La Junta desarrolla ya el 84% de la Ley LGTBI de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha presentó este miércoles en las Cortes regionales el informe trienal de la Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, que acredita que 37 de los 44 artículos evaluados —el 84% del articulado— presentan avances o se encuentran ya en desarrollo avanzado tras sus primeros tres años de vigencia. La consejera de Igualdad, Sara Simón, compareció ante la Comisión de Igualdad de las Cortes para detallar las actuaciones ejecutadas desde la aprobación de la norma hasta diciembre de 2025.

"Hemos hecho lo más difícil, pasar de la ley escrita a la política pública real, a crear recursos, servicios, a poner presupuesto y a garantizar derechos en todo el territorio", afirmó Simón durante su comparecencia. La consejera precisó que el informe se centra en los títulos segundo, tercero y cuarto de la ley, que son los que obligan al Gobierno a actuar de manera transversal en el conjunto de las políticas públicas.

El SAI LGTBI, pilar del despliegue normativo

El hito que Simón calificó de "imprescindible" es la puesta en marcha del Servicio de Atención Integral (SAI) LGTBI, al que posteriormente se ampliaron las oficinas de atención presencial a todas las capitales de provincia de la región para, en sus palabras, "llegar de manera más cercana a todas las personas".

Los datos del servicio ilustran una demanda creciente. Desde 2023 hasta 2025, el SAI realizó 11.079 atenciones totales, de las que 7.050 fueron atenciones especializadas: 4.066 de carácter psicológico, 2.149 social y 835 jurídico. "Más de 11.000 atenciones no son una cifra fría, son más de 11.000 ocasiones en las que una persona, una familia o un entorno encontró una respuesta pública, gratuita, especializada y segura", subrayó la consejera.

El crecimiento del servicio ha sido sostenido. Las atenciones especializadas pasaron de 1.652 en 2023 a 2.517 en 2024 hasta alcanzar 2.881 en 2025, lo que supone un crecimiento aproximado del 74% entre el primer y el último año del periodo evaluado. Si se suman las consultas informativas, el volumen total escaló de 2.731 intervenciones en 2023 a 4.497 en 2025, un incremento cercano al 65%. Para Simón, este aumento demuestra que "el recurso se conoce más, que la ciudadanía confía más en él y que cuando una Administración pública abre una puerta segura la gente acude".

El SAI ha acumulado además 286 altas nuevas con expediente abierto durante este periodo, que la consejera describió como "procesos de acompañamiento, de itinerarios personales, de atención sostenida y de protección real".

Consejo LGTBI, subvenciones y formación

Junto al SAI, la consejera enumeró otras acciones derivadas del desarrollo de la ley. Entre ellas, la celebración de la sesión constitutiva del Consejo Regional LGTBI, la organización del Orgullo por tercer año consecutivo con una programación impulsada desde el Gobierno regional, la elaboración de protocolos específicos y el avance en la creación de unidades especializadas, en particular la Unidad de Atención Sanitaria a Personas Trans e Intersex.

En materia de subvenciones, el Ejecutivo autonómico ha destinado medio millón de euros a financiar 88 programas y proyectos de entidades sociales del colectivo LGTBI de la región, con un impacto directo en 107 municipios. Las convocatorias de ayudas llegan también a las entidades locales para la creación de centros de promoción de la diversidad.

En el ámbito de la sensibilización, el Gobierno ha impulsado la creación de 202 estanterías arcoíris y programas formativos que han alcanzado a más de 3.000 personas: empleados públicos con funciones administrativas, profesionales de la medicina, docentes, alumnado y familias. "Es imprescindible formar y concienciar para poder seguir avanzando y para que la gente entienda que las posturas LGTBIfóbicas no pueden tener cabida en una sociedad democrática que respeta los derechos humanos", insistió Simón.

"Aquí no se retrocede en derechos"

La consejera reconoció que la ley "es muy joven todavía" y que queda "un importante camino que recorrer", pero defendió que ya ha dado "pasos contundentes". En un momento en que varias comunidades autónomas están derogando sus propias normas de protección LGTBI, Simón quiso marcar distancias: "Mientras en otras regiones se derogan leyes LGTBI y se retrocede en derechos, aquí estamos hoy evaluando el desarrollo y el impacto de nuestras leyes en favor de la diversidad sexual".

La consejera advirtió, no obstante, de que los derechos conquistados no están blindados de manera permanente: "Hoy tenemos el compromiso del Gobierno, pero quizá en un futuro no sea así". Y añadió que las personas LGTBI de otras partes de España "están en riesgo de perder derechos hoy en día", mientras que en Castilla-La Mancha "garantizamos los derechos y estamos ampliando servicios".

La oposición, crítica con la falta de evaluación de resultados

La presentación del informe generó un debate parlamentario en el que los grupos de la oposición pusieron el foco no en las cifras de actividad, sino en la ausencia de medición de resultados reales sobre la vida de las personas.

El diputado de Vox David Blázquez lamentó que el informe no acredite "el impacto social que la propia ley exige evaluar", sino únicamente "una intensa actividad administrativa". En su opinión, la diferencia entre ambas cosas explica "la posición profundamente crítica" de su grupo tanto con el documento como con "el modelo político que lo inspira". Blázquez cuestionó además que el informe parta de la premisa de que "toda diferencia de trato obedece necesariamente a una discriminación estructural" y reclamó "un análisis mucho más riguroso de las causas concretas de cada problema, de la eficacia de cada medida y de la proporcionalidad del gasto".

La diputada del PP Ana Cantarero apuntó que el propio informe, a su juicio, "desmonta parte del triunfalismo" del que alardea el Gobierno, porque reconoce que la implantación de la ley "está siendo desigual" entre territorios, que existen "numerosos artículos" que ni siquiera han sido iniciados y que faltan "instrumentos esenciales" previstos en la norma. "Sí que sabemos cuántas actuaciones se han hecho, pero no sabemos suficientemente si están cambiando realmente la vida de las personas, y esa es una diferencia muy importante", lamentó Cantarero. "Gobernar no solamente consiste en hacer, sino en obtener resultados, y este informe recoge actividades pero no recoge resultados", concluyó.

El PSOE destaca el "compromiso claro" con la diversidad

En el lado contrario, la diputada del PSOE Charo García Saco defendió que el informe demuestra que la ley "está viva" y que "la inmensa mayoría" de las medidas comprometidas han comenzado a desplegarse. García Saco valoró especialmente la puesta en marcha del SAI LGTBI, al que calificó como "el principal instrumento operativo" de la norma, junto con la línea de subvenciones para el movimiento asociativo y las campañas de concienciación. "Todo ello demuestra el reflejo de la sociedad que queremos en Castilla-La Mancha y el compromiso de la Junta con la igualdad real y efectiva", afirmó.

La Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha fue aprobada en mayo de 2022 con el objetivo de garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género y características sexuales en el conjunto del territorio regional. El informe trienal presentado este miércoles constituye la primera evaluación sistemática del cumplimiento de sus mandatos, y deja abierto el debate sobre si el despliegue normativo se está traduciendo en una mejora tangible de la vida cotidiana de las personas a las que la ley pretende proteger.