Las Cortes limitan al ámbito regional el uso de los fondos de los grupos políticos

El pleno de las Cortes aprobó este jueves una reforma del Reglamento para reforzar el control del gasto de los grupos parlamentarios, en una sesión marcada también por el rechazo de dos iniciativas sobre vivienda y caminos rurales, la comparecencia sanitaria por las mamografías de Talavera, las preguntas de control al Gobierno y la inauguración del belén institucional.
En la imagen un instante del Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha que ha aprobado este jueves la modificación del reglamento de la Cámara
En la imagen un instante del Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha que ha aprobado este jueves la modificación del reglamento de la Cámara

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron este jueves una reforma para limitar al ámbito regional el destino de los fondos de los grupos parlamentarios, en una votación que salió adelante con el apoyo del PSOE, la abstención del PP y el rechazo de Vox. El pleno debatió además una propuesta de rebaja fiscal en vivienda —rechazada por PSOE y PP— y otra sobre caminos rurales —rechazada por el PSOE y apoyada por PP y Vox—, junto a una comparecencia sanitaria, preguntas de control y la inauguración del belén monumental.

El pleno se celebró en el Convento de San Gil, sede del Parlamento autonómico, en una jornada marcada desde el inicio por un clima de solemnidad institucional: los diputados y miembros del Consejo de Gobierno guardaron un minuto de silencio en memoria de Rossmery, vecina de Torrijos asesinada la semana pasada a manos de su pareja antes us hijos menores. Tras este gesto, la sesión se abrió paso hacia una agenda normativa y política de amplio calado, cuyo eje central fue la modificación del Reglamento de la Cámara, un cambio que provocó un intenso intercambio dialéctico entre los grupos y que, por su contenido y consecuencias, se convirtió en el principal punto de fricción del día.

Reforma del Reglamento: un debate de fondo sobre transparencia, control y uso regional de los fondos

La reforma aprobada, de carácter puntual pero políticamente relevante, modifica el artículo 29.7 del Reglamento para reforzar la obligación de justificar documentalmente el destino de los fondos que los partidos reciben a través de los grupos parlamentarios y, sobre todo, para limitar de manera estricta el uso de esos fondos al ámbito de Castilla-La Mancha, evitando su empleo en estructuras, gastos o estrategias de nivel estatal.

Aunque la modificación afecta formalmente solo a un apartado, sus implicaciones son de amplio alcance. Supone un endurecimiento del marco de control interno de las Cortes y un cerco inequívoco a cualquier uso extraparlamentario o extraterritorial de las subvenciones asignadas a los grupos. Con ello, la Mesa y la Intervención contarán con un instrumento más preciso para verificar la trazabilidad de cada euro y exigir que toda actividad financiada con fondos parlamentarios tenga una vinculación verificable y directa con la actividad política autonómica.

El diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy, encargado de defender la propuesta, desarrolló un alegato largo y detallado orientado a subrayar que la reforma no solo responde a una preocupación técnica, sino también política y ética. Explicó que la iniciativa surge de la constatación, en el proceso de revisión de la justificación anual de gastos, de que fondos públicos procedentes de Castilla-La Mancha habían sido utilizados para sufragar actividades de ámbito nacional, carentes de relación con la realidad regional y, por tanto, incompatibles con la finalidad para la que se asignan estas ayudas.

Godoy recordó que la función de los grupos parlamentarios es eminentemente autonómica, sustentada en el trabajo legislativo y político que desarrollan en Castilla-La Mancha, por lo que “cada euro debe estar al servicio de la actividad política regional”. La reforma, insistió, viene a blindar esa finalidad, de modo que ningún partido pueda utilizar recursos de la Cámara para financiar campañas nacionales, estructuras orgánicas de nivel estatal o dinámicas externas que no tengan relación con los intereses de la comunidad.

En un tramo central de su intervención, el diputado socialista enfatizó el principio de transparencia: "Nada podrá ser opaco y todo deberá integrarse en la contabilidad específica presentada ante la Mesa de las Cortes. Cada euro debe estar trazado, cada gasto debe ser demostrable y cada transferencia ser transparente". A su juicio, esto no solo refuerza la rendición de cuentas, sino que protege la autonomía política de Castilla-La Mancha: "Si un partido depende financieramente de Madrid, también dependerá políticamente de Madrid".

