El Consejo de Transparencia de Castilla-La Mancha impulsa la protección del informante
El presidente del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (CRT), Fernando Muñoz Jiménez, participó este martes en Madrid en el II Congreso de Integridad y Protección de Informantes, celebrado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde expuso el modelo autonómico que integra la protección del denunciante en el sistema de transparencia regional.
Muñoz detalló la evolución del organismo desde sus primeros pasos hasta el presente: de los 28 expedientes tramitados en 2023 a los 770 de 2025, con un canal externo de denuncias operativo desde marzo de 2026 y un registro de más de 1.300 entidades obligadas. También advirtió de los riesgos y retos que aún enfrenta el sistema.
Fernando Muñoz Jiménez, presidente del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, intervino este martes en Madrid en la mesa de debate "Autoridades autonómicas en materia de protección del informante", enmarcada en el II Congreso de Integridad y Protección de Informantes que acoge la UNED en su Salón de Actos García Aretio, con retransmisión simultánea en sala blanca online. La sesión fue presentada y moderada por Leyre Burguera Ameave, profesora de Derecho Constitucional de la UNED.
En su intervención, Muñoz expuso las razones por las que el CRT asume las funciones previstas en la Ley 2/2023 y en la disposición final primera de la Ley de Integridad Pública autonómica, defendiendo que la protección del informante debe integrarse en un sistema de transparencia coherente y no fragmentarse en organismos paralelos o superpuestos.
Un crecimiento exponencial en tres años
El presidente del CRT repasó los principales hitos alcanzados por el organismo desde su puesta en marcha. La sede electrónica arrancó el 1 de noviembre de 2023, año en que se tramitaron apenas 28 expedientes. En 2024, esa cifra se multiplicó por diez hasta alcanzar los 285 expedientes, y en 2025 el volumen volvió a dispararse hasta los 770. El registro de sujetos obligados supera ya las 1.300 entidades.
Entre los hitos institucionales más recientes figuran la aprobación del plan estratégico 2024-2029, la incorporación y cobertura de la Jefatura de Servicio de Supervisión de Denuncias en 2025, una reforma reglamentaria publicada a finales de ese mismo año y, como paso más reciente, la activación del canal externo de denuncias en marzo de 2026.
Riesgos y retos de un sistema en construcción
Muñoz no eludió señalar las debilidades detectadas en el sistema. Identificó el solapamiento competencial entre organismos como uno de los principales focos de riesgo, junto con las tensiones que pueden surgir entre la exhibición documental propia de los procedimientos de transparencia y los derechos de defensa de los investigados. A ello se suma la insuficiencia de recursos materiales y humanos, y la necesidad de preservar el anonimato de los informantes en todas las fases del proceso.
En cuanto a los retos prioritarios para los próximos años, el presidente del CRT planteó cinco líneas de actuación: reforzar la plantilla y los medios tecnológicos del organismo; compatibilizar el nuevo canal externo con las funciones ordinarias de transparencia; establecer coordinación formal con la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) y otras autoridades autonómicas; definir protocolos transparentes de sanción; y promover una cultura de integridad a través de la formación y las buenas prácticas en el sector público.
Un debate con seis comunidades autónomas
La mesa en la que participó Muñoz reunió a los responsables de organismos equivalentes de otras cinco comunidades. Estuvieron presentes Jesús María González García, presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid; José Manuel Pérez Fernández, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias; Ricardo Pedro Ron Latas, subdirector de la Autoridade Galega de Protección da Persona Informante; Tomàs Salàs, director de la Oficina Antifraude de Catalunya; y Francisco Sánchez Zamorano, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
El debate puso de manifiesto la diversidad de modelos que han adoptado las comunidades autónomas para dar cumplimiento a la Ley 2/2023 —la norma estatal de trasposición de la directiva europea sobre protección de informantes— y la necesidad de avanzar hacia una mayor coordinación entre autoridades para garantizar protección efectiva, seguridad jurídica y eficacia en la gestión de las comunicaciones recibidas. El congreso proseguirá este miércoles con nuevas sesiones y grupos de trabajo.
