Extinguido el incendio de Almorox catorce días después de declararse

El Infocam declaró extinguido a las 21:10 horas del miércoles el incendio forestal de Almorox (Toledo), poniendo fin a quince días de lucha contra un fuego que calcinó 900 hectáreas en la provincia de Toledo, afectó a más de una veintena de viviendas, cruzó a la Comunidad de Madrid y se unió al que ardía simultáneamente en San Martín de Valdeiglesias, formando uno de los complejos de incendios más graves del verano en la región. La extinción fue registrada por el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El incendio había quedado controlado a las 15:46 horas del mismo miércoles, según informó el propio Infocam. Horas después, ya sin efectivos trabajando sobre el terreno, el servicio certificó la extinción completa. El fuego fue detectado el 22 de julio a las 16:52 horas por un vigilante fijo en el paraje 'Pino de la Parra', dentro de la urbanización El Pinar de Almorox. Desde ese primer aviso hasta la extinción, el incendio llegó a movilizar 62 medios y 274 personas en las labores de extinción, obligó a declarar la emergencia nacional y a movilizar unidades de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y forzó la evacuación de varias urbanizaciones y localidades de la zona.

Dos detenidos por usar una radial con riesgo extremo

La Guardia Civil detuvo días atrás a dos vecinos de Almorox, de 51 y 42 años, como presuntos autores materiales del incendio. La investigación fue llevada a cabo conjuntamente por efectivos del Seprona de la Comandancia de Toledo y del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, integrados en la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Los investigadores localizaron el punto exacto de inicio del incendio, donde hallaron indicios concluyentes de la ejecución reciente de trabajos de soldadura sobre una estructura metálica ubicada en terreno forestal. Las pesquisas permitieron identificar a los dos detenidos como presuntos responsables de esos trabajos y determinar que la finca donde se realizaban era propiedad de uno de ellos.

La actividad que llevaban a cabo estaba expresamente prohibida por la normativa vigente, que durante la época de peligro de incendios forestales veda el empleo en terrenos forestales de maquinaria, equipos o herramientas susceptibles de generar llamas, chispas, deflagraciones o descargas eléctricas. La prohibición adquiere especial relevancia cuando el Índice de Propagación Potencial de Incendios (IPP) se sitúa en nivel extremo, como ocurría el día de los hechos, la categoría de mayor riesgo de la escala empleada por los servicios de extinción para evaluar las condiciones que favorecen la propagación del fuego.

Libertad provisional con obligación de comparecer cada lunes

Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, los dos arrestados comparecieron ante el juez titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrijos, en funciones de guardia. El juez decretó para ambos la libertad provisional con las siguientes medidas cautelares: obligación de comparecencia ante el juzgado todos los lunes, prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte. A los dos hombres se les imputa provisionalmente un delito contra el medio ambiente, figura que deberá concretarse a lo largo de la investigación judicial, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).

Un incendio que llegó a declarar la emergencia nacional

El incendio de Almorox formó parte del gran complejo que durante días castigó la sierra oeste de Madrid y el norte de Toledo, con un impacto especialmente grave en la provincia toledana. Su rápida propagación, favorecida por el índice de riesgo extremo y las condiciones meteorológicas del verano, llevó al Gobierno central a declarar la emergencia nacional, activando medios extraordinarios del Estado. El Gobierno de Castilla-La Mancha asumió posteriormente la dirección de la extinción en la provincia de Toledo, al salir de ese marco de emergencia nacional. El fuego causó numerosos daños materiales en ambas comunidades autónomas, afectó a más de una veintena de viviendas particulares y dejó una huella de 900 hectáreas calcinadas en suelo toledano como balance final de una de las peores jornadas forestales del verano de 2026.