Sindicatos celebran la subida salarial para 140.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha
La confirmación del Gobierno de Castilla-La Mancha de que abonará en la nómina de enero la subida salarial pactada en el Acuerdo Marco estatal ha generado una reacción inmediata entre los principales sindicatos de la región, que celebran el paso dado por la Administración autonómica para recuperar el poder adquisitivo de cerca de 140.000 empleados públicos. Tanto CSIF como CCOO habían demandado claridad y calendario concreto para la aplicación del incremento previsto para 2025 y 2026, una cuestión que quedó despejada tras la Mesa General de la Función Pública celebrada este martes.
El Gobierno autonómico anunció que hará efectiva la subida del 2,5% correspondiente a 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y que sumará de manera inmediata el 1,5% adicional previsto para 2026. De este modo, más de 85.000 empleados públicos dependientes de la Junta —36.000 sanitarios, 35.000 docentes y 14.000 trabajadores de la Administración general— verán incrementadas sus nóminas un 4%, además de percibir los atrasos correspondientes a este ejercicio. Los sindicatos subrayan que este movimiento supone un avance significativo tras un año de congelación salarial y marca el inicio de un periodo de mejoras progresivas.
En paralelo, la subida de 2025 ya se ha reflejado en las nóminas de diciembre de los más de 17.000 empleados de la Administración General del Estado en Castilla-La Mancha y del personal de la Universidad regional. Desde CSIF se ha destacado la agilidad demostrada por la UCLM al aplicar sin demora las mejoras retributivas previstas en el Acuerdo Marco nacional firmado el 27 de noviembre con el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública.
Tanto CSIF como CCOO recuerdan que la subida es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas y corporaciones locales, por lo que han reclamado a ayuntamientos y diputaciones que no demoren su aplicación. En Castilla-La Mancha son más de 31.700 los empleados públicos de las corporaciones locales que deben beneficiarse de la medida, y los sindicatos insisten en que no debería agotarse el plazo que la normativa permite extender hasta 2028. A su juicio, hacerlo generaría un agravio comparativo con los trabajadores de la Administración autonómica, del Estado o de empresas públicas como Correos, ADIF o Geacam, que ya han anunciado su intención de aplicar las subidas de manera inmediata.
En el caso de la Junta, el compromiso de abonar simultáneamente las subidas de 2025 y 2026 impactará de forma sustancial en los salarios en un corto periodo de tiempo. Según los cálculos expuestos en la Mesa General, en apenas trece meses —hasta enero de 2027— los empleados públicos habrán visto incrementadas sus retribuciones en torno a un 9%. CCOO detalla ejemplos concretos: un funcionario del grupo A1 sumará aproximadamente 140 euros brutos mensuales, mientras que un ordenanza del grupo 5 de personal laboral verá crecer su nómina en torno a 55 euros brutos al mes.
A estas mejoras se añadirán otras previstas para los próximos años: el personal público tendrá derecho a un 0,5% adicional en 2026 si el IPC iguala o supera el 1,5%; un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. De cumplirse todas las condiciones, el incremento global alcanzará un 11,4% acumulado hasta 2028, al que se suma el efecto arrastre que consolida los incrementos año tras año en las tablas salariales. Los sindicatos señalan que esto supone un paso importante para recomponer el poder adquisitivo perdido durante los últimos años.
CSIF, por su parte, ha querido destacar que la negociación salarial a nivel estatal es una competencia exclusiva de las organizaciones sindicales representativas en la Función Pública. Por ello, ha rechazado lo que considera intentos de “apropiación” de otras fuerzas sindicales e insiste en que los acuerdos tienen carácter vinculante para todas las administraciones. El sindicato valora especialmente que la subida llegue en un contexto económico complejo y recuerda que la mejora salarial es solo una parte del Acuerdo Marco, que también recoge medidas estructurales dirigidas a mejorar la calidad del servicio público.
En la misma línea, CCOO ha definido el pacto del 28 de noviembre como “un buen acuerdo”, subrayando no solo la mejora económica sino también la eliminación de la tasa de reposición y la agilización de la jubilación parcial tanto del personal laboral como funcionario. La organización reclama ahora que las administraciones locales sigan el mismo ritmo que la autonómica y el Estado para garantizar una implementación homogénea en todo el territorio. También ha solicitado que la Junta asuma un papel mediador para asegurar el cumplimiento de los plazos.
Con la aplicación de estas medidas, el año 2026 arrancará con un escenario retributivo sensiblemente distinto para miles de empleados públicos de Castilla-La Mancha. La combinación de atrasos, incrementos acumulados y previsiones de nuevas subidas configura un horizonte que los sindicatos consideran favorable, aunque advierten de que seguirán vigilantes para que todas las administraciones cumplan los compromisos adquiridos y para que las mejoras salariales vayan acompañadas de avances en estabilidad, recursos y condiciones de trabajo.
