UGT exige en Guadalajara una Ley de Bomberos para toda España

UGT ha reclamado este jueves en Guadalajara la aprobación de una ley básica estatal de bomberos y bomberas que fije criterios mínimos comunes para los 130 servicios de extinción de incendios y salvamento que operan en España con modelos organizativos distintos. El sindicato considera que la fragmentación actual dificulta la coordinación en grandes emergencias y genera desigualdades territoriales en la atención a los ciudadanos.

El acto ha contado con representantes del Sindicato Profesional de Bomberos de UGT Servicios Públicos a escala federal y autonómica, quienes han alertado además de que Castilla-La Mancha es una de las tres únicas comunidades autónomas que carecen de normativa autonómica propia para regular estos servicios. En la región, cada bombero cubre de media 66 kilómetros cuadrados, el doble de la media nacional.

UGT exige en Guadalajara una Ley de Bomberos para toda España
UGT exige en Guadalajara una Ley de Bomberos para toda España

Representantes del Sindicato Profesional de Bomberos de UGT Servicios Públicos se dieron cita este jueves en Guadalajara para reclamar la aprobación de una ley básica estatal de bomberos y bomberas que establezca unos mínimos comunes en todo el territorio nacional y ponga fin a la actual situación en la que coexisten 130 modelos distintos de organización y funcionamiento de los servicios de emergencias. La convocatoria reunió al responsable federal del sindicato, Almanzor Guerra; al responsable autonómico en Castilla-La Mancha, Pablo Bailón; y a la secretaria regional del sector de Administración Local de UGT Castilla-La Mancha, Ana Concha Sanz.

La organización sindical argumenta que las diferencias en organización, recursos y condiciones laborales entre territorios dificultan dar respuesta eficaz a unas emergencias que, por su propia naturaleza, no respetan límites provinciales ni autonómicos. "Queremos acabar con la improvisación y la falta de coordinación y que se establezca un marco común que garantice dotaciones suficientes y seguras, derechos laborales dignos, reconocimiento profesional, una formación homogénea y una atención eficaz independientemente del lugar en el que se produzca la urgencia", afirmó el sindicato durante la rueda de prensa.

La secretaria regional del sector de Administración Local, Ana Concha Sanz, defendió la necesidad de aprobar "una ley estatal de bomberos y bomberas que sirva de base para que cada comunidad autónoma adapte o desarrolle su propia normativa", al considerar que el marco legal vigente ha quedado "obsoleto" ante los riesgos del siglo XXI. Sanz subrayó que los bomberos ya no intervienen únicamente en incendios, sino también en catástrofes naturales, inundaciones, accidentes tecnológicos o grandes emergencias vinculadas al cambio climático. "La realidad de hoy es muy distinta a la de hace décadas y eso exige un servicio público fuerte", señaló. Recordó además que la regulación actual sigue sustentándose en la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, que atribuye las competencias a ayuntamientos, diputaciones y consorcios en función de la población del municipio. "No se puede depender del código postal para recibir una atención de emergencia adecuada", afirmó.

Desde UGT insistieron en que la futura ley básica no pretende invadir competencias autonómicas, sino fijar estándares mínimos comunes en materias como formación, coordinación operativa, categorías profesionales, recursos técnicos, seguridad laboral y tiempos de respuesta.

El responsable federal, Almanzor Guerra, incidió en que la ausencia de una normativa estatal moderna provoca importantes diferencias entre territorios y dificulta la movilización de efectivos entre comunidades autónomas. "Con 21.000 bomberos en España no existe un marco regulatorio que permita que, en un margen de horas, puedan movilizarse de una comunidad a otra de forma ágil", explicó. Guerra añadió que esta disparidad de criterios provoca situaciones de riesgo real en las emergencias: "en muchas ocasiones, el primer parque de bomberos que acude a un suceso no es el más cercano, sino el que tiene la competencia". Las fronteras administrativas, dijo, "se convierten muchas veces en barreras".

Guerra puso también sobre la mesa el problema de la edad: la falta de un marco regulatorio actualizado está derivando en situaciones como que "un bombero con 61 años se siga subiendo a un camión a atender un incendio". Para el responsable federal, resulta "básico" que exista una ley que dé respuesta a estas emergencias y que se desarrolle el estatuto del cuerpo de bomberos, tal y como contempla la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Castilla-La Mancha, sin normativa autonómica

La situación específica de Castilla-La Mancha ocupó buena parte de la comparecencia. Pablo Bailón reveló que la región es una de las tres únicas comunidades autónomas —junto a Extremadura y Canarias— que no cuentan con una normativa autonómica propia para regular los servicios de bomberos, a pesar de que otras comunidades llevan años desarrollando marcos legislativos específicos. "Aquí el ratio es de un bombero por cada 66 kilómetros cuadrados, en lugar de un bombero por cada 33 kilómetros cuadrados como ocurre a nivel nacional", alertó.

Según los datos aportados por el sindicato, en Castilla-La Mancha trabajan entre 1.150 y 1.200 efectivos distribuidos en diez servicios distintos y repartidos en 35 instalaciones, entre parques de bomberos, servicios centrales, servicios de comunicaciones y el centro coordinador 112. "Tenemos diez formas diferentes de trabajar y coordinarse", subrayó Bailón. Esa fragmentación se traduce también en déficits graves de planificación: el sindicato denunció la inexistencia de un catálogo actualizado de los recursos disponibles en cada parque y la ausencia de un mapa de riesgos específico orientado a las necesidades de los servicios de bomberos. "Sin embargo, no tenemos un catálogo actualizado de los recursos que dispone cada centro, ni de un mapa de riesgos de cada zona de la comunidad e incluso desconocemos las infraestructuras críticas", señaló el responsable autonómico.

Las consecuencias de esta carencia de coordinación quedaron en evidencia, según Bailón, durante la gestión de episodios como la DANA. "Aquí somos alrededor de 1.200 bomberos y llegamos a tener movilizados unos 300 efectivos, pero tuvimos que coordinarnos prácticamente nosotros mismos porque no existe un mecanismo regulado", explicó. El responsable autonómico reclamó al Gobierno regional que impulse una regulación propia que permita mejorar la coordinación, reforzar las plantillas y establecer criterios mínimos comunes en toda la comunidad autónoma, exigiendo además que se fijen los estándares mínimos que deben cumplir los ayuntamientos y diputaciones, las administraciones de las que mayoritariamente dependen estos servicios.

Emergencias del siglo XXI

El responsable federal Almanzor Guerra cerró la intervención poniendo en valor la transformación que han experimentado las emergencias en las últimas décadas. "Hoy en día, en ocasiones, las danas y los incendios obligan a movilizar bomberos y bomberas de una comunidad autónoma a otra sin que haya una normativa que regule cómo hacerlo", afirmó. La ausencia de un sistema regulado provoca, según explicó, retrasos y problemas organizativos incluso cuando los efectivos terminan movilizándose. Para UGT, la aprobación de una ley básica estatal beneficiaría tanto a los trabajadores como a la ciudadanía, al garantizar un servicio homogéneo, seguro y eficaz en todo el territorio nacional, sin que el lugar de residencia determine la calidad de la respuesta ante una emergencia.

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