Godoy desarrolló la idea de que cuando las decisiones sobre la región se toman fuera del territorio, “la región ha salido perdiendo”, citando ejemplos históricos de pérdida de peso político, infrafinanciación o subordinación a agendas ajenas a los intereses autonómicos. Afirmó que la reforma no pretende señalar a un partido concreto, pero recordó que los informes recientes de la Intervención apuntan a que Vox habría destinado fondos asignados a Castilla-La Mancha a su estructura nacional. Cerró su intervención asegurando que se trata de una reforma “humilde por su tamaño, pero grande por su significado”.

Sin embargo, la unanimidad estuvo lejos: el debate fue elevado en tono y contenido, con intervenciones críticas de Vox y del PP.

Desde Vox, Luis Blázquez sostuvo que la reforma no tiene como finalidad mejorar la transparencia, sino “proteger a los partidos del sistema” y “castigar” a quien no comparte su modelo. Señaló que el Reglamento ya exige controles suficientes y recordó que las cuentas de Vox fueron aprobadas por el anterior interventor, cuestionando así la legitimidad de las objeciones actuales. Blázquez mantuvo un discurso profundamente crítico con lo que considera una maniobra política disfrazada de trámite técnico, al tiempo que denunció que la Mesa inadmitió sus enmiendas sin justificación, impidiendo su defensa en el pleno.Calificó el texto como "ilegal", "jurídicamente peligroso" y "una chapuza normativa", y aprovechó su turno para atacar al PSOE, partido al que acusó de ser “el más corrupto de la historia de España”.

El PP, aunque optó por la abstención, dedicó también una intervención dura contra la reforma. Santiago Serrano denunció la falta de coherencia del PSOE: según dijo, su grupo ha estado negociando una revisión global del Reglamento durante toda la legislatura y “en ninguna ocasión” el PSOE mencionó su intención de introducir esta modificación, lo que demostraría que es una reacción política “motivada por intereses partidistas y no por un criterio institucional”.

Serrano sostuvo que el texto invade competencias propias del Tribunal de Cuentas, vulnera el artículo 9.3 de la Constitución —que garantiza la seguridad jurídica— y afecta a materias reservadas a ley orgánica, por lo que debería tramitarse por otro cauce. Aun así, el PP no se alineó con Vox: su abstención, dijo, representa “legalidad, estabilidad y respeto institucional”. Aun así, acusó al PSOE de intentar “tapar casos de corrupción” y de actuar “a destiempo” y por presión política.

La votación previa para admitir a trámite la reforma y para acordar su tramitación por lectura única se saldó con 17 votos a favor (PSOE) y 14 en contra (PP y Vox). En la votación final, la reforma fue aprobada con 17 votos socialistas, la abstención del PP y los 4 votos en contra de Vox.

Vivienda: Vox reclama una rebaja fiscal integral que PSOE y PP descartan

La propuesta de Vox para introducir una amplia rebaja fiscal en materia de vivienda —bonificación del 100% del impuesto de transmisiones patrimoniales, reducción del tipo de actos jurídicos documentados al mínimo legal, deducciones autonómicas en el IRPF y fuertes bonificaciones en sucesiones y patrimonio— fue rechazada con el voto en contra de PSOE y PP, obteniendo únicamente los 4 votos de Vox.

El presidente del grupo, David Moreno, describió un mercado tensionado, con precios en máximos en Toledo y Guadalajara, tasas muy bajas de emancipación juvenil y situaciones “prechabolistas” fruto de la precariedad habitacional. Instó a PSOE y PP a cumplir los compromisos electorales que, según él, incluían medidas similares.

El PP, por voz de Ignacio Redondo, acusó a Vox de plantear una “rebaja fiscal indiscriminada” que podría trasladarse a precios y afirmó que algunos planteamientos eran más “una carta a los Reyes Magos” que una política pública sólida. El PSOE, a través de Álvaro Toconar, reprochó el carácter “racista” de la medida al limitar deducciones a ciudadanos españoles y señaló contradicciones de Vox con territorios donde gobierna con el PP.

