Las Cortes avalan el abono transporte con Madrid y la Cuenta 2022

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves en Toledo la Cuenta General de la Junta de 2022 y ha ratificado el convenio con la Comunidad de Madrid para mantener la utilización del abono transporte madrileño en desplazamientos entre ambas regiones durante el periodo 2026-2029, en una sesión de más de siete horas celebrada en el Convento de San Gil y presidida por Pablo Bellido.

Además, la Cámara ha celebrado cuatro debates generales —sobre servicios sanitarios, Pacto Verde Europeo, política energética y pacto por la caza y tauromaquia— que se han resuelto con la aprobación únicamente de las resoluciones del Grupo Socialista, al imponerse la mayoría parlamentaria frente a las iniciativas presentadas por PP y Vox, que fueron rechazadas.

Convenio de transporte Madrid–Castilla-La Mancha (2026-2029)

El primer punto del orden del día fue la ratificación del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha para renovar la utilización de los títulos de abono transporte del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) en los desplazamientos entre ambas comunidades en el periodo 2026-2029.

La ratificación salió adelante con los votos a favor de PSOE y PP y la abstención de Vox, es decir, sin votos en contra.

El convenio —que se viene suscribiendo desde 2001 y fue autorizado por ambos consejos de gobierno a finales de 2025— contempla una inversión estimada hasta 2029 de 86,4 millones de euros, con un reparto del 54% a cargo del Ejecutivo madrileño (47 millones) y del 46% por parte del Ejecutivo castellanomanchego (39,4 millones).

Según los datos trasladados durante la tramitación, la medida beneficia a alrededor de 105 municipios de Castilla-La Mancha. El uso del descuento en el abono transporte madrileño alcanza a 28.500 jóvenes y a 6.500 personas de otras franjas de edad, en total 35.000 usuarios.

En sentido inverso, 39.400 residentes en Madrid se desplazan con frecuencia a las provincias de Toledo y Guadalajara a través de 22 líneas del CRTM que conectan con más de un centenar de municipios castellanomanchegos.

Para estos recorridos se requiere un abono válido para la zona E, tanto en la modalidad general como en la destinada a menores de 26 años. Se trata de títulos personales e intransferibles que permiten desplazarse sin límite por la Comunidad de Madrid y utilizar Metro, Metro Ligero, autobuses urbanos e interurbanos y Cercanías Renfe.

Cuenta General de 2022: dictamen aprobado por la mayoría socialista

El segundo punto fue el debate y votación del dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos sobre la Cuenta General de la Junta de Comunidades correspondiente a 2022, que quedó aprobada con los votos del PSOE y el rechazo de PP y Vox (17 a favor y 16 en contra, según el recuento de la sesión).

La resolución aprobada insta al Gobierno regional a perseverar en la mejora de los procedimientos de tramitación presupuestaria, promoviendo soluciones tecnológicas y organizativas para reforzar transparencia, eficacia y eficiencia en la ejecución económico-financiera, con el objetivo de garantizar los servicios públicos esenciales y el pleno ejercicio de derechos.

La diputada socialista Silvia Fernández, como ponente, defendió que el dictamen demuestra que el Ejecutivo “va en la dirección correcta” y sostuvo que la creación de un órgano propio de fiscalización ha sido “plenamente acertada”. Subrayó que la Cámara de Cuentas expresa la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera a 31 de diciembre de 2022, así como resultados económico-patrimoniales, flujos de efectivo y liquidación de presupuestos.

Fernández enmarcó el ejercicio 2022 en un “complejo contexto económico” aún marcado por pandemia, inflación e incertidumbre internacional, y destacó que las cuentas anuales incluidas presentan la estructura y contenido previstos en los planes de contabilidad aplicables, adaptándose a los principios y normas contables.

Entre los elementos destacados, remarcó el “elevado grado de ejecución presupuestaria” y defendió que los datos reflejan una planificación realista y una capacidad de gestión orientada a que los recursos lleguen “de manera efectiva” a la ciudadanía, reforzando sanidad, educación, servicios sociales y desarrollo económico. También citó el “esfuerzo continuado” en reestructuración de deuda viva para reducir costes financieros y liberar recursos.

Desde Vox, Francisco José Cobo sostuvo que el proyecto se emitió fuera de plazo legal, reduciendo la fiscalización política para convertirse “en un mero trámite”: “Nace tarde y mal controlado”, afirmó. Reprochó que no se desglosaran beneficios fiscales por políticas públicas, que no se evaluaran desviaciones ni se informara en la memoria de la Cámara de Cuentas.

