El Gobierno aprueba otro trasvase de 120 hm3 del Tajo al Segura

La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha aprobado una nueva derivación de 120 hectómetros cúbicos para los meses de junio y julio de 2025, a razón de 60 hm³ mensuales, en la reunión celebrada este martes.

La decisión llega en medio de la parálisis normativa que rodea al trasvase: el Gobierno lleva dos años sin presentar la actualización de las reglas de explotación que él mismo se comprometió a reformar para adaptarlas a los caudales ecológicos del Tajo, según ha denunciado el presidente de los ribereños. La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha calificado de "tristeza" la nueva aprobación y ha advertido de que el Ejecutivo regional mantendrá la demanda presentada ante la Audiencia Nacional contra el Estado si antes no se adoptan medidas que satisfagan a la región.

En la imagen de archivo el canal del trasvase Tajo-Segura
En la imagen de archivo el canal del trasvase Tajo-Segura

La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura aprobó este martes una nueva transferencia de 120 hectómetros cúbicos desde las cabeceras del Tajo hacia las cuencas del Levante, distribuyendo el volumen en dos mensualidades de 60 hm³ para junio y julio. La decisión fue confirmada por Borja Castro, presidente de la asociación de municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía (Cuenca y Guadalajara), en declaraciones a la agencia EFE al término de la reunión de la comisión.

Castro asumió un tono marcadamente crítico pese a transmitir el resultado de la votación. A su juicio, la aprobación del trasvase se produce de forma "automática" porque el marco normativo que regula los caudales susceptibles de derivación lleva años sin actualizarse. "Se sigue aprobando un trasvase de manera automática porque seguimos teniendo unas reglas de explotación que están caducadas", afirmó el representante de los ayuntamientos afectados por los embalses de cabecera.

El Gobierno lleva dos años sin presentar las nuevas normas

El nudo del conflicto reside en una promesa gubernamental incumplida. Fue el propio Ejecutivo el que, hace dos años, se comprometió a reformar las reglas de explotación del trasvase para acomodarlas a los caudales ecológicos del río Tajo, una exigencia derivada de la planificación hidrológica vigente y avalada por los tribunales. Sin embargo, esas nuevas normas no han llegado a presentarse, lo que mantiene en vigor el régimen anterior, considerado por los ribereños como obsoleto y lesivo para el río.

Castro fue contundente al valorar las consecuencias prácticas de ese retraso: "La consecuencia es clara: se sigue trasvasando más agua de la que debería enviarse con las nuevas reglas". El presidente de la asociación no dejó margen a la ambigüedad sobre el origen de la situación. Según su interpretación, no existe ningún impedimento técnico ni jurídico que justifique la demora, puesto que las resoluciones judiciales han avalado la planificación hidrológica que ampara la modificación normativa.

Exigencia de cumplimiento legal tras el aval de los tribunales

El representante ribereño elevó el tono de sus exigencias apelando directamente a la responsabilidad del Gobierno. "Ya llevamos dos años de retraso, mientras las resoluciones judiciales están avalando esa planificación hidrológica, y ya no hay excusa ninguna para aprobarlas y cumplir con la ley y la justicia", reclamó Castro en sus declaraciones a EFE.

La referencia a los pronunciamientos judiciales no es menor. En los últimos años, la planificación hidrológica española —que contempla la fijación de regímenes de caudales ecológicos en los grandes ríos, incluido el Tajo— ha recibido sucesivos respaldos en los tribunales. Esos fallos refuerzan la posición de quienes defienden que las actuales reglas de explotación del trasvase no se ajustan al marco legal vigente y deben ser sustituidas cuanto antes.

Los embalses de cabecera, en el corazón del debate

Los embalses de Entrepeñas y Buendía, ubicados en la provincia de Cuenca y en el límite con Guadalajara, son las grandes infraestructuras hidráulicas desde las que se bombea el agua trasvasada hacia la cuenca del Segura. La asociación que preside Castro agrupa a los municipios cuyas orillas quedan directamente afectadas por el nivel de estas reservas, que condicionan tanto el abastecimiento de agua local como los usos agrícolas y turísticos de la zona.

El debate sobre el trasvase Tajo-Segura arrastra décadas de tensión territorial entre las comunidades autónomas beneficiarias del agua trasvasada —principalmente Murcia, Valencia y Almería— y los territorios de origen, especialmente Castilla-La Mancha, que reclama que no se derive más caudal del estrictamente necesario para garantizar la salud ecológica del Tajo y los usos propios de la cuenca cedente.

Una disputa que aguarda nuevas reglas desde hace dos años

La reforma de las normas de explotación del Acueducto Tajo-Segura lleva en el limbo desde que el Gobierno anunció su intención de modificarlas. El objetivo declarado era adaptar los umbrales de trasvase a las exigencias de la directiva marco del agua europea y a los caudales ecológicos definidos en la planificación hidrológica, aprobada en sus líneas maestras por el Ejecutivo y validada posteriormente por la justicia.

Sin ese cambio normativo, la comisión de explotación sigue tomando decisiones con arreglo a un reglamento que los territorios de cabecera consideran desfasado. La aprobación de los 120 hm³ para junio y julio confirma que el mecanismo automático de derivación continúa funcionando sin que ninguna de las partes implicadas haya logrado forzar la actualización del marco que, en teoría, todos los actores —incluido el Gobierno— reconocen como necesaria.

