Castilla-La Mancha ofrece solidaridad a Ceuta por los menores

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado este miércoles dispuesto a asumir su parte en el reparto de menores migrantes llegados a Ceuta, pero ha subrayado que aún no ha recibido ninguna comunicación del Gobierno de España ni ha sido convocado a ningún consejo territorial para abordar la crisis humanitaria que se vive en la ciudad autónoma. El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, trasladó la posición del Ejecutivo regional desde Valdepeñas (Ciudad Real), donde participó en el acto de cesión de la sede de la Denominación de Origen Valdepeñas a la Asociación Interprofesional de Vinos de Valdepeñas.

En declaraciones remitidas a los medios a través de audios, Caballero aseguró que la Junta está dispuesta a "trabajar, arrimar el codo y, sin duda, apostar por la solidaridad", aunque precisó que cualquier participación de la comunidad autónoma en el dispositivo de acogida deberá articularse dentro de la coordinación que corresponde al Gobierno central. "Por igual que el resto de las comunidades autónomas de España", remarcó, al ser preguntado sobre cuál podría ser la aportación de Castilla-La Mancha.

El vicepresidente segundo insistió en que la Junta aguarda conocer cuál será exactamente su participación o colaboración una vez que el Gobierno de España active los mecanismos oportunos. Hasta ese momento, el Ejecutivo regional no ha recibido ninguna llamada ni ha sido informado de los criterios de distribución que se aplicarán entre las distintas comunidades autónomas.

Tono político y llamada a la calma

Caballero aprovechó su intervención para lanzar un mensaje de moderación al conjunto de las fuerzas políticas. Consideró que los partidos que "se consideran demócratas y respetan la Constitución deberían bajar el diapasón y dejar las soflamas para las campañas electorales", en alusión al debate que ha desatado en las últimas horas la llegada masiva de menores no acompañados a Ceuta. El vicepresidente reclamó "prudencia" como principio rector ante una situación que calificó de crisis humanitaria.

La posición de la Junta refleja la de otros gobiernos autonómicos, que esperan una convocatoria formal del Ejecutivo central antes de pronunciarse sobre el número de menores que podrían acoger y las condiciones en que lo harían.

El Gobierno central advierte: "Actuará la Fiscalía"

La crisis de Ceuta tiene un componente jurídico que el Gobierno de España no ha tardado en subrayar. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, advirtió este miércoles en una entrevista en la Cadena SER que, si las comunidades autónomas se niegan a acoger a los menores migrantes, "entonces tendrá que actuar de oficio la Fiscalía de menores". "Evidentemente, la ley tiene que cumplirse", afirmó.

Pérez Triano reconoció que se desconoce la cifra exacta de menores que permanecen en las calles de Ceuta, aunque la ciudad autónoma la sitúa en torno a 500. El delegado subrayó que la "prioridad" es que esos niños y adolescentes salgan de la situación en que se encuentran, y fue rotundo al respecto: "Los menores solos tienen que ser atendidos en España. Eso es ley y así tiene que ser".

Sobre la capacidad de respuesta de Ceuta, Pérez Triano fue igualmente contundente: la ciudad está "bastante desbordada" y resulta "imposible" que pueda atender por sí sola a todos los menores que han llegado a su territorio. "Va a hacer falta solidaridad interterritorial para que estos menores terminen en otros lugares donde van a estar mejor", señaló.

En la misma línea se pronunció el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien expresó su deseo de que el Ejecutivo no tenga que "entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento", porque la "ley obliga a las comunidades autónomas". En una entrevista en TVE, Cuerpo recordó que existe una Ley de Extranjería y un "mecanismo con elementos objetivos para el reparto" que tiene en cuenta la presión migratoria en las principales vías de entrada, como Canarias, Ceuta y Melilla. El ministro también puso el foco en que "muchas" de las comunidades autónomas que deberían participar en ese reparto están gobernadas por el PP, el mismo partido que administra la ciudad autónoma de Ceuta.