Añadió críticas a la “falta de trazabilidad” de fondos europeos y consideró “lo más grave” que el informe no se refiera —según su planteamiento— a estabilidad presupuestaria, gasto o deuda pública: “No es un problema financiero puntual; es el funcionamiento normal de la Administración gobernada por ustedes”.

Por el PP, Santiago Serrano afirmó que la Cuenta General de 2022 refleja la política presupuestaria de Emiliano García-Page y denunció “inejecución” en ingresos y gastos. A su juicio, presupuestos, modificaciones de crédito y transferencias terminan siendo “papel mojado”.

Habló de una gestión marcada por “déficit, deuda, más impuestos”, modificaciones de crédito e infracciones de la función interventora, además de “bajísima ejecución presupuestaria”, y aseguró que el presupuesto “lejos de ser una herramienta de transformación” se convierte “en un lastre” para empresarios y familias.

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, cerró el debate para matizar aspectos del informe y sostuvo que la descripción del PP se parece a la de los ejercicios 2011-2014 y parte de 2015, durante el Gobierno de Cospedal: duplicación de deuda, incremento de impuestos, no gasto, incumplimiento de objetivos de estabilidad y pago tardío a proveedores.

Defendió que la gestión actual “no se corresponde con” esa imagen y que el resumen del informe pone de manifiesto una “opinión favorable”. Añadió que el Ejecutivo cumple los plazos de la Ley de Hacienda Regional y precisó que la Cuenta de 2022 se presentó el 30 de octubre de 2023 “en el plazo marcado por la ley”, señalando además que ya están presentadas las de 2023 y 2024.

Frente a las críticas a la ejecución, afirmó que —pese a Covid y la incorporación de fondos europeos— la ejecución fue del 90% en gastos y del 86% en ingresos, y planteó a la oposición que, si la situación fuera tan “desastrosa”, no se habría podido pagar “en tiempo récord” a proveedores.

Sanidad: “falta de planificación”, “nefasta gestión” y réplica por inversión

El Pleno abordó el debate general sobre la prestación de servicios sanitarios en Castilla-La Mancha, a iniciativa acumulada de PP y PSOE.

El portavoz de Vox, David Moreno, abrió el turno refiriéndose a la huelga sanitaria y a la reivindicación de un estatuto propio para médicos y, en Castilla-La Mancha, la recuperación de la carrera profesional. Afirmó que la ciudadanía está “harta” del sistema, no de los profesionales, sino de la “mala gestión” que termina pagando el paciente.

Sostuvo que los médicos están “saturados”, que la región está por debajo de la media en médicos por mil habitantes y que se traducen en consultas de pocos minutos y guardias que pueden superar 24 horas. Criticó el modelo autonómico por generar 17 sistemas sanitarios y defendió una auditoría independiente del Sescam, “transparencia absoluta” en listas de espera, recuperar carrera profesional, un plan real de refuerzo de Atención Primaria y recortar gasto político “superfluo” para dedicarlo a asistencia sanitaria.

En su propuesta —rechazada— Vox pedía un plan nacional de sanidad para subsanar el “caos”, un estatuto médico propio, más inversión, y promover apertura de nuevos centros de Atención Primaria y ambulatorios, especialmente en zonas rurales y barrios humildes.

El diputado del PP Juan Moreno Moya sostuvo que Castilla-La Mancha “adolece” de una gestión que responda a los problemas “verdaderos y reales” once años después de la llegada de García-Page. Afirmó que han empeorado condiciones de atención, que se ha mentido a trabajadores y que no se han mejorado las condiciones de pacientes y profesionales.

Concretó que la Atención Primaria está en “colapso”, que las urgencias hospitalarias están “saturadas”, que los profesionales están “amenazados” por contar lo que pasa y “engañados” por no tener carrera profesional, y señaló listas de espera con más pacientes para intervención quirúrgica.

Su resolución —también rechazada— pedía mejoras en Atención Primaria, reducción de listas de espera, recuperar carrera profesional, reducir agresiones a sanitarios y firmar el convenio sanitario con Madrid.

El diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy centró su intervención en el PP, sosteniendo que “no puede hablar prácticamente nada” en esta materia. Comparó datos de la etapa del PP con la gestión socialista y defendió una “subida enorme” del presupuesto del Sescam del 7,6% (casi 280 millones más), con apuesta por recursos humanos (oposiciones y concursos), puesta en marcha de hospitales y aumento de inversión en personal de 1.323 millones en 2016 a 2.000 millones en 2026.

