El Gobierno aprueba otro trasvase de 120 hm3 del Tajo al Segura

La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura aprobó este martes una nueva transferencia de 120 hectómetros cúbicos desde las cabeceras del Tajo hacia las cuencas del Levante, distribuyendo el volumen en dos mensualidades de 60 hm³ para junio y julio. La decisión fue confirmada por Borja Castro, presidente de la asociación de municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía (Cuenca y Guadalajara), en declaraciones a la agencia EFE al término de la reunión de la comisión.

Castro asumió un tono marcadamente crítico pese a transmitir el resultado de la votación. A su juicio, la aprobación del trasvase se produce de forma "automática" porque el marco normativo que regula los caudales susceptibles de derivación lleva años sin actualizarse. "Se sigue aprobando un trasvase de manera automática porque seguimos teniendo unas reglas de explotación que están caducadas", afirmó el representante de los ayuntamientos afectados por los embalses de cabecera.

El Gobierno lleva dos años sin presentar las nuevas normas

El nudo del conflicto reside en una promesa gubernamental incumplida. Fue el propio Ejecutivo el que, hace dos años, se comprometió a reformar las reglas de explotación del trasvase para acomodarlas a los caudales ecológicos del río Tajo, una exigencia derivada de la planificación hidrológica vigente y avalada por los tribunales. Sin embargo, esas nuevas normas no han llegado a presentarse, lo que mantiene en vigor el régimen anterior, considerado por los ribereños como obsoleto y lesivo para el río.

Castro fue contundente al valorar las consecuencias prácticas de ese retraso: "La consecuencia es clara: se sigue trasvasando más agua de la que debería enviarse con las nuevas reglas". El presidente de la asociación no dejó margen a la ambigüedad sobre el origen de la situación. Según su interpretación, no existe ningún impedimento técnico ni jurídico que justifique la demora, puesto que las resoluciones judiciales han avalado la planificación hidrológica que ampara la modificación normativa.

Exigencia de cumplimiento legal tras el aval de los tribunales

El representante ribereño elevó el tono de sus exigencias apelando directamente a la responsabilidad del Gobierno. "Ya llevamos dos años de retraso, mientras las resoluciones judiciales están avalando esa planificación hidrológica, y ya no hay excusa ninguna para aprobarlas y cumplir con la ley y la justicia", reclamó Castro en sus declaraciones a EFE.

La referencia a los pronunciamientos judiciales no es menor. En los últimos años, la planificación hidrológica española —que contempla la fijación de regímenes de caudales ecológicos en los grandes ríos, incluido el Tajo— ha recibido sucesivos respaldos en los tribunales. Esos fallos refuerzan la posición de quienes defienden que las actuales reglas de explotación del trasvase no se ajustan al marco legal vigente y deben ser sustituidas cuanto antes.

Los embalses de cabecera, en el corazón del debate

Los embalses de Entrepeñas y Buendía, ubicados en la provincia de Cuenca y en el límite con Guadalajara, son las grandes infraestructuras hidráulicas desde las que se bombea el agua trasvasada hacia la cuenca del Segura. La asociación que preside Castro agrupa a los municipios cuyas orillas quedan directamente afectadas por el nivel de estas reservas, que condicionan tanto el abastecimiento de agua local como los usos agrícolas y turísticos de la zona.

El debate sobre el trasvase Tajo-Segura arrastra décadas de tensión territorial entre las comunidades autónomas beneficiarias del agua trasvasada —principalmente Murcia, Valencia y Almería— y los territorios de origen, especialmente Castilla-La Mancha, que reclama que no se derive más caudal del estrictamente necesario para garantizar la salud ecológica del Tajo y los usos propios de la cuenca cedente.

Una disputa que aguarda nuevas reglas desde hace dos años

La reforma de las normas de explotación del Acueducto Tajo-Segura lleva en el limbo desde que el Gobierno anunció su intención de modificarlas. El objetivo declarado era adaptar los umbrales de trasvase a las exigencias de la directiva marco del agua europea y a los caudales ecológicos definidos en la planificación hidrológica, aprobada en sus líneas maestras por el Ejecutivo y validada posteriormente por la justicia.

Sin ese cambio normativo, la comisión de explotación sigue tomando decisiones con arreglo a un reglamento que los territorios de cabecera consideran desfasado. La aprobación de los 120 hm³ para junio y julio confirma que el mecanismo automático de derivación continúa funcionando sin que ninguna de las partes implicadas haya logrado forzar la actualización del marco que, en teoría, todos los actores —incluido el Gobierno— reconocen como necesaria.