Castilla-La Mancha ve "indignante" que Levante pida "cometer una ilegalidad" con el Tajo
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado el tono frente a las reivindicaciones de las regiones del Levante español y ha defendido que “lo sostenible, inteligente y lo que hay que hacer es cambiar las reglas de explotación del trasvase y cumplir lo legalmente reconocido”. Así ha reaccionado tras la carta remitida por los presidentes de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, junto con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la que reclaman mantener el actual funcionamiento del trasvase Tajo-Segura y frenar la aplicación de los caudales ecológicos del río.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha calificado de “indignante” el escrito al entender que supone pedir al Ministerio “que cometa una ilegalidad”. Desde Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde ha atendido a los medios, ha recordado que el Real Decreto de 2023, que aprobó todos los planes hidrológicos del país, fija la obligación de modificar las reglas de explotación del acueducto y aplicar los caudales ecológicos en el Tajo.
“Lo que están pidiendo es que no se cumpla lo que indica la ley y lo que ya han avalado los tribunales”, ha afirmado.
Gómez ha recordado que siete sentencias judiciales sustentan que el sistema de explotación debe ser revisado, no solo para garantizar los caudales ambientales mínimos en el río, sino para gestionar un recurso que, con el cambio climático, puede ser indispensable para el abastecimiento humano en el futuro. En este sentido, ha lamentado que durante muchos años “se haya dilapidado de forma continuada” el agua del Tajo destinada al Levante.
Un balance hídrico excepcional
La consejera ha detallado que actualmente quedan pendientes de trasvasar 132 hectómetros cúbicos (hm³) del año hidrológico anterior debido a la avería registrada en el acueducto. A esta cifra se suman los 81 hm³ aprobados este martes para los próximos tres meses por la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura.
“Hasta final de año se va a trasvasar más agua por el acueducto que en la media de un año hidrológico normal”, ha advertido.
Gómez ha incidido en que este volumen extraordinario se produce en un momento en que las necesidades de abastecimiento en el Levante están cubiertas. Ha señalado que la zona cuenta con capacidad de desalación suficiente y que las recientes lluvias han aliviado la situación en los embalses y acuíferos del sureste peninsular.
La desalación como alternativa
Por ello, la consejera ha insistido en que el actual ritmo de envíos al Segura “no tiene justificación” y ha reclamado que el agua desalada juegue el papel que le corresponde en el regadío. A su juicio, la oposición que muestran los regantes levantinos se debe a la diferencia de costes entre ambos recursos.
“El agua del trasvase les resulta mucho más barata porque reciben subvenciones para su uso. Mientras no paguen en su justa medida por ese recurso, la situación será insostenible e injustificable”, ha recalcado.
A su juicio, el lobby agroalimentario del Levante ejerce una “enorme presión” sobre el Gobierno de España para frenar la aplicación del cambio de las reglas de explotación del acueducto. Una presión que, según reconoce, está retrasando la modificación que exige la normativa.
“No se puede aplazar hasta 2027”
Gómez ha lamentado que se estén perdiendo oportunidades para reformar el sistema de gestión del trasvase y ha rechazado la posibilidad de que se intente aplazar esa revisión hasta 2027, tal y como sostienen desde las regiones demandantes. Ha recordado que el Real Decreto vigente ordenaba hacerlo antes, y que ya han pasado dos años desde su aprobación.
“Tenemos la impresión de que se quiere ganar tiempo para posponer la decisión hasta 2027. Castilla-La Mancha no puede ni va a permitir que esta situación se prolongue”, ha advertido.
Firmeza y lealtad institucional
Pese al conflicto, la Junta asegura que mantendrá su colaboración con el Estado, desde la lealtad institucional y con criterios técnicos y jurídicos, para garantizar un cambio de gestión que considera “más necesario que nunca”.
“Nosotros sí somos leales, sí entendemos las decisiones jurídicas y técnicas, y seguiremos apoyando al Ministerio para encontrar ese camino, que está más cerca que nunca”, ha afirmado Gómez.
La consejera ha reiterado que lo que defiende Castilla-La Mancha es proteger un recurso limitado y esencial como el agua del Tajo, asegurando su sostenibilidad futura y cumplimiento normativo.
