraciones había escalado hasta convertirse en uno de los principales focos de tensión política e hídrica de la región.

"De acuerdo en el fondo y en la forma"

Sabrido precisó que el Ejecutivo autonómico se muestra "de acuerdo en el fondo y en la forma" con la intención de ir "aminorando los trasvases" de manera gradual. Con esa fórmula, el delegado del Gobierno trató de proyectar una imagen de convergencia entre Madrid y Toledo, después de meses en los que las diferencias entre ambas administraciones habían estado en el centro del debate político regional.

El representante del Gobierno central quiso, no obstante, dejar clara la condición que acompaña a ese acuerdo: la transición hacia menores volúmenes trasvasados solo será viable si las regiones receptoras disponen de fuentes alternativas suficientes —principalmente desaladoras— que garanticen el abastecimiento a la agricultura y al consumo humano sin provocar un colapso económico en zonas como la Vega Baja del Segura, el Campo de Cartagena o el Levante almeriense.

Solidaridad hídrica con matices

Sabrido cerró su intervención apelando al carácter solidario de Castilla-La Mancha dentro del sistema hídrico nacional. "Castilla-La Mancha es una región que exige solidaridad, pero que también es muy, muy solidaria", afirmó el delegado, en una frase que resume la doble posición de la región: reclamar el respeto a sus derechos sobre las aguas del Tajo y, al mismo tiempo, no querer imponer una reducción traumática a quienes hoy dependen de ellas.

El debate sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura acumula décadas de conflicto territorial, sentencias judiciales y negociaciones fallidas entre las cuencas hidrográficas del Tajo y del Segura. La eventual modificación de las reglas de explotación que el Gobierno central tiene ahora sobre la mesa supondrá, en cualquier caso, uno de los pasos más trascendentes en la gestión del agua en España en los últimos años.