Primera ley climática de Castilla-La Mancha: plan clave frente a la desertificación
La Junta inicia una nueva fase participativa para definir la norma.
El texto buscará descarbonizar la economía y reforzar la resiliencia regional.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un nuevo paso en la elaboración de su futura Ley de Cambio Climático tras celebrar en Toledo la primera reunión del grupo de trabajo encargado de desarrollar esta normativa, que ya cuenta con un borrador de estructura y bases técnicas definidas.
El encuentro, organizado por la Consejería de Desarrollo Sostenible y presidido por la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, marca el inicio de una nueva fase participativa para dar forma al texto definitivo de la ley.
Durante la reunión, el Ejecutivo autonómico ha puesto de relieve que este proceso forma parte de una hoja de ruta diseñada para construir el primer marco normativo autonómico en materia de cambio climático, un proyecto estratégico en el que la región lleva años trabajando.
Según ha explicado Haro, la Junta ha completado ya etapas clave como la consulta pública previa en 2024 y la celebración de dos talleres técnicos internos en 2025, en los que se han identificado prioridades, necesidades y objetivos de la futura norma.
Además, se ha elaborado un primer borrador de estructura, acompañado de un análisis del marco normativo estatal y autonómico y de un informe de propuestas. “Contamos con un documento sólido, razonado y alineado con los compromisos climáticos nacionales e internacionales”, ha afirmado.
Arranca una nueva fase participativa
La reunión celebrada en Toledo supone el inicio de una nueva etapa centrada en la participación de agentes externos e internos, con el objetivo de garantizar una ley útil, viable y ambiciosa.
“Queremos escuchar a quienes están llamados a aplicar la ley y a quienes conviven con los retos climáticos”, ha señalado Haro, quien ha destacado que este proceso permitirá reforzar la calidad del texto y su legitimidad social.
Tras esta fase, las aportaciones recogidas se analizarán e integrarán en el anteproyecto definitivo, que será sometido a informes técnicos, jurídicos y sectoriales, así como a exposición pública y al dictamen del Consejo Consultivo.
Descarbonización, adaptación y protección del territorio
Entre los principales objetivos de la futura ley destacan la descarbonización progresiva de la economía regional, el impulso de medidas de adaptación para proteger la salud, el territorio y los sectores productivos, así como el refuerzo del papel de las superficies forestales como sumideros de carbono.
Asimismo, la norma pretende integrar el cambio climático en todas las políticas públicas y prestar especial atención a los sectores y colectivos más vulnerables.
La directora general ha advertido de que Castilla-La Mancha es una de las regiones más expuestas a fenómenos como la desertificación y los eventos climáticos extremos, lo que refuerza la necesidad de contar con una herramienta legislativa específica.
Oportunidad para transformar el modelo productivo
El Gobierno regional concibe esta ley no solo como una obligación ambiental, sino como una oportunidad para impulsar la economía.
En este sentido, la futura norma promoverá la transición energética, el desarrollo de energías renovables, la eficiencia en el uso del agua y el fomento de una agricultura sostenible, con el objetivo de generar empleo y mejorar la competitividad.
Actualmente, Castilla-La Mancha no dispone de una ley autonómica en esta materia, por lo que su aprobación supondrá dotar a la región de un instrumento clave para planificar su futuro climático con seguridad jurídica y ambición.
“Esta ley nacerá con una vocación clara: garantizar un futuro resiliente y avanzar hacia una economía baja en carbono sin comprometer nuestra capacidad productiva”, ha concluido Esther Haro.
