Greenpeace alerta: 309 municipios de Castilla-La Mancha beben agua con nitratos

El 57,33% de los municipios de Castilla-La Mancha donde se analizan nitratos —un total de 309 localidades— registraron en algún momento de 2024 niveles iguales o superiores a los 6 mg/l, el nuevo umbral recomendado por la comunidad científica para evitar riesgos para la salud. Así lo advierte Greenpeace en vísperas del Día Mundial del Agua (22 de marzo), apoyándose en datos oficiales y en una reciente revisión científica internacional.

Según la organización ecologista, los datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad reflejan además que 34 municipios castellanomanchegos superaron el actual límite legal de 50 mg/l en 2024, lo que obligó a restringir el consumo de agua del grifo en determinados momentos. Esta cifra supone un incremento del 42% respecto a 2023, evidenciando un deterioro de la calidad del agua.

La ciencia reduce el umbral de seguridad casi nueve veces

Un equipo científico internacional, encargado por el Ministerio de Medio Ambiente danés, ha revisado la evidencia disponible sobre el impacto de los nitratos en el agua potable. Su conclusión es contundente: los nitratos suponen un riesgo para la salud incluso en concentraciones muy inferiores al límite actual, por lo que recomiendan rebajarlo de 50 a 6 mg/l, es decir, casi nueve veces menos.

El límite vigente en España —establecido hace décadas— tenía como objetivo principal prevenir la metahemoglobinemia aguda en lactantes, pero el avance del conocimiento científico ha vinculado también la exposición prolongada a nitratos con enfermedades como el cáncer colorrectal.

Una “contaminación invisible” ligada al modelo agroindustrial

Greenpeace señala que esta contaminación del agua es “invisible” y está provocada principalmente por dos factores:

• El uso masivo de fertilizantes sintéticos en la agricultura intensiva.

• Las deyecciones de la ganadería intensiva y las macrogranjas.

El Ministerio para la Transición Ecológica considera ya la contaminación por nitratos como el principal problema de las aguas en España. La gravedad de la situación derivó en una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2024 contra el Estado español por incumplir la Directiva de Nitratos.

A nivel europeo, se estima que el 81% del nitrógeno agrícola que llega a los sistemas acuáticos procede directa o indirectamente de la ganadería, lo que sitúa a este sector en el centro del problema.

Más presión ganadera y crecimiento del sector porcino

En Castilla-La Mancha, la presión sobre los recursos hídricos sigue aumentando. Según datos del Ministerio de Agricultura, en 2024 había 1.830.645 cerdos, casi un 42% más que hace una década. Esta cabaña ganadera genera enormes cantidades de residuos y demanda grandes volúmenes de cultivos intensivos para alimentación animal, lo que incrementa el uso de fertilizantes.

Además, los cerdos representan ya el 52% de la biomasa de animales destinados al consumo humano en España, y al menos un 60% de la carne producida se exporta, lo que, según Greenpeace, evidencia un modelo “insostenible”.

La macrogranja proyectada en San Clemente (Cuenca)

A esta situación se suma la amenaza de un gran proyecto ganadero en San Clemente (Cuenca), promovido por el Grupo Avícola Rujamar S.L., que plantea la construcción de la que sería la mayor macrogranja avícola de España, con capacidad para más de un millón de gallinas ponedoras.

El proyecto ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable, aunque organizaciones sociales confían en frenarlo, como ocurrió en 2021 con una iniciativa similar aún mayor. Greenpeace advierte de que esta instalación podría agravar la contaminación del agua en una zona que, por ahora, se mantiene por debajo del nuevo umbral científico.

Sin soluciones rápidas ni “parches”

La organización insiste en que no existen soluciones mágicas. Ni el consumo de agua embotellada —por su impacto ambiental y limitaciones— ni el despliegue de macroplantas de biogás o biometano resolverán el problema de fondo.

La única vía, subraya, pasa por actuar sobre las causas estructurales:

• Reducir drásticamente el uso de fertilizantes sintéticos.

• Disminuir la cabaña ganadera intensiva.

Estas medidas, además, tendrían beneficios adicionales como la reducción de emisiones contaminantes, menor consumo de agua, menos deforestación y menor dependencia de piensos importados.

Exigencias a las administraciones

Greenpeace reclama al Gobierno autonómico y al conjunto de administraciones públicas una actuación urgente para proteger un recurso que considera un derecho humano básico. Entre sus principales demandas figuran:

• Coordinar políticas para frenar el uso de fertilizantes y la expansión ganadera intensiva.

• Establecer perímetros de protección estrictos en las captaciones de agua.

• No autorizar nuevas macrogranjas ni ampliaciones, incluida la de San Clemente.

• Aplicar el principio de “quien contamina paga” para cubrir los costes de descontaminación.

• Impulsar la reducción legal del límite de nitratos en el agua potable.

La organización asegura, además, que la ciudadanía muestra un rechazo creciente a este modelo productivo: ya ha recogido más de medio millón de firmas contra las macrogranjas.

Greenpeace concluye que la reversión del problema será lenta en las zonas ya afectadas, pero advierte de que no actuar agravará la situación y ampliará el número de municipios afectados en los próximos años.