Aseguró que en personal hay “un 70% más” que con el PP y lamentó el “desprecio absoluto” de PP y Vox por la sanidad pública, acusando al PP de ir a las Cortes “a dar lecciones” sin “vergüenza”.

La única resolución aprobada fue la del PSOE, que pone en valor el compromiso del Gobierno regional con la población, reconoce la labor de profesionales y apoya la política de recursos humanos para consolidar y mejorar efectivos disponibles.

Pacto Verde Europeo: revisión, rechazo y adaptación regional

El Pleno debatió el Pacto Verde Europeo con iniciativas acumuladas de Vox y PSOE.

Vox, con David Moreno, expresó un rechazo frontal al Pacto Verde y exigió aplicar cláusulas espejo con “los mismos requisitos laborales, medioambientales, de producción y garantías de seguridad alimentaria” para importaciones. Acusó a PP y PSOE de “estafar” con supuestas cláusulas de salvaguarda y vinculó el debate al acuerdo con Mercosur, al que llamó “última ruina” para el campo español.

Reivindicó a Vox como “única garantía” en defensa del campo y la industria agroalimentaria, defendió que sin soberanía alimentaria “no hay futuro” y pidió aumentar controles en frontera para asegurar que el 100% de productos importados cumplan normativas UE. Su resolución no prosperó.

El PP, con Santiago Lucas-Torres, argumentó que desde Bruselas se admite la revisión del Pacto Verde: “Europa reconoce oficialmente que su política puede dañar al campo”, afirmó. Reclamó definir una revisión porque “no es sostenible” y planteó la disyuntiva: Europa como “continente productor” o “dependiente”.

Pidió cláusulas espejo y “refuerzo efectivo” de controles fronterizos y mecanismos de salvaguarda, reprochando a Vox que cuestione esa vía. Su propuesta quedó rechazada.

El socialista Antonio Sánchez Requena lamentó que Vox quiera “cargarse” el Pacto Verde, advirtiendo de que eso podría suponer 1.500 millones de euros menos en los bolsillos de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.

Pidió al PP “concurso realista” y defendió que el objetivo debe ser que “cada euro disponible” llegue a explotaciones. La resolución del PSOE apostó por adaptar la normativa a la realidad agraria regional, defender un modelo de PAC que dé estabilidad y reclamar a instituciones europeas que las exigencias productivas a agricultores europeos se apliquen igualmente a importaciones, reforzando reciprocidad y competencia leal.

Al finalizar, solo cristalizó la resolución socialista.

Política energética: Trillo, renovables y soberanía energética

El Pleno abordó el debate sobre política energética, con foco en renovables y la central nuclear de Trillo (Guadalajara).

El diputado de Vox Francisco José Cobo pidió al Gobierno explicar su modelo energético y criticó que el futuro pase por aumentar renovables como columna vertebral única. “Un sistema eléctrico no se sostiene solo con propagandas climáticas y buenismo”, dijo, defendiendo la nuclear como fuente con baja huella de carbono y destacando que Europa y economías industriales avanzan en esa dirección.

Afirmó que Trillo aporta energía firme y continua, “la que sostiene el sistema cuando todo falla”, y sostuvo que “no puede cerrarse”. Su resolución para paralizar cierres y desmantelamientos no prosperó.

El popular Ignacio Redondo dio la bienvenida desde el atril a representantes de la Fundación para el Avance de la Libertad y al alcalde de Trillo, Jorge Peña, presentes en la tribuna. Defendió que la nuclear es de las más limpias en emisiones, alertó de que el apagón del 28 de abril evidenció riesgos de políticas que polarizan la entrada masiva de renovables y sostuvo que la nuclear ofrece estabilidad de suministro.

Pidió mantener Trillo mientras cumpla requisitos regulatorios, subrayó como prioritario proteger empleo y economía en Guadalajara y afirmó que España debería alinearse con países europeos que refuerzan la nuclear como herramienta de descarbonización y competitividad. Incluso planteó que Trillo podría ser referencia de innovación con nuevas tecnologías como los reactores modulares pequeños, reclamando evaluar técnicamente el impacto de un cierre. Su resolución fue rechazada.

El socialista Francisco José Barato admitió que Trillo es una infraestructura importante por sistema eléctrico e impacto económico, pero rechazó reducirlo a “nucleares sí, nucleares no”. Planteó que el debate real es si Castilla-La Mancha seguirá produciendo energía para otros o la convertirá en industria, empleo y riqueza, defendiendo autoconsumo, comunidades energéticas, eficiencia energética y ayudas para reducir factura.