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, cifró el coste del plan en 400 millones de euros y cuestionó “de dónde van a recortar” para financiarlo.

Caminos rurales: el PSOE rechaza la iniciativa del PP pese al apoyo de Vox

La proposición del PP para establecer un plan regional de conservación y mejora de caminos rurales vinculados a concentraciones parcelarias fue igualmente rechazada por la mayoría socialista, pese al apoyo de Vox.

El popular José Antonio Martín-Buro denunció el “abandono” de numerosas vías rurales, citó el caso de Cañaveras —cuyo proyecto data de 2011— y criticó el proceso de permutas patrimoniales de bienes procedentes de cámaras agrarias. Vox respaldó estas críticas reclamando rigor administrativo y defensa del territorio.

El PSOE, por medio de Antonio Sánchez, defendió que la Junta ha actuado en 182 km de caminos, ha ejecutado 49 concentraciones parcelarias y ha mejorado 540 km, acusando al PP de “engañar” a agricultores y cuestionar injustamente el trabajo técnico.

Talavera: la Junta da por culminado el plan de respuesta a los retrasos en mamografías

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, compareció para informar sobre la situación del programa de detección de cáncer de mama en Talavera de la Reina (Toledo), después de que en junio la empresa adjudicataria abandonara el servicio.

Fernández Sanz explicó que se trataba de un cribado dirigido a mujeres sanas y que, tras la incidencia, la Consejería articuló un plan alternativo citando directamente a mujeres en el Hospital Nuestra Señora del Prado, además de firmar un acuerdo de ejecución con Quirón Salud y otro posterior con el Hospital Parque Marazuela. El consejero aseguró que el programa se ha “armonizado” según lo previsto y que “casi 5.000 mujeres han sido invitadas al programa”, cumpliendo los objetivos de la planificación hasta 2025.

Subrayó que la Junta ha informado “de manera transparente” a la opinión pública y a la Asociación Española Contra el Cáncer. Rechazó las acusaciones de PP y Vox sobre “dejadez” o falta de reacción, calificándolas de “auténtica barbaridad”.

El presidente de Vox, David Moreno, exigió la reprobación, dimisión o cese del consejero y denunció que unas 2.500 mujeres habían quedado sin mamografía durante casi cinco meses. Acusó a la Consejería de no contratar a los 11 radiólogos que considera necesarios y advirtió que la falta de cribado podría afectar a la evolución de posibles tumores no detectados.

El PP, a través de Juan Antonio Moreno Moya, reclamó saber cuántas de las 3.000 pruebas practicadas tras el retraso derivaron en una segunda exploración por sospecha tumoral y cuestionó quién asumiría responsabilidades ante esos casos. El PSOE, mediante José Antonio Contreras, defendió que no se ha ocultado información y acusó a la oposición de “crear alarma” y utilizar la situación para “hacer política”.

Preguntas orales: agresiones sexuales y control telemático de maltratadores

El pleno abordó también preguntas orales formuladas por la oposición. Vox preguntó por las agresiones sexuales registradas en la región, mientras que el PP solicitó información sobre la situación de las pulseras de control telemático para maltratadores. Ambas cuestiones fueron respondidas por la consejera de Igualdad, Sara Simón, en un bloque centrado en la lucha contra la violencia de género.

Inaugurado el belén monumental de las Cortes

Fuera del debate estrictamente parlamentario, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, inauguró el belén navideño instalado en el Edificio de Grupos, acompañado por la Mesa de la Cámara. Bellido describió la instalación como “un homenaje a la ciudad de Toledo” y destacó que el montaje recrea el antiguo barrio de San Cipriano, donde se asienta el Convento de San Gil.

El belén, obra del artesano toledano José García Sánchez-Beato —fallecido— por encargo del expresidente Jesús Fernández Vaquero, ofrece escenas costumbristas y una recreación de la desaparecida Ermita del Calvario. El portal se sitúa en la iglesia del convento del siglo XVII, hoy salón de Plenos. La instalación fue completada en 2021 gracias al trabajo de colaboradores del AMPA del colegio Alfonso VI. El belén puede visitarse todos los días, con horarios específicos en fechas festivas.

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