Castilla-La Mancha lleva al Constitucional el decreto del reparto de menores migrantes

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado recurrir el decreto sobre reparto de menores migrantes y autorizar a sus servicios jurídicos a llevarlo a cabo ante la falta de financiación del mismo por parte del Ejecutivo central.

Así lo ha dado a conocer la consejera portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla, quien ha señalado que las autonomías necesitan recursos para asumir la tutela de menores y que este decreto, del que ha lamentado que se haya aprobado sin diálogo entre las regiones, "venga además sin compensación económica"

"Por lo tanto pone en grave riesgo esa garantía del interés superior de los menores", ha considerado Padilla, quien ha querido dejar claro que la Junta "comparte la solidaridad necesaria" que se necesita, que "no entiende de límites geográficos y menos cuando estamos hablando de niños y niñas".

Sin embargo, ha afirmado que acoger "no es solo abrir la puerta" sino que se trata de acoger con dignidad, por lo que ha criticado que la situación que plantea el decreto "impide a las comunidades autónomas, al menos a Castilla-La Mancha, atender con la dignidad con la que ya lo está haciendo.

"Así que recurrimos este decreto porque Castilla-La Mancha no recibe ni un euro de financiación para atender a 500 niños y niñas que el Gobierno unilateralmente ha decidido que tienen que venir, más de los que ya atendemos", ha sostenido.

Padilla ha señalado que la atención a estos 500 menores migrantes que debería acoger Castilla-La Mancha en el reparto acordado por el Gobierno tiene un coste que ha cifrado en más de 26 millones de euros anuales. "Y la financiación prevista por parte del Gobierno es cero para Castilla-La Mancha", ha abundado.

Con todo, ha señalado que el Gobierno regional decide también recurrir este decreto en base a un informe del Consejo Consultivo que responde al requerimiento hecho por la Consejera de Bienestar Social para que este órgano se pronunciara, y que señala que hay "un flagrante quebranto" del principio de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas.

A ello añade que el Consultivo apunta que hay una posible "invasión de competencias" exclusivas de la Comunidad Autónoma en materia de atención de menores en este decreto, puesto que ya están recogidas el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

"El informe señala que no existía la necesidad de establecer una norma excepcional como un decreto que dejara fuera la opinión de las comunidades autónomas y, por lo tanto, a la conferencia sectorial. Además, dice que no debía haberse hecho por un decreto ley, porque estamos hablando de derechos fundamentales y es ámbito de una ley orgánica", ha añadido Padilla.

A ello ha añadido que incide, además, en que el decreto "no busca la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en materia de asistencia y protección. Más bien, se busca sustituir el problema". "Es un problema de España, de la Unión Europea y, con este decreto, lo que hacen es derivarlo a las comunidades autónomas, pero no se da una solución", ha agregado Padilla.

La consejera ha querido dejar claro en su comparecencia que Castilla-La Mancha no presenta este recurso para no atender a los menores, sino para que se garanticen los recursos necesarios para atenderlos con dignidad. "Y la prueba es que ya lo venimos haciendo porque hemos cumplido y cumplimos con todos los menores que vienen a Castilla-La Mancha o que son de Castilla-La Mancha y necesitan de nuestra tutela".

En concreto, ha apuntado que la región cuenta ya con más de 1.100 niños tutelados de los cuales 550 están acogidos con familias y 560 en plazas del sistema de acogida. "Lo que ha establecido el gobierno es que además de esos 1.100 niños que ya atendemos, atendamos a 500 porque dicen que tenemos más capacidad, pero nuestros centros están a una ocupación del 96,5 por ciento".

Es por ello por lo que ha defendido que no se puede establecer la capacidad de acogida de una comunidad autónoma en función del número de habitantes y ha reiterado que hay que tener los recursos suficientes.

"Si Castilla-La Mancha dice sin más sí a ese decreto y empiezan a venir niños y niñas ¿dónde los metemos?, porque los recursos nuestros están al 96,5 por ciento. ¿Qué plantean, que habilitemos un hangar como ya propusieron en otra ocasión? Es que nosotros no creemos en ese modelo", ha argumentado Padilla.