Castilla-La Mancha califica el trasvase de "tristeza" y mantiene la demanda ante la Audiencia Nacional

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, reaccionó al nuevo trasvase con dureza desde Madrid, donde participaba en la Gala Anual de Artemisan. A su juicio, la aprobación es una "tristeza" porque se sustenta en volúmenes de agua que, en el contexto del cambio climático, ya no pueden considerarse ordinarios. "Es buena noticia el que estemos en nivel 1, porque quiere decir que hay agua en los embalses, pero precisamente como hay agua, lo que hay que hacer es preservarla, porque es una garantía de abastecimiento, no solo para Castilla-La Mancha, sino también para Madrid, para Extremadura, para Portugal, pero también lo es para el Guadiana y lo es para la cuenca del Júcar y del Segura en materia de abastecimiento", advirtió la titular autonómica.

Gómez centró su crítica en las consecuencias a largo plazo de seguir derivando recursos hídricos hacia regadíos del Levante que, a su entender, disponen de alternativas propias. "Si dilapidamos esos recursos para dárselos a los regadíos que pueden obtener agua de las desalinizadoras que existen precisamente a pie de mar, cosa que en Castilla-La Mancha no existe, pues evidentemente la próxima vez que nos encontremos con un año seco, lo que va a suceder es que no vamos a tener ese recurso", señaló.

La consejera recriminó al Ministerio que cada reunión de la comisión de explotación reproduce el mismo escenario: ausencia de nuevas reglas, incumplimiento de las sentencias e incumplimiento del Real Decreto mediante el que el Estado aprobó en 2023 la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo. Ante esa situación, Gómez aludió a "mucha incertidumbre y mucha insatisfacción" y advirtió de que la demanda presentada por el Gobierno regional ante la Audiencia Nacional contra el Estado "seguirá su curso si antes no tenemos encima de la mesa algo que satisfaga las necesidades de nuestra región".

Los Ribereños alertan de un verano "especialmente delicado" y piden una auditoría del agua en el Segura

En un comunicado posterior a la reunión, la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía reclamó al Ministerio que "acelere" la tramitación de las nuevas reglas y alertó de que el verano será un período especialmente crítico para los embalses de cabecera. Según el análisis técnico de la asociación, la situación del sistema puede oscilar en el límite entre el nivel 1 y el nivel 2 en función de las salidas de agua hacia el río Tajo.

"Si las salidas hacia el Tajo se ajustan al cumplimiento de los caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera, el sistema podría situarse en nivel 2, con un trasvase de 27 hectómetros cúbicos. Sin embargo, si las salidas hacia el río se reducen al mínimo, el sistema podría mantenerse en nivel 1 y permitir derivaciones de hasta 60 hectómetros cúbicos mensuales", explicó la asociación en su nota.

Además de la urgencia normativa, los Ribereños pusieron el acento en una cuestión de transparencia que lleva tiempo enquistada: la discrepancia en los datos sobre el volumen de agua del Tajo actualmente almacenado en la cuenca del Segura. Según la Confederación Hidrográfica del Segura, esa cifra ascendería a 277 hm³, mientras que el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) recoge únicamente 130 hm³. Para la asociación, esa diferencia de casi 150 hm³ exige una explicación oficial con cifras verificables.

"Queremos saber los números reales del agua del Tajo que está almacenada en el Segura. Se va a trasvasar este año aproximadamente el doble de las necesidades de regadío y abastecimiento de la cuenca receptora, y lo mínimo que puede exigirse es transparencia", denunció el técnico de la asociación, Miguel Ángel Sánchez.

Los Municipios Ribereños lamentaron que su petición de aclaración no recibiera una respuesta concreta por parte de la presidencia de la comisión de explotación, aunque valoraron que se hubiera trasladado la intención de presentar próximamente algún documento relacionado con las nuevas reglas. En su comunicado, reclamaron al Ministerio que impulse el proceso "con la máxima agilidad posible" y que abra "cuanto antes un espacio de trabajo que permita adaptar definitivamente el sistema a la nueva planificación hidrológica". "Estamos ante una comisión continuista, pero también ante un momento importante. El Tajo, y especialmente la cabecera, necesitan unas reglas ajustadas a la nueva realidad del río", concluye la nota de la asociación.

Nivel 1 en los embalses y próxima reunión en agosto

Los datos oficiales facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sitúan los embalses de Entrepeñas y Buendía con un volumen efectivo almacenado de 1.479 hm³, lo que justificó la aplicación del nivel 1 conforme a las reglas de explotación vigentes y habilitó la transferencia de 60 hm³ mensuales. Las previsiones del organismo apuntan a que esa situación se prolongará durante julio, mientras que en agosto las reservas podrían situarse en el umbral entre los niveles 1 y 2. Durante el resto del semestre, el sistema permanecería previsiblemente en nivel 2. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) tiene previsto volver a reunirse en agosto para evaluar la evolución de las reservas con una mayor certidumbre.

Al margen del debate sobre el trasvase, la Confederación Hidrográfica del Guadiana informó en la misma sesión de que la superficie inundada del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) alcanza ya cerca del 80%, gracias a las aportaciones superficiales procedentes del río Gigüela. Asimismo, la confederación solicitó un volumen adicional de 1,4 hm³ destinado a garantizar los abastecimientos a través de la denominada Tubería Manchega durante los meses de junio y julio, una infraestructura que suministra agua a varios municipios de la comarca.

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