España activa un plan anticrisis de 5.000 millones por la guerra de Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio dotado con 5.000 millones de euros y compuesto por 80 medidas, con el objetivo de amortiguar el impacto económico de la guerra en Irán sobre ciudadanos y empresas en España.

El paquete, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario tras más de dos horas de retraso por discrepancias con Sumar, entrará en vigor de forma inmediata tras su publicación en el BOE y beneficiará a 20 millones de hogares y tres millones de empresas. El Ejecutivo ha optado finalmente por aprobar dos reales decretos ley, uno centrado en energía y economía y otro específico sobre vivienda.

Sánchez ha advertido de que el conflicto está generando “las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global” y ha insistido en que, aunque los efectos llegarán a España, las medidas permitirán que sean “menos erosivos y más llevaderos”.

Rebaja masiva de impuestos energéticos

El eje principal del plan es una “reducción drástica de la fiscalidad energética”, con bajadas generalizadas de impuestos que afectan directamente al bolsillo de los consumidores.

Entre las medidas más destacadas figura la rebaja del IVA al 10% en electricidad, gas natural, gasolina y gasóleo, así como en pellets y leña. A ello se suma la suspensión del impuesto a la producción eléctrica (7%) y la reducción del impuesto eléctrico al 0,5%, el mínimo permitido por la UE.

En el caso de los carburantes, también se reduce el impuesto especial de hidrocarburos al mínimo comunitario, lo que permitirá una rebaja de hasta 30 céntimos por litro, equivalente a unos 20 euros de ahorro por depósito en un coche medio.

Además, el Gobierno ha decidido congelar el precio del butano y del propano, una medida que afecta a millones de hogares, especialmente en zonas rurales.

Ayudas directas al transporte y al campo

El plan incluye medidas específicas para sectores especialmente golpeados por el aumento de los costes energéticos. Así, transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores recibirán una bonificación directa de 20 céntimos por litro de combustible.

Asimismo, el sector agrario contará con ayudas equivalentes para la compra de fertilizantes, con el objetivo de evitar un incremento de precios en productos básicos de la cesta de la compra.

El Gobierno justifica estas medidas por el papel estratégico de estos sectores en el tejido productivo y su impacto directo en la inflación alimentaria.

Protección social y suministro garantizado

El Ejecutivo también refuerza el llamado escudo social. Entre las decisiones adoptadas destaca la prohibición de interrumpir suministros esenciales a los hogares más vulnerables.

Se prorrogan hasta final de año los descuentos del bono social eléctrico y se refuerza el bono social térmico, mientras que se introducen medidas para flexibilizar los contratos energéticos de empresas y autónomos.

En paralelo, se incluyen incentivos fiscales para impulsar la electrificación de la economía, como deducciones en el IRPF para instalar placas solares, puntos de recarga o sistemas de climatización eficientes.

Apoyo a la industria y ahorro de 200 millones

Las industrias electrointensivas, especialmente expuestas al encarecimiento de la energía, se beneficiarán de una bonificación del 80% en los peajes eléctricos, lo que supondrá un ahorro estimado de 200 millones de euros.

Según el Gobierno, esta medida permitirá preservar la competitividad y miles de empleos en sectores industriales clave.

Control a empresas y lucha contra la “codicia”

Uno de los puntos más destacados del acuerdo con Sumar es el refuerzo del control sobre los márgenes empresariales. El Ejecutivo dotará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades para supervisar y sancionar abusos.

Además, el Consejo de Ministros podrá limitar los beneficios de las empresas de suministro de combustible si detecta márgenes injustificados.

Sánchez ha sido contundente al respecto: “No podemos tolerar que por pura codicia intenten sacar tajada de esta guerra”.

Dos decretos tras el pulso con Sumar

El Consejo de Ministros estuvo marcado por la tensión entre PSOE y Sumar, que retrasó su inicio más de dos horas. Finalmente, el Gobierno aprobó dos decretos diferenciados.

El primero recoge las medidas energéticas, fiscales y sociales, mientras que el segundo incluye iniciativas de vivienda, como la prórroga automática de dos años para 600.000 contratos de alquiler que vencen este año.

No obstante, el presidente ha reconocido que no hay aún mayoría parlamentaria para convalidar este decreto de vivienda en el Congreso.

España, “mejor preparada” ante la crisis

Sánchez ha defendido que España afronta esta crisis en mejor posición que otros países gracias al crecimiento económico reciente, el rigor fiscal y la menor dependencia del gas y petróleo.

Como ejemplo, ha señalado que en lo que va de 2026 el gas solo ha marcado el precio de la electricidad en el 15% del tiempo, reflejo del avance de las energías renovables.

El presidente ha lanzado un mensaje de confianza: “Vamos a salir más fuertes de esta crisis, como ya hicimos con la pandemia o la guerra de Ucrania”.

Próximos pasos y contexto político

El decreto principal será votado la próxima semana en el Congreso, donde el Gobierno confía en contar con mayoría suficiente. En paralelo, Sánchez ha asegurado que presentará los Presupuestos Generales del Estado, aunque ha subrayado que la prioridad inmediata es responder al impacto de la guerra.

El Ejecutivo insiste en que las medidas estarán vigentes “el tiempo que sea necesario” y se ampliarán si la situación internacional empeora.

Page exige que el Estado asuma el coste y critica la falta de consulta

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado que sea el Estado quien financie íntegramente las medidas anticrisis y ha advertido de que no deben convertirse en un modelo de “yo invito y tú pagas”, en referencia al posible impacto en las cuentas de las comunidades autónomas.

Durante su intervención en el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, Page ha señalado que las autonomías no han sido consultadas “bajo ningún concepto” en la elaboración del plan aprobado por el Gobierno central. Aunque ha reconocido que la consulta no es obligatoria, ha subrayado que, cuando se adoptan decisiones que afectan a los ingresos fiscales, las comunidades “no son una administración cualquiera”.

El presidente autonómico ha puesto como ejemplo la crisis derivada de la guerra de Ucrania, en la que, según ha recordado, Castilla-La Mancha dejó de ingresar más de 400 millones de euros por decisiones adoptadas sin diálogo previo. En este sentido, ha incidido en que impuestos como el IVA o los carburantes tienen una repercusión directa en la financiación autonómica, recordando que en el caso de los carburantes, el 58% de la recaudación corresponde a las comunidades.

Page ha advertido de que, si el Gobierno central adopta medidas fiscales sin asumir su coste, estas pueden suponer una “amenaza directa” para la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. “Si la decisión es invito, pero pagan otros, puede afectar claramente al estado del bienestar”, ha remarcado.

En esta línea, ha insistido en que, si las decisiones son de ámbito estatal, deben financiarse desde la Administración General del Estado, y no trasladar el impacto a las autonomías sin consulta previa. De lo contrario, ha alertado de que podría generarse un “problema financiero muy considerable” en un contexto ya marcado por un sistema de financiación que considera “muy desesperante”.

Finalmente, García-Page ha apelado a la necesidad de alcanzar el mayor consenso social posible ante una crisis de origen internacional, advirtiendo de que una mala gestión podría “interiorizar la crisis” y hacerla más “corrosiva y expansiva” en España, especialmente si termina repercutiendo en los pilares del estado del bienestar.