PSOE, PP y Vox chocan por la gestión del agua, la sanidad y los incendios
Castilla-La Mancha vive una semana marcada por la escalada de tensión entre los tres principales partidos del Parlamento autonómico. Las repercusiones políticas de la DANA en la Comunidad Valenciana, el canon del agua, la gestión sanitaria y los incendios han servido de combustible para un clima de confrontación que se extiende desde las Cortes regionales a las sedes de los partidos.
Núñez sigue dictados de Génova y se olvida de Castilla-La Mancha
La diputada del grupo socialista Paloma Jiménez ha defendido este viernes la estabilidad institucional y la gestión de Emiliano García-Page frente a lo que considera una oposición centrada en conflictos externos. Ha asegurado que el líder del PP, Paco Núñez, “solo habla cuando en Génova le dicen lo que tiene que decir”, citando como ejemplo el caso de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana.
Jiménez ha recordado que Núñez se desmarcó de pedir la dimisión de Mazón pese a la polémica por la gestión de la DANA, y ha opinado que se trata de un dirigente que “no tiene proyecto para Castilla-La Mancha” y que “intenta poner el ventilador” para trasladar a la región los problemas de otras comunidades en manos del PP.
En este contexto, la parlamentaria ha defendido el modelo socialista: un Gobierno que “no se inventa problemas, sino que los afronta con trabajo y con transparencia”, insistiendo en que los resultados de gestión así lo avalan.
Respecto al clima político nacional, ha criticado el “espectáculo” en la comisión sobre el caso Koldo en el Senado, donde a su juicio se intentó hacer un uso partidista de la institución, en contraste con la necesidad de centrar la política en atender las preocupaciones ciudadanas.
“Infierno fiscal” y huida de Page del parlamentario
Desde La Roda (Albacete), Paco Núñez ha redoblado su ofensiva contra el canon del agua que impulsa la Junta, calificándolo como un impuesto “sacado de la manga” que “asfixia” a las familias y empresas en un momento económico difícil. Ha puesto en valor el peso de la pequeña y mediana empresa —“el 94% del tejido productivo”— como razón para exigir políticas de bajada de impuestos que impulsen empleo y población en el territorio.
El presidente regional del PP ha reprochado a Page que “se preocupe más por lo que diga Sánchez que por lo que sucede en Castilla-La Mancha”, defendiendo que la acción política debe estar centrada en “que la gente llegue mejor a final de mes”.
Paralelamente, desde Toledo, el portavoz adjunto Santiago Serrano ha cargado duramente contra el presidente autonómico por su “falta de respeto institucional”, criticando que dedicara poco más de cinco minutos a asuntos regionales antes de ausentarse del hemiciclo, sin comparecer sobre la gestión del incendio del Pico del Lobo (Guadalajara), que ha arrasado miles de hectáreas.
Serrano ha denunciado recortes y “negligencias” en los medios del operativo Infocam, así como la tardía actuación para esclarecer la suspensión del cribado de cáncer de mama en Talavera y su comarca, que dejó —según afirma— a más de 3.000 mujeres sin seguimiento.
Para el PP, estos episodios reflejan una crisis de gestión que exige explicaciones inmediatas y un cambio de rumbo.
Responsabilidades por la difusión ilegal de datos de sanitarios
El Grupo Parlamentario Vox ha centrado sus críticas en la protección de datos y en la seguridad de los profesionales sanitarios. Su portavoz, Iván Sánchez, ha revelado que la Agencia Española de Protección de Datos ha determinado que el Sescam vulneró la ley al publicar en la red social X un listado con nombres y destinos de trabajadores antes de su difusión oficial en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sánchez ha calificado el hecho de “grave imprudencia” y ha acusado al Gobierno autonómico de anteponer la propaganda al respeto por los derechos fundamentales. “Difundir datos personales fuera de los cauces oficiales es una irresponsabilidad que pone en riesgo la intimidad y seguridad de los profesionales”, ha sentenciado.
El partido exige a la Junta una revisión a fondo de los protocolos de seguridad, asunción de responsabilidades y un cambio inmediato en la gestión del Sescam, a quien acusa de “improvisación, falta de control y desprecio por la legalidad”.
Este episodio, sostienen, se suma al conjunto de deficiencias en el sistema sanitario que estarían lastrando la confianza ciudadana y que justificarían el cese del consejero de Sanidad.
