Frente común en Castilla-La Mancha contra 70 nuevas macroplantas de biometano
Una veintena de asociaciones y plataformas ciudadanas de Castilla-La Mancha han acordado una estrategia conjunta para frenar la implantación masiva de macroplantas de biometano en la región, tras una reunión celebrada en Daimiel (Ciudad Real).
Los colectivos denuncian falta de transparencia, riesgos ambientales y ausencia de participación pública en un modelo que consideran “impuesto” y que podría afectar gravemente a la salud y al medio rural.
Una veintena de plataformas ciudadanas de distintas provincias de Castilla-La Mancha se reunieron el 15 de abril en Daimiel (Ciudad Real) para articular una respuesta coordinada frente a los planes de la Junta de Comunidades, que prevé la implantación de más de 70 macroplantas de biometano en el territorio. El encuentro tuvo como objetivo diseñar una estrategia común ante lo que consideran una expansión “masiva e indiscriminada” de este tipo de instalaciones.
Las organizaciones participantes alertaron de que la actual “burbuja” del biometano está impulsando proyectos que, a su juicio, no solo carecen de viabilidad, sino que están siendo percibidos por los municipios como un riesgo para el entorno y la población. Este contexto ha provocado la aparición de movimientos ciudadanos en diferentes puntos de la región, que denuncian no estar siendo escuchados ni por la administración ni por las empresas promotoras.
Durante la reunión, los colectivos coincidieron en señalar la falta de planificación, transparencia y participación pública en el desarrollo de estos proyectos. En este sentido, advirtieron de que la proliferación de macroplantas puede suponer una amenaza para el medio ambiente, la salud y la sostenibilidad del medio rural, especialmente en municipios pequeños.
Como principal resultado del encuentro, las plataformas acordaron la creación de un grupo de trabajo encargado de diseñar una estrategia conjunta basada en la movilización social, la información a la ciudadanía y la acción institucional. Este órgano también será responsable de designar a los representantes que participarán en una próxima reunión con la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Ese encuentro con el Gobierno autonómico se producirá en un momento clave, ante la inminente aprobación de un decreto que regulará la implantación y actividad de las plantas de biometano en Castilla-La Mancha. Las asociaciones ya han advertido de que no aceptarán una normativa que, en su opinión, legitime un “modelo industrial agresivo” para los pueblos.
Los colectivos reafirmaron su determinación de defender el territorio, la salud de los vecinos y el futuro del medio rural, y anunciaron que intensificarán sus acciones si la Junta continúa adelante con sus planes sin atender las demandas sociales. El movimiento ciudadano, que sigue creciendo en distintos municipios, se prepara así para una nueva fase de presión institucional y movilización en toda la región.