El fiscal superior avisa del aumento de la delincuencia, sobre todo tecnológica y sexual

El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha afirmado este jueves que en 2023 se produjo "un incremento general de la delincuencia" en la región, con especial incidencia en ámbitos como el cibercrimen o los delitos contra la libertad sexual.

Así lo ha manifestado en las Cortes regionales, donde ha acudido este viernes para entregar la memoria anual de la Fiscalía de Castilla-La Mancha, que en general "trabaja bien" peses a tener "un déficit bastante grande de personal", según su responsable.

Fernández ha hecho hincapié en ciertas tipologías delictivas que resultan "preocupantes" para los fiscales, como el cibercrimen, que ya representa el 25 % de la criminalidad registrada en España.

De estos delitos, el 90 % son "patrimoniales, fundamentalmente estafas", y el 10 % restante engloba conductas "muy graves" y dirigidas a menudo contra menores, como la distribución de pornografía, coacciones, amenazas o acoso.

En este sentido, el fiscal superior ha destacado que "la realidad criminológica de las redes sociales es absolutamente preocupante", pues el acceso a "contenidos ilícitos, en general, y pornográficos en particular" por parte de menores está "descontrolado".

Ha alertado Fernández de que las redes sociales son un "campo de actuación" para pederastas o depredadores sexuales, así como un vehículo de mensajes de "inducción a las autolesiones, al suicidio, a la anorexia o a la bulimia", y considera que su uso requiere un mayor control tanto de las familias como de los centros educativos.

La mayoría de delitos graves son contra la libertad sexual

Por su parte, los delitos contra la libertad sexual muestran "una tendencia creciente" en Castilla-La Mancha y representan "dos de cada tres delitos graves" (con penas superiores a nueve años de prisión) en la región.

Fernández ha explicado que la mayoría de estos delitos se cometen contra menores de dieciséis años y en el ámbito familiar, siendo el perfil de delincuente más habitual el compañero sentimental de una madre que abusa de su hija, de manera prolongada en el tiempo.

Esto acarrea "una carga criminológica muy importante", porque lo hechos "no son únicos" y, de hecho, normalmente "es casi imposible determinar una cifra" de abusos, máxime cuando las víctimas rara vez denuncian ante la primera conducta delictiva.

En el ámbito de la violencia de género, Fernández ha recordado que en 2023 hubo dos asesinatos machistas en Castilla-La Mancha y ha apuntado que, si bien "se incrementan los procedimientos", el año pasado descendió el número de órdenes de protección emitidas.

Otro problema, "no exclusivo de este año", es el de las retractaciones en los testimonios, frecuentemente propiciado por las dilaciones en los procesos, que causan "desinterés" a la víctima.

Fernández también ha expresado su preocupación ante la siniestralidad laboral, pues Castilla-La Mancha sigue "en el grupo de cabeza a nivel nacional" en cuanto a muertes en accidentes laborales.

Y ha llamado la atención, asimismo, sobre la situación de los inmigrantes, a menudo víctimas de "explotación laboral" y "trata".

Procesos lentos y muchos juicios suspendidos

En cuanto al funcionamiento de la Justicia, Fernández ha puesto el foco en "dos áreas que van empeorando año a año", que son "la lentitud de las causas" y las "suspensiones de juicios".

De un lado, Fernández ha señalado que se dan "periodos muy dilatados de tramitación", por lo que todavía se siguen juzgando hechos de hasta hace ocho años, y ello provoca además que se aplique frecuentemente la atenuante de dilaciones indebidas.

Por otro lado, el fiscal superior ha recalcado que en Castilla-La Mancha se suspende el 46 % de los juicios que se señalan, porcentaje que llega al 60 % en algunas provincias, con lo que "se ralentiza mucho la respuesta judicial".

Ha aprovechado Fernández para recalcar que la Fiscalía de Castilla-La Mancha necesita "más fiscales" y "más funcionarios", pues ello les permitiría aligerar la "sobrecarga de trabajo" y atender mejor algunas de sus competencias, como el control de la aplicación de medios de contención mecánicos y farmacológicos en unidades psiquiátricas.

Esta misma mañana, Fernández se ha reunido con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para entregarle la memoria.

"Confianza absoluta" en el fiscal general del Estado

Por último, y de otro lado, el fiscal superior ha mostrado una "confianza absoluta" en el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y en que el procedimiento judicial abierto contra él por revelación de secretos "acabe sin declaración de responsabilidad del Fiscal General".

A preguntas de los medios antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes, Fernández ha admitido que la situación en general "es muy delicada" y que el hecho de que "una persona tan relevante" y "cabeza de la institución" de la que forma parte sea objeto de pronunciamientos del Tribunal Supremo, "no es cómoda".

Dicho esto, ha incidido en que el fiscal general del Estado "no está imputado" y que el auto del Tribunal Supremo lo que refiere "es que se ha cometido un hecho delictivo que ha cambiado respecto de la imputación inicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que era la difusión de una nota por la Fiscalía General".

Posteriormente, según el auto del Tribunal Supremo --ha continuado Fernández--, "el objeto procesal es la filtración de los correos electrónicos" y es por lo que el Tribunal Supremo "dice que se declara la competencia del Tribunal Supremo para examinar la conducta del Fiscal General del Estado y, en el número dos, para examinar también la actuación de la Fiscal Jefe provincial de Madrid", ha concluido.