Plataformas exigen paralizar el Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha

Diversas plataformas ciudadanas y organizaciones sociales de Castilla-La Mancha han reclamado la paralización inmediata del Plan Regional de Biometanización 2030, denunciando que la Junta de Comunidades habría ignorado 13.400 alegaciones presentadas durante el periodo de información pública del documento y su Estudio Ambiental Estratégico. Los colectivos consideran que la tramitación del plan presenta deficiencias técnicas, jurídicas y de participación pública, por lo que han solicitado una revisión completa del proceso y la suspensión de cualquier autorización derivada del mismo.

La protesta ha sido formalizada mediante una nota de prensa y un escrito dirigido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al vicepresidente segundo José Manuel Caballero y a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en el que las plataformas expresan su “más enérgica protesta” por lo que califican como una “manifiesta y grave omisión” de las alegaciones ciudadanas.

Según los colectivos firmantes, la cifra de alegaciones refleja una movilización vecinal “sin precedentes” en la región ante un proyecto que consideran que podría afectar al medio ambiente, la salud pública y el modelo socioeconómico de numerosas comarcas rurales.

Municipios y organizaciones firmantes del manifiesto

El documento está suscrito por plataformas ciudadanas STOP Biometano y diversas organizaciones sociales y ecologistas de distintos puntos de Castilla-La Mancha. Entre los municipios y colectivos participantes figuran:

• Balsa de Ves (Albacete)

• Campo de Criptana (Ciudad Real)

• Campos del Paraíso (Cuenca)

• Carrión de Calatrava (Ciudad Real)

• Daimiel (Ciudad Real)

• Huelves (Cuenca)

• Llanos del Caudillo (Ciudad Real)

• Malagón (Ciudad Real)

• Manzanares (Ciudad Real)

• Membrilla (Ciudad Real)

• Paredes (Cuenca)

• Socuéllamos (Ciudad Real)

• Torralba de Calatrava (Ciudad Real)

• Valdepeñas (Ciudad Real)

• Villacañas y Villa de Don Fadrique (Toledo)

• Villaluenga de la Sagra (Toledo)

• Tomelloso (Ciudad Real), junto con Arenales de San Gregorio y Pedro Muñoz

También respaldan el manifiesto Ecologistas en Acción de Ciudad Real y de La Manchuela, así como Partido Verde / Verdes Equo Castilla-La Mancha.

Las plataformas aseguran representar a personas físicas y jurídicas que suscribieron el dossier conjunto de alegaciones, que cuestiona distintos aspectos técnicos y ambientales del plan.

Críticas a la Declaración Ambiental Estratégica

Uno de los principales puntos de crítica se centra en la Declaración Ambiental Estratégica, que según los colectivos mantiene “sin motivación suficiente” criterios esenciales del plan pese a las alegaciones presentadas.

Las plataformas recuerdan que el plan pretende regular la producción y gestión de biogás y biometano en Castilla-La Mancha con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y promover la energía sostenible, fijando como meta una producción mínima de 2,8 TWh anuales de biometano para 2030.

Sin embargo, los firmantes sostienen que estos objetivos no justifican la desatención de las alegaciones técnicas, jurídicas y sociales presentadas durante el proceso. Según denuncian, la tramitación vulneraría los principios de participación pública efectiva, transparencia y motivación administrativa exigidos en los procedimientos de evaluación ambiental.

Riesgos ambientales y sanitarios señalados

Entre las principales preocupaciones expuestas por las plataformas destaca la falta de evaluación de los impactos acumulativos derivados de la implantación de múltiples plantas de biometano en el territorio regional.

Según los documentos presentados, el plan podría permitir entre 80 y 100 instalaciones, cuya suma de efectos podría generar impactos ambientales y sanitarios no analizados de forma adecuada.

Los colectivos alertan de posibles riesgos relacionados con:

• Contaminantes atmosféricos, como amoníaco o compuestos sulfurados.

• Bioaerosoles potencialmente portadores de patógenos.

• Contaminación por nitratos procedente del digestato.

• Impactos acumulativos sobre ecosistemas y poblaciones cercanas.

A su juicio, las distancias mínimas a núcleos de población y las medidas de mitigación previstas serían insuficientes para prevenir la exposición crónica a estos contaminantes.

También advierten de la necesidad de aplicar con mayor intensidad el principio de precaución antes de autorizar nuevas instalaciones.

Sospechas de conflicto de intereses

Otra de las críticas recogidas en las alegaciones se refiere a posibles conflictos de intereses en la elaboración de los documentos técnicos del plan.

Las plataformas denuncian que la misma entidad habría redactado tanto la “Hoja de Ruta del biogás” como el “Estudio Ambiental Estratégico”, lo que, a su juicio, podría comprometer la imparcialidad del análisis técnico.

Por este motivo, solicitan la apertura de una investigación administrativa sobre las contrataciones relacionadas con la elaboración del plan y la adopción de medidas que garanticen la independencia de la evaluación ambiental.

Impacto socioeconómico en el medio rural

Además de las cuestiones ambientales y sanitarias, las plataformas advierten de posibles impactos socioeconómicos sobre sectores estratégicos del medio rural.

Según señalan, la implantación de macroplantas podría afectar a:

• Productos con Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

• Turismo rural

• Valor inmobiliario de los municipios

• Paisaje cultural y atractivo territorial

También critican que el modelo propuesto podría depender de importaciones masivas de residuos procedentes de otras comarcas, lo que consideran contrario a los principios de proximidad y autosuficiencia en la gestión de residuos y podría convertir a algunos municipios en “zonas de sacrificio”.

Exigencias planteadas a la Junta de Castilla-La Mancha

Ante esta situación, las plataformas han formulado una serie de medidas urgentes dirigidas al Gobierno regional. Entre ellas destacan:

• Suspensión cautelar de cualquier autorización, tramitación o inversión derivada del plan.

• Anulación o revisión de la Declaración Ambiental Estratégica, con valoración individualizada de las 13.400 alegaciones.

• Evaluación independiente del plan, con participación de universidades públicas, expertos y representantes sociales.

• Moratoria de nuevas plantas en zonas vulnerables por nitratos, acuíferos sobreexplotados o áreas con DOP/IGP.

• Revisión de distancias mínimas y límites de capacidad por planta basados en criterios de salud pública.

• Sistema público de monitorización en tiempo real de emisiones y digestato.

• Prohibición temporal del uso agrícola de digestatos de riesgo hasta contar con protocolos de trazabilidad claros.

• Investigación administrativa sobre posibles conflictos de intereses.

Solicitan una reunión urgente con el Gobierno regional

Las plataformas han solicitado formalmente una reunión urgente en un plazo máximo de 15 días hábiles con el presidente regional, el vicepresidente segundo y la consejera de Desarrollo Sostenible.

El objetivo de este encuentro sería entregar el dossier completo con las 13.400 alegaciones, exponer los argumentos técnicos de las plataformas y presentar propuestas concretas para la revisión del plan.

En el escrito remitido al Gobierno autonómico, los colectivos advierten de que, si no reciben una respuesta motivada, se reservan el derecho a emprender acciones administrativas y judiciales, además de intensificar las movilizaciones públicas y la difusión de la documentación que respalda sus denuncias.