Castilla-La Mancha exige nuevas reglas y los ribereños rechazan trasvasar 168 hm3
El Gobierno de Castilla-La Mancha lanzó este miércoles un nuevo aviso al Ejecutivo central para que “reaccione cuanto antes” y modifique las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, cuya actualización acumula más de un año de retraso.
A la vez, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía confirmó que recurrirá judicialmente el trasvase de 168 hectómetros cúbicos autorizado esta semana y que pedirá medidas cautelares inmediatas para evitar que el agua salga de la cabecera del Tajo.
La jornada concluyó con una reunión en Madrid entre la Junta y el Ministerio para la Transición Ecológica que terminó sin avances significativos, lo que mantiene abierto el pulso político, técnico y jurídico sobre el futuro del acueducto.
Ambas posiciones, expresadas en paralelo, reflejaron la creciente presión política y social sobre el Gobierno de España para que acelere la revisión de un sistema que los colectivos afectados consideran obsoleto, injusto y contrario a la normativa vigente.
“La paciencia se agota”, avisó la Junta
La consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, manifestó en rueda de prensa en Cuenca que el Gobierno regional estaba dispuesto a agotar las vías de diálogo con el Ministerio para la Transición Ecológica.
Sin embargo, advirtió de que “si no se produce un cambio inmediato, nos veremos obligados a acudir a los tribunales”.
Según Padilla, la situación resultaba ya insostenible: “Estamos ya fuera de todos los tiempos y cada vez vemos el asunto con menos comprensión que al principio”. Recordó que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ya adelantó que se pedirá la ejecución de la sentencia que obliga a revisar las reglas si el Ministerio no actúa.
La portavoz confirmó que este miércoles estaba programada en Madrid una reunión entre la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. No obstante, reconoció que se desconocía el orden del día y no sabían si se pondría por fin sobre la mesa el borrador de las nuevas normas de explotación.
Padilla fue tajante: “Aquí no vale ganar tiempo, ni ponerse de perfil, ni intentar quedar bien con unos y con otros. Hay unas normas que cumplir”.
En su opinión, la falta de reglas actualizadas permite que se sigan autorizando trasvases de manera irregular, como el aprobado el martes, pese a que el año hidrológico concluyó el 30 de septiembre.
Además, criticó que el propio Gobierno de España “aprueba normas que luego decide no cumplir”, lo que genera un escenario de inseguridad jurídica y un perjuicio directo para los municipios ribereños y para el propio río Tajo.
Una reunión sin avances
La esperada reunión de la tarde entre Mercedes Gómez y Hugo Morán se cerró finalmente sin resultados.
Según confirmaron fuentes de la Consejería a Europa Press, el encuentro sirvió para repasar diversos asuntos medioambientales. Entre ellos, la modificación de las reglas de explotación del trasvase.
En este punto, “no ha habido ningún avance significativo, por lo que continuaremos trabajando e insistiendo con argumentos técnicos y jurídicos la necesidad de su modificación”, señalaron desde el Ejecutivo autonómico al término de la reunión.
Los ribereños llevarán al juzgado el trasvase de 168 hm³
De forma paralela, la Asociación de Municipios Ribereños anunció que recurrirá la decisión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, que el martes aprobó el envío de 168 hectómetros cúbicos en los próximos meses.
La autorización incluía volúmenes ya aprobados previamente —como los 27 hectómetros de septiembre— que no pudieron ejecutarse por la rotura del canal en agosto. Sin embargo, los ribereños sostuvieron que, de acuerdo con la normativa vigente, los volúmenes no trasvasados dentro del año hidrológico caducan automáticamente, salvo en situaciones de catástrofe o extrema necesidad.
El presidente de la asociación, Borja Castro, calificó la decisión de “flagrantemente ilegal” porque “no cabe trasladar de un año hidrológico a otro las cantidades no trasvasadas”.
Recordó que en este año hidrológico ya se habían enviado 321 hectómetros cúbicos, cifra que coincide con la media histórica de trasvases y que equivale al consumo de agua de Madrid durante dos años.
“Es evidente que no existe ninguna situación de extrema necesidad. Se han trasvasado los mismos volúmenes que la media histórica y las necesidades del Levante están cubiertas”, recalcó.
Por ello, la asociación estudia interponer recurso y solicitar medidas cautelares inmediatas, dado que “si el agua se va, se ha ido; no podemos esperar a una sentencia firme”.
Riesgo de vaciamiento de Entrepeñas y Buendía
Los ribereños alertaron de que la autorización llega tras un año y medio de retraso en la aprobación de las nuevas reglas de explotación.
A esto se suma la última sentencia del Tribunal Supremo, que prohíbe escalonar los caudales ecológicos y que, según Castro, puede acelerar el vaciamiento de los embalses de la cabecera.
“Entrepeñas y Buendía se vaciarán con relativa rapidez si no se modifican ya las reglas”, advirtió el presidente de la asociación.
Y concluyó con un mensaje claro: “El Tajo necesita reglas claras, justas y adaptadas a la realidad climática actual. No podemos seguir funcionando con normas obsoletas que ni siquiera se cumplen”.
Concluye la reparación del canal en Liétor
En paralelo a la polémica, el Ministerio para la Transición Ecológica informó de que habían finalizado con éxito las obras de reparación del canal del trasvase en Liétor (Albacete), averiado desde el pasado 7 de agosto.
Las actuaciones, desarrolladas por la Confederación Hidrográfica del Tajo, se ejecutaron conforme al calendario previsto y permitirán restablecer el normal funcionamiento del acueducto y retomar el envío de los volúmenes pendientes.
Según los datos del Ministerio, a 1 de septiembre los embalses de cabecera almacenaban 1.266,4 hectómetros cúbicos, lo que situaba al sistema en nivel 2 después de cinco meses en nivel 1.
Las previsiones apuntan a que se mantendrá en ese nivel durante todo el semestre. En este contexto, la Comisión Central de Explotación autorizó este martes de forma automática el trasvase de 27 hectómetros cúbicos para septiembre.
Un conflicto histórico
El trasvase Tajo-Segura, inaugurado en 1979, ha sido desde entonces uno de los proyectos hidráulicos más polémicos de España.
El sistema permite llevar agua desde la cabecera del Tajo hacia el Levante, principalmente a Murcia, Alicante y Almería, para abastecimiento y regadío.
El conflicto ha sido constante entre las comunidades cedentes y receptoras. Mientras el Levante sostiene que el trasvase es imprescindible, Castilla-La Mancha y los municipios ribereños denuncian que los embalses se vacían sistemáticamente, poniendo en riesgo tanto el abastecimiento local como el caudal ecológico del propio Tajo.
Las reglas actuales establecen volúmenes trasvasables en función de los niveles de agua embalsada, pero los críticos reclaman que se adapten a la realidad climática, marcada por sequía estructural y cambio climático.
En los últimos años, varias sentencias judiciales y directivas europeas han obligado al Gobierno a reforzar la protección ambiental del Tajo. Sin embargo, la actualización de las reglas se ha retrasado reiteradamente, generando un clima creciente de tensión política, jurídica y social en torno al trasvase.
