La lista de espera de dependencia baja a 2.936 personas en Castilla-La Mancha

La lista de espera de la dependencia en Castilla-La Mancha se redujo un 14,68 % en junio de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en 2.936 personas, con un tiempo medio de tramitación de 166 días, por debajo de la media nacional. Los datos forman parte de la sexta entrega del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), presentada este miércoles por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

A nivel nacional, la lista de espera bajó un 21 % en un año y alcanzó su mínimo histórico con 142.887 personas pendientes de recibir una prestación, mientras que el número de beneficiarios con atención efectiva llegó a 1.707.328, la cifra más alta desde que existen registros. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, calificó los datos de "esperanzadores" y avanzó que la reducción de las esperas será "cada vez más rápida y más drástica".

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La lista de espera de dependencia baja a 2.936 personas en Castilla-La Mancha

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 presentó este miércoles la sexta entrega del Panel del SAAD, correspondiente al segundo trimestre de 2026, con datos que reflejan una mejora generalizada en todos los indicadores del sistema de dependencia, tanto a escala nacional como en Castilla-La Mancha. La herramienta, creada en abril de 2025 con el objetivo de analizar trimestralmente la evolución del sistema, arrojó un descenso acelerado en las listas de espera, un nuevo récord en el número de personas atendidas y una reducción en los tiempos de tramitación que lleva tres trimestres consecutivos a la baja.

En el caso de Castilla-La Mancha, la lista de espera se situó en 2.936 personas en junio de 2026, lo que supone una reducción del 14,68 % respecto al mismo mes de 2025. El tiempo medio de tramitación en la región, de 166 días, coloca a la comunidad en la sexta posición con mejor desempeño del país, por debajo de la media nacional, que se sitúa en 314 días.

A nivel nacional, los datos certifican el mínimo histórico en la lista de espera media: 142.887 personas, un descenso del 21 % en doce meses y del 6,1 % —esto es, 9.362 personas menos— respecto al trimestre anterior. Esta aceleración en el ritmo de reducción resulta especialmente significativa porque se produce en un contexto de incremento de las solicitudes, que han ascendido a un total de 2.392.242. Desde 2021, la lista de espera acumula una caída de más del 54 %, lo que representa 168.558 personas menos en cinco años.

El ministro Bustinduy subrayó en rueda de prensa que el objetivo es "la eliminación completa" de las listas de espera, y afirmó que los recursos extraordinarios puestos a disposición de las comunidades autónomas "deben servir para cumplirlo".

Nuevo máximo histórico de personas atendidas

El número de beneficiarios con prestación efectiva alcanzó en el segundo trimestre de 2026 un nuevo máximo histórico: 1.707.328 personas, un incremento del 11 % respecto a junio de 2025, con 168.485 beneficiarios adicionales. El crecimiento de las personas atendidas —del 10,9 %— supera además al crecimiento de las solicitudes —del 6,8 %—, lo que evidencia que la capacidad de atención del sistema avanza más rápido que la demanda. Solo en el último trimestre, el número de personas con prestación efectiva creció un 3,1 %, en 51.882 personas, frente al 1,2 % del primer trimestre del año. Desde 2021, el total de beneficiarios con atención efectiva ha aumentado un 57,5 %, con la incorporación de 623.119 personas.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, señaló que la transición demográfica que vive España "se intensificará en los próximos años" y destacó que los datos "hablan de la solidez de un modelo público de cuidados y apoyos que funciona", y que con la financiación extraordinaria aprobada y la reforma legislativa en tramitación, el sistema estará preparado para afrontar los retos futuros.

El tiempo de tramitación, a la baja por tercer trimestre consecutivo

El tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación descendió 15 días en el último trimestre y se situó en 314 días, consolidando un descenso acumulado de 27 días en lo que va de 2026. El sistema se encuentra ahora en su nivel más bajo en dos años, muy lejos de los 421 días que marcaron el pico máximo en 2021.

La mejora afecta a casi todas las comunidades autónomas, aunque los datos por territorios revelan diferencias muy pronunciadas. Las comunidades con mejor desempeño en este indicador son Ceuta (82 días), Aragón (117 días) y Castilla y León (120 días), seguidas de País Vasco (131 días), La Rioja (138), Castilla-La Mancha (166), Cantabria (172), Melilla (190), Baleares (201), Navarra (216), Extremadura (264), Cataluña (267), Comunidad Valenciana (297) y Galicia (310). En el extremo opuesto, Murcia registra el tiempo más dilatado, con 551 días, por delante de Andalucía (435) y Asturias (425). La Comunidad de Madrid se sitúa en 342 días y Canarias en 314, igual que la media nacional.

El ministerio reconoció que la tramitación sigue siendo uno de los grandes retos del SAAD y confía en que la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia permitirá agilizar y desburocratizar los procesos administrativos.

Más cuidados en el hogar y más personalizados

Los datos del Panel también reflejan una transformación progresiva en el modelo de atención. El 57 % de las prestaciones profesionales se ofrecen ya en el entorno comunitario, frente a un modelo más asistencialista centrado en la institucionalización. La teleasistencia creció un 21,8 % respecto al año anterior, y la ayuda a domicilio un 13,6 %, ambas muy por encima del crecimiento medio del conjunto de prestaciones del sistema. La prestación económica por cuidados familiares sigue siendo la más numerosa, con el 31 % del total de prestaciones reconocidas.

Asimismo, se consolida la tendencia a la combinación de servicios: en los últimos cinco años se ha pasado de 1,27 prestaciones por persona en 2020 a 1,45 en junio de 2026, un crecimiento del 14 %. Bustinduy sostuvo que la financiación aprobada deberá mejorar tanto la calidad de las prestaciones como las condiciones laborales del sector de los cuidados. Para avanzar en este objetivo, el próximo lunes se celebrará la mesa de diálogo social en el ámbito de los cuidados con participación de los agentes sociales.

6.200 millones adicionales y reforma legislativa

Los datos presentados este miércoles son previos a los efectos del real decreto-ley aprobado recientemente por el Gobierno, con el que el Ministerio de Derechos Sociales destinará al sistema de dependencia 6.200 millones de euros adicionales en 2026 y 2027 respecto a los últimos presupuestos, lo que elevará la inversión total a 7.239 millones de euros en 2027, el doble de la de 2025. Este incremento supondrá que los gobiernos autonómicos incrementarán de media un 98,7 % sus fondos para la dependencia, y que la aportación del Estado alcanzará el 50 % del gasto total del sistema en 2027. Desde el 1 de julio, las comunidades autónomas ya han comenzado a recibir esta mayor dotación. El ministerio prevé que el impacto de esta financiación se irá reflejando de forma progresiva en las próximas ediciones del Panel del SAAD.

En paralelo, la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad se sometía este jueves a votación en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados, con el objetivo de reforzar los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, avanzar hacia la autonomía personal y la vida independiente, y eliminar incompatibilidades entre prestaciones. Bustinduy pidió a los grupos parlamentarios que "estuvieran a la altura" para que la reforma saliera adelante por unanimidad, y auguró que supondrá "el mayor legado de esta legislatura y un salto irreversible que permitirá que los cuidados no se usen nunca más como moneda de cambio".

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