Satisfacción en Castilla-La Mancha por la regularización de migrantes, aunque el PP la cuestiona
La regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno ha sido recibida con una valoración mayoritariamente positiva en Castilla-La Mancha, donde el Ejecutivo autonómico y los representantes socialistas subrayan su impacto en el empleo y la cohesión social, mientras que el PP regional la rechaza y la califica de medida improvisada y sin garantías.
El proceso permitirá regularizar la situación administrativa de hasta medio millón de personas en toda España y abrirá un plazo de solicitudes entre principios de abril y el 30 de junio, con autorización de residencia y trabajo desde la admisión a trámite.
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha calificado la medida de “inmejorable” y ha defendido que “hace justicia” con personas que ya viven y trabajan en el país. A su juicio, la regularización es positiva “para los trabajadores, para la economía nacional y para la ciudadanía en su conjunto”, al facilitar la integración plena de quienes ya contribuyen al desarrollo económico. Sabrido ha rechazado las críticas a la iniciativa al considerar que responden a “una visión negativa de la inmigración sin justificación social, política ni económica”.
Desde el Gobierno regional, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha valorado favorablemente la regularización por su impacto directo en sectores con déficit estructural de mano de obra. Ha citado ámbitos clave en Castilla-La Mancha como el transporte, la logística, la hostelería, el campo y la construcción, donde la presencia de trabajadores migrantes resulta determinante para mantener la actividad. Además, ha destacado que la medida también contribuye a “mejorar los niveles de natalidad” en una comunidad con retos demográficos. Franco ha recordado que España es “un país históricamente acogedor” y que cada año la Junta traslada al Ministerio las necesidades reales de empleo detectadas por las organizaciones empresariales.
Críticas del PP y cruce de acusaciones
La valoración positiva no es compartida por el PP de Castilla-La Mancha. Su portavoz regional, Alejandra Hernández, ha tachado la regularización de “cortina de humo” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ha calificado de “precipitada, improvisada y equivocada”. Según el PP, la iniciativa busca desviar la atención de otros asuntos de actualidad y transmite “el peor mensaje posible”, al no garantizar, a su juicio, la capacidad real de integración.
Hernández ha advertido de que una regularización “sin control ni planificación” puede aumentar la presión sobre los servicios públicos y cronificar situaciones de precariedad laboral. Además, ha exigido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que aclare su posición y si la región “va a asumir las consecuencias” de esta política migratoria.
Las críticas del PP han sido respondidas con dureza por el PSOE regional. La portavoz socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, ha acusado a los ‘populares’ de mantener un discurso “racista e inhumano” y de asumir planteamientos propios de la extrema derecha. Ha recordado que el PP apoyó en el pasado iniciativas similares y que también impulsó regularizaciones cuando gobernó en España. Para los socialistas, la medida “habla de derechos humanos, seguridad y dignidad” para personas que ya viven y trabajan en el país, muchas de ellas en condiciones precarias.
El proceso de regularización: plazos y requisitos
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha detallado que el proceso arrancará formalmente a principios de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, con plazos administrativos tasados para garantizar agilidad y seguridad jurídica. Desde la admisión a trámite, que deberá resolverse en un máximo de 15 días, las personas solicitantes podrán trabajar en cualquier sector y en todo el territorio nacional.
La regularización se dirige a solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y a personas que acrediten una permanencia mínima de cinco meses en España antes de esa fecha. Entre los requisitos figuran la ausencia de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público. La autorización inicial será de un año, con posibilidad de incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. Los menores podrán regularizar su situación junto a sus progenitores, con una vigencia de cinco años.
El Gobierno defiende que la medida tendrá un impacto “real y positivo” en la economía y recuerda que el 14% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros. Asimismo, niega que exista un “efecto llamada”, al tratarse de un proceso con fechas de corte claras y un plazo cerrado, y subraya que las regularizaciones extraordinarias son una práctica habitual en España y en otros países europeos.
