Cuatro detenidos en Seseña por 400 empadronamientos ilegales

La Guardia Civil desarticuló en Seseña (Toledo) una red criminal organizada que captaba a ciudadanos extranjeros en situación irregular y les facilitaba, a cambio de un pago de entre 300 y 400 euros, la documentación necesaria para regularizar su situación administrativa en España mediante empadronamientos fraudulentos. La operación se saldó con cuatro detenidos y ha afectado a un total de 400 personas, principalmente de nacionalidades marroquí, tunecina, argelina y egipcia.

La investigación arrancó cuando los agentes detectaron un incremento desproporcionado e inusual de solicitudes de empadronamiento en el municipio toledano. El volumen de inscripciones en algunos inmuebles resultó llamativo: en una sola vivienda llegaron a figurar empadronadas hasta 91 personas, una cifra que alertó a los investigadores sobre la posible existencia de una trama organizada.

Tras analizar de forma pormenorizada los expedientes de empadronamiento tramitados, el instituto armado verificó que numerosas solicitudes habían sido presentadas de forma reiterada por las mismas personas o mediante contratos de arrendamiento con indicios evidentes de falsedad documental. La investigación permitió identificar una estructura dedicada específicamente a esta actividad ilícita, cuyo principal modus operandi consistía en falsificar documentos y aportar autorizaciones supuestamente firmadas por propietarios de viviendas para obtener los empadronamientos.

La delegación del Gobierno pide no vincular la operación con el proceso de regularización

En declaraciones a los medios de comunicación, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, quiso desligar la operación policial del proceso de regularización actualmente en curso en España. "Esta operación no es contra el proceso de regularización, sino que va en la línea de esclarecer empadronamientos ilegales en Seseña", señaló Sabrido. El delegado fue tajante al subrayar que la regularización "en ningún caso contempla empadronamientos ilegales" ni permitirá que a través de ella "se pueda haber cometido ningún tipo de delito".

Sabrido realizó estas declaraciones tras participar en el minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia machista y ofreció un dato relevante sobre la cronología de los empadronamientos investigados: según indicó, "muchos de ellos, probablemente más del 50 por ciento, corresponden a antes del 31 de diciembre de 2025 o antes del 1 de enero de 2026". En consecuencia, la investigación deberá determinar si en torno a 200 empadronados habrían podido regularizarse antes de esa fecha por vías legales.

El empadronamiento, una competencia exclusivamente municipal

El delegado también recordó que el empadronamiento es "una competencia exclusivamente municipal", lo que implica que el Ayuntamiento de Seseña será el encargado de verificar si las inscripciones investigadas responden a la realidad. Sabrido precisó que las comprobaciones deberán realizarse también "respecto a los ciento y pico" empadronamientos posteriores al 1 de enero de 2026, fecha clave para la aplicación del proceso de regularización.

El representante del Gobierno central en la región insistió en que la Guardia Civil actúa para garantizar el cumplimiento de la ley, algo que, en sus palabras, "es bueno para todos, para los empadronados y para los no empadronados, y por supuesto para la regularización". La investigación permanece abierta y los agentes trabajan para esclarecer el alcance total de la trama y depurar posibles responsabilidades penales, en un caso que ha situado a Seseña en el foco de la actualidad nacional en relación con la gestión migratoria y el control del padrón municipal.