13,2 MILLONES EN ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

En otro orden, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una inversión de 13,2 millones de euros para reforzar la atención pública a personas con discapacidad intelectual, a través de tres contratos en centros residenciales de Albacete, Toledo y Ciudad Real.

Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo regional, quien ha destacado que estos acuerdos, "que suman una inversión importantísima", son indispensables para continuar fortaleciendo la red pública de apoyo a las personas más vulnerables, así como "el modelo centrado en la calidad que opera en Castilla-La Mancha".

Uno de ellos, según ha revelado la portavoz, está dirigido a la gestión integral del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADI) 'La Piedra Encantada' en Abengibre (Albacete), que cuenta con 40 plazas residenciales y diez de centro de día.

El contrato, que supone un importe de más de 8,2 millones de euros, garantizará la prestación de servicios como apoyo personal, atención sanitaria, restauración, transporte adaptado, limpieza, lavandería o mantenimiento de instalaciones. El nuevo contrato tendrá una duración inicial de tres años a partir del 1 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga por dos años más.

También se ha autorizado el contrato para la gestión integral de la residencia 'Santa Teresa' para personas con discapacidad intelectual en Villafranca de los Caballeros (Toledo), con una inversión de más de 3,1 millones de euros, según ha continuado Padilla. El nuevo contrato, que dará cobertura a 34 plazas residenciales, también garantizará servicios fundamentales de atención, alojamiento y apoyo. Tendrá una vigencia inicial de tres años desde el 1 de noviembre de 2025, prorrogable otros dos.

Padilla ha indicado también que el tercer acuerdo aprobado se refiere al contrato del servicio de restauración del CADIG 'Guadiana' en Ciudad Real, dotado con 1,9 millones de euros. Este servicio garantiza una alimentación saludable y adaptada a las necesidades de las 105 personas usuarias del centro, e incluye tanto a los residentes, como a las personas que utilizan el servicio de estancias diurnas, tal y como ha puntualizado la consejera. El nuevo contrato entrará en vigor el 1 de enero de 2026 por un periodo inicial de tres años, con opción a prórroga.

La portavoz del Gobierno regional ha destacado que estos centros "responden las necesidades de quienes precisan apoyos específicos cuando su entorno familiar no puede proporcionarlos", a la vez que permiten que "muchas personas con discapacidad vivan con dignidad y plenitud sin verse obligadas a abandonar su entorno".

Padilla ha incidido en que estos acuerdos no son sólo presupuesto, "son dignidad para miles de personas que hoy viven mejor", porque, según sus palabras, "Castilla-La Mancha es una tierra que cuida, especialmente de aquellos y aquellas que más lo necesitan".

VACUNAS PARA PROTEGER A LACTANTES

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la adquisición de 14.000 dosis de 'Niservimab', una vacuna destinada a la inmunización de neonatos y lactantes, por un importe de más de tres millones de euros, tal y como ha anunciado la consejera Portavoz.

Según ha explicado, se trata de un anticuerpo monoclonal frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de infecciones en las vías respiratorias inferiores en menores de un año, especialmente bronquiolitis y neumonías. También representa un riesgo importante para personas mayores de 65 años y aquellas que presentan condiciones de vulnerabilidad.

"A nivel mundial, este virus es ya la segunda causa de muerte en menores de un año", ha advertido la portavoz. De hecho, en España, las infecciones por VRS suponen anualmente una importante sobrecarga asistencial todos los inviernos, tanto en los servicios de Atención Primaria como en los hospitales.

AUTOBOMBAS DE INFOCAM

Además, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una inversión de 988.000 euros para garantizar el mantenimiento integral de la flota de vehículos autobomba del dispositivo Infocam, durante el periodo comprendido entre 2025 y 2027, tal y como ha anunciado Padilla, quien ha subrayado que el operativo dispone actualmente de más de 90 vehículos entre camiones autobomba y nodrizas, distribuidos estratégicamente por toda la región.

