La Junta condena los "mensajes de odio" de Vox: "no representan" a la sociedad
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha condenado con firmeza las declaraciones del presidente del grupo parlamentario Vox en las Cortes regionales, David Moreno. En rueda de prensa en el Parlamento regional, Moreno ha responsabilizado este jueves a Emiliano García-Page de hipotéticas agresiones sexuales cometidas por migrantes contra mujeres españolas.
El Ejecutivo autonómico considera que se trata de “mensajes de odio” que “no representan a la sociedad” castellanomanchega. Además, ha trasladado a la Mesa de las Cortes la petición de estudiar medidas para impedir que se repitan este tipo de manifestaciones.
El PSOE también ha reaccionado. La portavoz en el Parlamento autonómico, Ana Isabel Abengózar, ha exigido al Partido Popular que rompa sus acuerdos de gobierno con Vox en ayuntamientos y diputaciones tras lo que califica de declaraciones “irresponsables” y “antidemocráticas”.
Vox sitúa a Page como “responsable directo”
Moreno ha asegurado ante los medios de comunicación que el presidente regional sería el “responsable directo” si “mañana” se produjeran agresiones sexuales de migrantes a españolas. Acusó al Gobierno de “no actuar para frenar el incremento de la delincuencia y de los peores crímenes que se pueden cometer”.
“El odio lo genera la delincuencia, el odio lo genera cada agresión sexual que sufre una mujer española a manos de un inmigrante ilegal”, ha afirmado. Ha defendido además “fronteras seguras, deportaciones inmediatas, el cierre de los centros de menas y la prioridad absoluta para los españoles”.
El Gobierno rechaza la criminalización de migrantes
La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha replicado en rueda de prensa calificando estas palabras como “mensajes discriminatorios e irresponsables”. Y ha recordado que en Castilla-La Mancha “defendemos la convivencia, la dignidad de las personas y la protección de los más vulnerables, pilares de nuestra democracia”.
“La seguridad se garantiza desde la ley, no desde discursos que buscan dividir”, ha subrayado Padilla. También ha lamentado que se criminalice a los inmigrantes “cuando lo único que hacen es venir a buscar una vida mejor”.
Padilla ha advertido de que Vox intenta “reproducir en Castilla-La Mancha situaciones como las ocurridas en Torre Pacheco (Murcia)”. Y ha señalado que el Ejecutivo ha pedido a la Mesa de las Cortes que analice lo ocurrido y tome medidas “por el bien del conjunto de la sociedad”.
“El Gobierno no va a permitir que se utilicen discursos de odio para fracturar una sociedad como la castellanomanchega, tolerante, amable y unida”, ha remarcado la consejera.
El PSOE pide al PP que se desmarque
En paralelo, la portavoz socialista, Ana Isabel Abengózar, ha denunciado que las declaraciones de Moreno “no se pueden consentir”. Y ha reclamado al PP que rompa sus pactos con Vox.
“Son sus compañeros de viaje”, ha señalado. “Pido, una vez más, al PP que rompa con quienes hacen este tipo de manifestaciones, culpabilizando directamente al presidente de esta región y desde una institución como las Cortes, la casa de la ciudadanía”.
Abengózar ha solicitado además amparo a la Mesa de las Cortes. Ha pedido que se analicen las declaraciones y se adopten medidas para que no vuelvan a producirse.
La portavoz socialista ha subrayado que “en diez años que llevo en estas Cortes jamás he escuchado palabras tan irresponsables y que ataquen tan directamente a la democracia”. Y concluyó que Vox “solo busca alentar el odio, incendiar España y fomentar el frentismo, sin preocuparse del bienestar de los castellanomanchegos y castellanomanchegas”.
Escalada política en Castilla-La Mancha
Las duras palabras de Vox y las reacciones posteriores han abierto un nuevo frente político en la región. El Gobierno regional y el PSOE denuncian un ataque a la convivencia y a la democracia. Mientras, el PP se ve interpelado directamente por sus alianzas con la extrema derecha en instituciones locales y provinciales.
El debate sobre los límites del discurso político y la legitimidad de ciertas manifestaciones ha vuelto así al centro de la vida parlamentaria de Castilla-La Mancha.
