Toledo garantiza sus escuelas infantiles desde el 1 de septiembre

El Ayuntamiento de Toledo activó este martes, 11 de agosto de 2026, un procedimiento negociado sin publicidad por razones de imperiosa urgencia para garantizar que las tres escuelas infantiles municipales abran sus puertas el próximo 1 de septiembre, después de que la empresa que venía gestionando el servicio, La Casita de Chocolate, se negara a mantener la prestación de forma provisional mientras el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) resuelve el recurso que la propia mercantil presentó y que bloqueó la licitación ordinaria.

El desbloqueo llega tras semanas de incertidumbre para las familias con hijos de entre 0 y 3 años matriculados en los tres centros municipales. El Ayuntamiento inició un nuevo proceso de licitación al que concurrieron varias empresas, pero durante su tramitación La Casita de Chocolate interpuso un recurso especial en materia de contratación que, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, produjo la suspensión automática del procedimiento al ser el acto recurrido la propia adjudicación. Dicha suspensión impide formalizar el contrato y continuar con los trámites hasta que el tribunal dicte resolución.

Ante esa situación, el consistorio se dirigió a La Casita de Chocolate —anterior prestadora y empresa recurrente al mismo tiempo— para solicitarle que asumiera provisionalmente la gestión mientras se resolvía el litigio. La empresa rechazó esta fórmula y condicionó su continuidad a la suscripción de una prórroga de un año completo. El Ayuntamiento descartó esa exigencia por ser jurídicamente inviable: el artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) contempla únicamente prórrogas de hasta nueve meses para garantizar la continuidad de la prestación hasta el inicio del nuevo contrato, y siempre que concurran los requisitos legalmente establecidos. Comprometerse a una prórroga anual, señaló el consistorio, "no resulta jurídicamente posible al margen de dichos límites y condiciones".

La urgencia, vía de salida legal

Para sortear el bloqueo, el Ayuntamiento echó mano del procedimiento negociado sin publicidad por razones de imperiosa urgencia, previsto en el artículo 168.b).1.º de la LCSP. Este mecanismo exige acreditar una situación de urgencia derivada de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, que requiera una ejecución inmediata incompatible con los plazos de los procedimientos ordinarios. El contrato que se firme tendrá carácter estrictamente temporal y quedará limitado al periodo indispensable para asegurar el servicio hasta que el TACRC resuelva el recurso y pueda reanudarse la licitación ordinaria.

En ese marco, el Ayuntamiento podrá dirigirse directamente a empresas capacitadas para prestar el servicio, garantizando la concurrencia en la medida que lo permitan las circunstancias y respetando en todo caso los principios de igualdad, transparencia, proporcionalidad, eficiencia y salvaguarda de la libre competencia. Según fuentes municipales, la oferta se remitirá a las tres empresas que ya participaron en el proceso de licitación suspendido, y se espera que la adjudicataria sea conocida a finales de la semana del 18 de agosto.

Garantías para familias y trabajadoras

El concejal de Educación, Daniel Morcillo, detalló en declaraciones a Europa Press las condiciones que deberá asumir la empresa que resulte adjudicataria. La plantilla actual de las tres escuelas —trabajadoras y equipos de dirección— se mantendrá íntegramente mediante subrogación, como condición indispensable del contrato. La nueva empresa también tendrá que respetar la dinámica pedagógica en vigor, el servicio de cocina propia de los centros y asumir la subida salarial previamente pactada con las trabajadoras. El curso comenzará en torno al 7 de septiembre, con entrevistas previas con las familias y un primer contacto con los alumnos en los días anteriores al inicio.

El Ayuntamiento subrayó en su comunicado que la solución adoptada responde "exclusivamente a la necesidad de proteger a las familias y garantizar la continuidad de un servicio público de interés general", sin prejuzgar el resultado del recurso presentado por La Casita de Chocolate ni sustituir la licitación suspendida. El Gobierno municipal lamentó "las incertidumbres ocasionadas a las familias ante distintos comunicados de terceros" y pidió a las empresas concurrentes que "respeten el procedimiento hasta que sea resuelto".

La postura de La Casita de Chocolate

La Casita de Chocolate, empresa que lleva 15 años gestionando las escuelas infantiles municipales de Toledo desde su apertura, defendió en un comunicado dirigido a las familias que su rechazo a la gestión provisional no obedece a un capricho, sino a razones de fondo relacionadas con la estabilidad del servicio. Según la mercantil, asumir la gestión de forma parcial —durante solo una parte del curso— no ofrecería garantías suficientes a las familias, dado que podría producirse un cambio de empresa a mitad del año escolar.

La empresa aseguró que estaría dispuesta a hacerse cargo de la gestión del curso completo y reconoció que respeta la postura del Ayuntamiento al limitar la fórmula provisional a las condiciones legalmente admitidas. "Tenemos la responsabilidad de no asumir la fórmula que consideramos inadecuada y que no nos permitiría garantizar durante el curso las condiciones, el proyecto y la calidad del servicio que siempre hemos ofrecido", indicó la empresa en su comunicado a las familias.

El PSOE acusa a Velázquez de improvisación

La oposición socialista elevó el tono de la crítica. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, denunció que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, "ha forzado la salida de la empresa concesionaria de las escuelas infantiles municipales después de 15 años prestando este servicio y ha planteado un modelo de gestión temporal que resulta inasumible para garantizar la calidad y estabilidad de la atención educativa a los niños y niñas de 0 a 3 años". La portavoz socialista cargó además contra la ausencia del regidor durante la crisis: "Mientras el alcalde continúa de viaje y sin preocupaciones, las familias y las trabajadoras de las tres escuelas infantiles municipales viven una situación de absoluta incertidumbre, a menos de un mes del inicio del curso escolar".

De la Cruz alertó del riesgo de que durante el próximo curso convivan dos empresas distintas en los mismos centros con niños de tan corta edad: "La decisión del alcalde puede desembocar en una situación absolutamente insólita, con dos empresas diferentes trabajando en un mismo curso con niños y niñas de tan corta edad, con equipos profesionales distintos, metodologías diferentes y sin las garantías necesarias de continuidad y estabilidad educativa". La portavoz del PSOE también puso el foco en las trabajadoras: "Llevan años prestando este servicio y ahora se encuentran, a pocas semanas del comienzo del curso, sin saber qué va a ocurrir con sus puestos de trabajo". El grupo socialista exigió al Ayuntamiento "transparencia absoluta en todo el proceso, máxima urgencia en la tramitación y, sobre todo, una solución que garantice la continuidad y la calidad del servicio".

La resolución del TACRC, cuyo plazo no ha sido concretado por el consistorio, determinará el destino definitivo de la licitación suspendida. Hasta entonces, el contrato de urgencia que se firme en los próximos días actuará como puente para que las familias toledanas puedan iniciar el curso con normalidad, mientras la disputa legal entre el Ayuntamiento y La Casita de Chocolate sigue su cauce en los tribunales.