Según ha explicado, se trata de medios que intervienen directamente tanto en las labores de extinción como en la primera respuesta ante cualquier conato, y que resultan esenciales para actuar "con rapidez y eficacia" en la protección del medio natural. "Este acuerdo permitirá que los medios estén siempre listos cuando se los necesite, a la vez que garantiza que las trabajadoras y trabajadores del Infocam desarrollen su labor en condiciones de seguridad", ha explicado.

Según ha concretado la portavoz, la flota está compuesta por 50 autobombas de dos componentes (conductor y ayudante), 37 autobombas (retén con entre cuatro y cinco profesionales) y cinco nodrizas con capacidad para transportar entre 12.000 y 14.000 litros, ha informado la Junta en nota de prensa.

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CAMPIÑA BAJA

También, la portavoz ha anunciado la autorización de un encargo de emergencia a la empresa pública Tragsa, por un importe de casi 280.000 euros, a través de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. Según ha revelado, se trata de las obras de emergencia en el puente que sostiene la tubería principal del sistema de abastecimiento de la Campiña Baja, a su paso sobre el arroyo Torote, en la provincia de Guadalajara.

La actuación, ha explicado, responde a los daños provocados por las lluvias torrenciales del pasado mes de marzo, que provocaron el colapso de uno de los apoyos del puente. Una situación que amenaza el suministro a más de 13.200 personas de cinco localidades, entre las que se encuentran Galápagos, El Casar, El Coto, Mesones y Valdenuño-Fernández.

La nueva solución técnica prevé modificar el trazado existente, derivando la tubería por debajo del río Torote, de manera que se atraviese el cauce, tal y como ha detallado la portavoz. Además, se instalará una conducción provisional que permita mantener el abastecimiento durante la ejecución de las obras.

La portavoz ha puesto en valor que el Ejecutivo regional, no solo actúa "cuando los daños ya se han producido", como ocurrió en 2023 con la tubería de Picadas o con la DANA del pasado año, sino también de forma preventiva. "El puente sostiene, por el momento, la tubería, pero queremos evitar un posible derrumbe. Nuestra prioridad es anticiparnos, garantizar la seguridad y asegurar el abastecimiento", ha subrayado.

NUEVO BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)

Por último, el Consejo de Gobierno ha acordado declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, el Pozo de Nieve de Villajos, ubicado en el municipio ciudadrealeño de Campo de Criptana. Según ha apuntado la consejera portavoz, esta declaración reconoce el "valor histórico y arquitectónico de un inmueble singular", considerado uno de los mejores ejemplos de arqueología industrial conservados en Castilla-La Mancha.

"Proteger este tipo de inmuebles es cuidar las huellas que explican quiénes fuimos y cómo vivíamos", ha subrayado Padilla, quien ha incidido en que estos bienes nos conectan con un tiempo en el que la sabiduría popular resolvía grandes retos con ingenio.

Según ha explicado, este tipo de construcciones, conocidas como "neveros" o "pozos de nieve", eran fundamentales para almacenar nieve durante el invierno y disponer de hielo durante los meses cálidos y, así, garantizar la conservación de alimentos o medicinas. En concreto, el Pozo de Nieve de Campo de Criptana podía albergar hasta 190 toneladas de hielo, tal y como ha puntualizado la portavoz.

Su existencia está documentada desde 1752, aunque probablemente fue construido a finales del siglo XVII. Se trata de una estructura cilíndrica, con planta circular de más de seis metros de diámetro y más de siete metros de profundidad, que conserva elementos originales de gran valor, como la red de drenaje, los canales radiales o el pozo de decantación.

Situado a unos cuatro kilómetros al norte del núcleo urbano, junto al Santuario del Santísimo Cristo de Villajos, el pozo alberga hoy un Centro de Interpretación que permite a los visitantes conocer su historia y funcionamiento, según ha manifestado la portavoz.

"Esta declaración es una oportunidad para preservar nuestro patrimonio y, al mismo tiempo, dinamizar el entorno desde el punto de vista cultural y turístico", ha añadido Padilla, tras explicar que, aunque el bien se encuentra en un estado óptimo de conservación y uso, su protección como BIC refuerza su presencia en la vida institucional y cultural del municipio.