Vivienda, biometano y cuchillería de Albacete protagonizan el pleno de las Cortes

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha celebrado este jueves, 28 de mayo de 2026, en Toledo aprobó tres resoluciones socialistas en los debates generales que coparon la jornada parlamentaria: el acceso a la vivienda de los jóvenes y la fiscalidad del ITP, la regulación de las plantas de biometano y la defensa del sector cuchillero de Albacete ante una proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados que podría endurecer la legislación sobre armas blancas. En los tres casos, las propuestas del PP y de Vox fueron rechazadas con los votos en contra de la mayoría socialista.

El debate sobre vivienda abrió la sesión con una polémica de fondo: el anuncio realizado a principios de año por el Gobierno regional sobre la rebaja del tipo del ITP para menores de 36 años del 5% al 3%, aplicable desde el 1 de enero de 2026, nunca llegó a materializarse en los términos previstos, generando lo que la oposición calificó de grave inseguridad jurídica para miles de jóvenes compradores.

El diputado de Vox David Moreno fue el más contundente en su denuncia: "Page es un fraude", afirmó, lamentando que el anuncio "no se cumpliera, generando frustración y una mayor carga tributaria". Vox presentó propuestas que incluyen una "bajada real" de impuestos, la eliminación del gasto político "superfluo" y el principio de "prioridad nacional" en materia de vivienda. Su resolución fue rechazada con el voto en contra del PSOE y la abstención del PP.

El diputado del Partido Popular Santiago Serrano puso el foco en la emancipación juvenil, que "apenas llega al 10% en Castilla-La Mancha", y en que los jóvenes deben destinar "el 60% del salario" para la compra o el alquiler de vivienda. Serrano denunció que el Gobierno "publicó en las plataformas oficiales" la bajada impositiva "y finalmente no fue verdad", obligando a los ciudadanos a navegar en un "completo desastre" de gestión. El PP presentó una batería de propuestas que contempla, entre otras, deducciones al arrendamiento de viviendas vacías, bonificaciones para víctimas de violencia de género y la rebaja del ITP para menores de 40 años y zonas afectadas por la despoblación. Su resolución también quedó rechazada.

Por el PSOE, el diputado Álvaro Toconar respondió con el anuncio que García-Page realizó ese mismo día: la retroactividad de la rebaja fiscal al 1 de enero de 2026. "Ha tenido que venir a desmentirles el propio presidente de Castilla-La Mancha", recalcó Toconar, quien acusó a PP y Vox de "meter ruido y generar incertidumbre". La resolución socialista, que instaba a adoptar "las medidas legislativas necesarias" para aplicar con carácter retroactivo las bonificaciones del ITP y de los Actos Jurídicos Documentados, fue la única aprobada, con los votos favorables del PSOE y la abstención de PP y Vox.

Regulación del biometano

El segundo debate general abordó la implantación de plantas de biometano en la región, un asunto que ha generado alarma en varios municipios ante la proliferación de proyectos de gran escala. Tanto PP como Vox coincidieron en que el Gobierno llegó "tarde" con su regulación, aunque divergieron en el alcance de sus críticas.

El diputado de Vox Luis Blázquez acusó a PP y PSOE de "dogmatismo ideológico e hipocresía", señalando que "primero impulsan políticas energéticas, luego hay una avalancha de proyectos y, por último, cuando los vecinos se rebelan, les entran las prisas". Vox no se opone al biometano como tal, explicó, sino a "la proliferación descontrolada de macroproyectos impulsados únicamente por intereses especulativos", comparando la situación con lo ocurrido con las plantas solares. Su resolución, que pedía entre otras cosas que las plantas no se implanten "masivamente" sin planificación y que se respete la voluntad de los municipios, fue rechazada.

La diputada del PP Itziar Asenjo compartió ese diagnóstico y defendió que el biometano "puede ser una oportunidad para la región" si se hace "con orden, con garantías y escuchando a los pueblos". Criticó al Gobierno por "impulsar proyectos y generar expectativas para echarse atrás cuando llegan los problemas". La propuesta del PP, que exigía criterios objetivos, garantías ambientales y participación vecinal, también fue rechazada por el PSOE.

El diputado socialista Francisco José Barato defendió la resolución de su grupo, descrita como la regulación "más estricta, más garantista y más progresista de toda España". La propuesta aprobada refuerza el poder de decisión de los ayuntamientos, limita la procedencia de residuos a un radio máximo de 35 kilómetros, prohíbe las balsas abiertas, exige el transporte en cubas cerradas y rutas que eviten el paso de camiones por los municipios, e instala medidores públicos de calidad del aire. Salió adelante con los votos del PSOE y la abstención de PP y Vox.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, cerró el debate comprometiéndose a "recoger el guante": "tenemos que ser estrictos, tenemos que ordenar el despliegue de estas instalaciones", asumió, destacando que la nueva regulación también permitirá que los agricultores y ganaderos de la región puedan someter sus subproductos a valorización energética.