Sostuvo que el cierre inmediato “con el que intentan alarmar” no está sobre la mesa y que el Gobierno regional apuesta por mantener Trillo mientras el sistema necesite su potencia y se garantice la seguridad, compatible con un horizonte más renovable y autónomo.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, cerró el debate defendiendo que Castilla-La Mancha debe “tener nuestra propia energía y ser autónomos también energéticamente”. Detalló que la región genera 17.686,6 megavatios de potencia, incluyendo los 1.000 MW en continuo de Trillo, de los que “hoy por hoy no se puede prescindir”.

Reconoció que no tiene claro si de aquí a 2035 se podrá prescindir de Trillo y recordó que la central tiene 38 años, la misma edad con la que se cerró Zorita, aunque el plan permitiría llegar hasta 47 años si se cumplen condicionantes de seguridad y técnicos.

Añadió que Castilla-La Mancha es “la única región española con central nuclear que no tiene un tipo impositivo propio” y aseguró que “no tiene que caber duda” de que el Gobierno regional “apuesta por Trillo”, aunque insistió en que el mensaje va “muchísimo más allá”: producir para toda España, pero lograr que el exceso de producción se quede “en parte” en lo local.

Reclamó al Gobierno mejorar redes de transporte y dotar de subestaciones eléctricas para gestionar con más utilidad la energía renovable producida. Diferenció alargar centrales existentes de construir nuevas, preguntando a los grupos qué calendario pretenden.

Solo prosperó la resolución socialista, que insta a prolongar la continuidad de Trillo siempre que se mantengan condiciones de seguridad y en la medida en que no sea posible sustituir su producción en continuo por renovables en la misma zona.

Pacto por la caza y tauromaquia: apoyo compartido y reproches cruzados

El último debate general se centró en el pacto por la caza en Castilla-La Mancha y la tauromaquia.

El presidente de Vox en las Cortes, David Moreno, abrió el debate acusando al PSOE de “criminalizar” la caza y el mundo del toro. Se preguntó qué harán los diputados socialistas por Castilla-La Mancha si llegan al Congreso iniciativas como prohibir entrada de menores a espectáculos taurinos o su participación en caza.

Defendió el papel del sector cinegético en gestión del medio natural, su arraigo y relevancia en la región, criticando que los socialistas quieran “prohibir la caza y perseguir a los cazadores”. Sobre tauromaquia, lamentó que el PSOE quiera impedir que “nuestros hijos” vivan una tradición declarada patrimonio cultural, señalando la contradicción con vetos a menores.

La diputada del PP Lola Merino defendió “dos actividades tremendamente arraigadas” en la región, ligadas a miles de familias y jóvenes del mundo rural, y sostuvo que vuelven a sentir la “amenaza” del Gobierno central.

Reclamó que esa defensa se traduzca en un apoyo “unánime” de los tres grupos parlamentarios en defensa de jóvenes aficionados a caza y toros. Llamó a rechazar “imposiciones ideológicas” nacidas —según dijo— del desconocimiento y de ideologías radicales, y a defender el patrimonio cultural “ante quien haga falta”.

La portavoz socialista Ana Isabel Abengózar afirmó compartir “mucho” de lo dicho por Merino y recalcó que toros y caza no son “propiedad” de unos u otros. Defendió que no es una discusión simbólica ni choque ideológico, sino una posición basada en conocimiento cultural, regulación pública y responsabilidad institucional.

Reivindicó que el presidente Emiliano García-Page ha defendido “con firmeza” tauromaquia y caza. Y cargó contra Vox: dijo que escuchar a Moreno es “como el mundo al revés” por hablar de libertad, con una referencia a Lorca y la dictadura.

Tras el debate, se votaron las tres resoluciones y solo se aprobó la del PSOE, con votos en contra de PP y Vox. La resolución reconoce y apoya la iniciativa del Gobierno regional para “abrir un espacio estable de trabajo” que refuerce la tauromaquia desde responsabilidad institucional y acuerdo, frente a planteamientos unilaterales, y valora los avances en el cumplimiento del Pacto por la Caza, instando a seguir trabajando con representantes sociales del sector cinegético.

Preguntas orales al Gobierno

El Pleno concluyó con el bloque de control, en el que se formularon tres preguntas orales: sobre dificultades de acceso de los jóvenes al mercado laboral, sobre cribados pendientes de cáncer de mama y sobre la intervención estructural completa de la CM-2054 en Illana (Guadalajara), conforme al orden del día y al resumen institucional.