La brecha salarial en servicios sociales llega a las Cortes de Castilla-La Mancha
Trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales de atención primaria de Castilla-La Mancha llevaron este jueves su reivindicación hasta las puertas de las Cortes regionales en Toledo, donde exigieron al Gobierno autonómico la equiparación salarial real y efectiva con los profesionales que realizan las mismas funciones bajo contratación directa de la Junta de Comunidades.
La protesta coincidió con el pleno de las Cortes, donde el debate sobre sus condiciones laborales enfrentó a los tres grupos parlamentarios. El PSOE destacó subidas ya aplicadas y anunció un "incremento notable" para 2026; el PP exigió una equiparación real financiada por la Junta, y Vox acusó al Ejecutivo regional de perpetuar "una desigualdad" con "inacción intencionada". La única propuesta que prosperó fue la del grupo gobernante.
La Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha protagonizó este jueves dos concentraciones en Toledo para visibilizar una situación que sus integrantes describen como una "injusticia": los profesionales contratados por los ayuntamientos y mancomunidades cobran hasta un 40% menos que quienes desempeñan exactamente las mismas funciones bajo contratación directa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM). La primera movilización tuvo lugar a primera hora de la mañana frente a la Consejería de Bienestar Social y la segunda, al mediodía, frente a las Cortes regionales, justo cuando el parlamento autonómico debatía en pleno las condiciones laborales de este colectivo.
La portavoz de la plataforma en la concentración ante las Cortes, Irene Jiménez, cifró el agotamiento del sector: "Llevamos demasiado tiempo esperando una respuesta que no llega, tres años, ocho reuniones con la Consejería y no nos han dado ninguna solución". Jiménez subrayó que la plataforma agrupa a trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y profesionales de la administración que padecen una "situación muy precaria a nivel salarial, con unos salarios muy por debajo de lo que nos corresponde según nuestra categoría profesional y las funciones que realizamos". Su exigencia es concreta: "Queremos mismo salario por el mismo trabajo y es la Consejería la que tiene que poner la solución".
La raíz del problema: convenios congelados desde 2010
La plataforma sitúa el origen de la desigualdad en el incumplimiento sistemático de la normativa vigente. Desde 2010, los convenios que la Junta impone a ayuntamientos y mancomunidades para la prestación de los servicios sociales de atención primaria no se han actualizado conforme a las retribuciones del personal de la propia administración autonómica. Esta brecha sostenida durante más de tres lustros ha generado, según la plataforma, una progresiva fragmentación de los equipos profesionales y un deterioro en la calidad de la atención a la ciudadanía, especialmente en el ámbito rural.
Además de la equiparación salarial, los concentrados reclaman un modelo de financiación suficiente, estable y justo que garantice equipos de trabajo seguros y una atención de calidad para toda la ciudadanía castellanomanchega, incluida la que reside en municipios rurales, así como el reconocimiento real de los servicios sociales como pilar básico del bienestar y no como un servicio de segunda categoría.
El pleno: tres posiciones y una sola propuesta aprobada
La coincidencia entre la protesta en la calle y el debate parlamentario convirtió el pleno en el escenario político central de la jornada. El diputado socialista Pablo Camacho defendió la gestión del Ejecutivo regional destacando "el diálogo permanente" con la plataforma y los avances ya registrados: una subida del 3% en 2024, otra del 3,5% en 2025 y el compromiso de la Consejería de Bienestar Social de aprobar un nuevo "incremento notable" a lo largo de 2026. "Las reivindicaciones que plantea la plataforma son más exigentes, pero no se puede negar en ningún caso la voluntad y la disposición del Gobierno regional para sentarse a la mesa a negociar", afirmó Camacho, que calificó las demandas del colectivo de "fundamentadas" y recordó que la precariedad "viene experimentándose a lo largo del tiempo, incluso cuando gobernaba el PP".
El diputado socialista apeló, no obstante, al principio de autonomía de las corporaciones locales para justificar los límites de la acción autonómica directa sobre los contratos municipales. "Cada ayuntamiento dispone sus propios convenios colectivos. Por tanto, estamos obligados a respetar el principio", señaló.
Desde el Partido Popular, el diputado José Antonio Martín-Buro calificó de "demoledor" que estos profesionales cobren "hasta un 40% menos que otros de la Junta" con la misma cualificación y las mismas funciones. "Hablamos de nóminas, de familias, hablamos de personas que con décadas de experiencia apenas llegan a cobrar los 1.500 euros mensuales", afirmó. El grupo parlamentario popular exigió, "de manera clara, serena y constructiva", una equiparación salarial real que no se "limite a una corrección puntual, sino que se garantice en el tiempo", con independencia de la administración de la que dependan los trabajadores. El PP reclamó además que "sea la Junta de Comunidades quien asuma la financiación necesaria para hacerlo posible", con revisiones retributivas por encima del IPC y el reconocimiento profesional de los trabajadores adscritos a los convenios supramunicipales y planes concertados.
El diputado de Vox, Francisco Cobo, fue el más crítico con el Ejecutivo. Denunció que la Junta perpetúa "una desigualdad" mediante "la inacción intencionada de este Ejecutivo", que sube retribuciones a unos pero no acomete la reforma estructural del sistema: "No se arregla la arquitectura salarial que está trabando este sistema". Cobo defendió que la Consejería de Bienestar Social puede llegar a acuerdos con ayuntamientos y diputaciones a través de "transferencias de capital", una operación presupuestaria de uso habitual, y exigió al Ejecutivo que "implemente las medidas necesarias".
Tras el debate, el pleno solo aprobó la propuesta del Grupo Socialista, que instaba a "fortalecer los canales de comunicación entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y los representantes de los profesionales para continuar apoyando medidas que mejoren la gestión de los servicios, los convenios con los ayuntamientos y las condiciones laborales de las plantillas de atención primaria". Las enmiendas del PP y Vox no salieron adelante.
Respaldo político desde Sumar
Al margen del debate parlamentario, el Movimiento Sumar Castilla-La Mancha trasladó también su "firme apoyo" a la plataforma y calificó la situación de "injusta" y perjudicial para el conjunto del sistema público de servicios sociales. La formación consideró la dignificación de este colectivo "una prioridad política urgente" y lanzó un llamamiento al Gobierno regional para que "actúe con responsabilidad, poniendo fin a una situación que se arrastra desde hace demasiado tiempo". Sumar rechazó que el municipalismo pueda seguir siendo "la excusa para la desigualdad laboral" y advirtió: "Sin servicios sociales fuertes, no hay sociedad justa".
La lucha continúa
La Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha dejó claro este jueves que las movilizaciones no cesarán hasta obtener una respuesta concreta del Gobierno regional. Los profesionales afectados —trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y personal administrativo de los servicios municipales y mancomunados— advierten de que el deterioro de sus condiciones laborales no solo compromete sus derechos, sino también la protección efectiva de los ciudadanos más vulnerables de la región.