Defensa unánime de la cuchillería de Albacete

El tercer debate de la jornada reunió el único momento de acuerdo transversal: el respaldo al sector cuchillero de Albacete ante la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados que insta al Gobierno central a endurecer la legislación sobre armas blancas, con más sanciones, menos tipos de armas autorizadas y cambios penales para frenar el aumento de agresiones en la vía pública.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, abrió el debate dando "todo" el apoyo del Gobierno regional al sector, del que viven "más de mil familias" en la comunidad autónoma. Recordó que el presidente García-Page "se comprometió claramente con el sector la pasada semana" y avanzó que el próximo lunes se publicará una línea de ayudas de 600.000 euros a las actividades artesanas, incluidas las cuchilleras. "Nadie entiende la provincia de Albacete sin su cuchillería", subrayó. El sector afronta, además, un entorno internacional complejo por la competencia asiática.

El diputado de Vox Francisco Cobo pidió que el debate se aborde "con pausa", defendiendo que la cuchillería pertenece a "un reducido grupo de sectores que han conseguido unir economía, tradición y sentimiento de pertenencia". La diputada del PP María Gil reclamó que el sector, formado mayoritariamente por pymes, talleres artesanos y distribuidores "que trabajan dentro de la legalidad", quede "al margen" de cualquier modificación normativa. "Albacete es la ciudad de la cuchillería por excelencia de toda España", zanjó.

La parlamentaria socialista Marisa Sánchez mostró el apoyo "sin fisuras" del PSOE, recordando que la producción en la provincia de Albacete alcanza ya el 90% del total nacional del sector. Sin embargo, no evitó la crítica al PP, acusando a Gil de "disfrazar la realidad" al omitir que el 22 de abril su partido presentó en el Congreso una propuesta "para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana causada por el incremento del uso de armas blancas".

A pesar de la coincidencia de fondo, el acuerdo no se trasladó a las resoluciones. La de Vox, que instaba al Gobierno regional a apoyar "sin fisuras" al sector fomentando la artesanía y los oficios tradicionales, fue rechazada. La del PP, que se adhería al acuerdo municipal de Albacete en defensa de la cuchillería y pedía diferenciar "con absoluta claridad" entre las conductas violentas y la actividad legítima del sector, también cayó. Solo prosperó la resolución socialista, con la abstención de Vox, que reconoce la importancia del sector y compromete a las Cortes a defender sus intereses "ante cualquier iniciativa que ponga en riesgo esta industria con una trayectoria avalada por cinco siglos".

Antenas de televisión y sanidad

Antes de las preguntas orales, la cámara votó una proposición no de ley presentada por Vox que pedía al Gobierno regional crear una línea de apoyo para cofinanciar "al menos el 25%" del mantenimiento de las antenas de televisión en municipios de extrema despoblación, medida que fue rechazada con los votos en contra del PSOE.

El diputado de Vox Iván Sánchez defendió la propuesta como una cuestión de igualdad: "no puede haber una Castilla-La Mancha para fotos y otra que esté completamente olvidada". El PP la apoyó, exigiendo además que se audite el estado real de los centros emisores. Sin embargo, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, la tildó de "absolutamente demagógica", argumentando que la televisión digital terrestre se ve en todos los municipios y que la Junta destina ya 10,5 millones de euros durante los próximos cinco años a la difusión de la TDT en unas 477 localidades con cerca de 130.000 habitantes.

El bloque de control al Ejecutivo lo protagonizó una interpelación del PP, respondida por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, sobre las listas de espera y las demoras asistenciales. El diputado popular Juan Antonio Moreno Moya denunció que en Castilla-La Mancha hay actualmente 99.505 pacientes en lista de espera, más que los 97.921 que había cuando el PSOE llegó al poder en 2015, y que la espera quirúrgica afecta ya a 40.016 personas frente a las 32.906 de hace una década. "El 5% de la población de esta región está esperando ser atendido", advirtió.

Fernández Sanz respondió que la sanidad actual "salva más vidas, diagnostica antes y trata más patologías" que hace diez años, y recordó que el PP llegó a acumular 183.000 pacientes en lista de espera durante la legislatura Cospedal (2011-2015). Subrayó que las pruebas diagnósticas de imagen han pasado de cuatro millones a más de siete millones y medio al año, un incremento del 87%, y que los hospitales de la región superan ya las 500 intervenciones diarias.

El diputado de Vox Iván Sánchez acusó al Gobierno de "maquillar" los datos y de gestionar un sistema sanitario "al borde del colapso", mientras el socialista Ángel Tomás Godoy reconoció que "hay dificultades" pero criticó que el PP hable de opacidad cuando fue su gobierno "el que durante tres años no publicó las listas de espera".

Preguntas orales

La sesión se cerró con tres preguntas orales de la oposición. El PP preguntó sobre el autoempleo femenino en la región, respondida por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y sobre el estado de los centros educativos públicos, respondida por el consejero de Educación, Amador Pastor. Por su parte, Vox preguntó sobre el impacto de la inmigración en la red de servicios sociales de la comunidad autónoma, cuestión que fue respondida por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García.