Castilla-La Mancha suma 21 nuevas plazas de jueces y 8 de fiscales

El Consejo de Ministros aprobó este martes, 7 de julio de 2026, la creación de 21 plazas de jueces y 8 de fiscales en Castilla-La Mancha, la mayor ampliación de la plantilla judicial registrada en un solo año en la historia de la comunidad. Con este incremento, la planta judicial regional crece un 9,7% y la fiscal un 8%, y se iguala en un único ejercicio el número de plazas judiciales creadas en la última década completa.

La medida llega encuadrada en una decisión de mayor calado a escala nacional: el Gobierno ha aprobado simultáneamente la creación de 700 plazas de jueces y fiscales en toda España, la mayor ampliación de este tipo en la historia reciente del país. A través de un primer Real Decreto, se incorporan 500 plazas judiciales, una cifra que supera la totalidad de las creadas en la última década y que representa un incremento récord de la planta judicial del +8,5%. Un segundo Real Decreto añade 200 plazas de fiscales, lo que eleva la plantilla del Ministerio Fiscal en un 7,13%. El dato resulta igualmente inédito: en los últimos 15 años nunca se habían creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó la medida de "hito histórico" y aseguró que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales de esta envergadura, ni impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia, ni destinado tantos recursos para su modernización.

Diez tribunales de instancia de CLM, reforzados

De las 21 nuevas plazas judiciales asignadas a Castilla-La Mancha, 18 corresponden a tribunales de instancia (TI), una a la Audiencia Provincial de Toledo y dos son de adscripción territorial, lo que significa que podrán moverse en función de las variaciones en las cargas de trabajo de los distintos órganos. Entre los tribunales de instancia que se verán reforzados figuran los de Toledo, Talavera de la Reina (Toledo), Torrijos (Toledo), Ocaña (Toledo), Illescas (Toledo), Guadalajara, Cuenca, Puertollano (Ciudad Real), Ciudad Real y Albacete.

A escala nacional, del total de 500 nuevas plazas judiciales, 368 se destinan a tribunales de instancia y 96 a órganos colegiados, distribuidas entre las Audiencias Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo (7) y la Audiencia Nacional (4). Otras 34 plazas son de adscripción territorial y las 2 restantes se asignan al Tribunal Central de Instancia. Con todas estas incorporaciones, la planta judicial española, que cuenta actualmente con 5.887 plazas, alcanza un crecimiento del 8,5%. Por órdenes jurisdiccionales, el más reforzado es el civil, seguido del social.

La Ley de Eficiencia, clave para abaratar el coste

Esta ampliación es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina los antiguos juzgados compuestos por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben varios jueces y que comparten una única Oficina Judicial de apoyo técnico. El nuevo modelo permite crear una plaza judicial por 100.000 euros, frente a los 500.000 euros que costaba crear un juzgado con el esquema tradicional. De este modo, la creación de 500 plazas representa una inversión de alrededor de 55 millones de euros; con el modelo anterior, esa misma operación habría supuesto un desembolso de 260 millones de euros.

Ocho nuevos fiscales para CLM en áreas prioritarias

En el ámbito fiscal, la creación de 8 plazas en Castilla-La Mancha eleva la plantilla del Ministerio Fiscal en la comunidad un 8%. En el conjunto de España, las 200 nuevas plazas se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y los órganos centrales, con especial atención a áreas de creciente relevancia: las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. Además, se refuerzan la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional y la Criminalidad Informática, y se crea una nueva plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.

La distribución de todas las nuevas plazas —judiciales y fiscales— se ha llevado a cabo atendiendo a criterios objetivos como la carga de trabajo, la litigiosidad y la población de cada territorio, y tomando en consideración las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de justicia. El Gobierno enmarca el conjunto de esta actuación en la transformación de la Justicia impulsada desde el Ministerio de Presidencia, que combina reformas procesales, organizativas y digitales con el objetivo de dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los retos presentes y futuros.