UPA reclama en Bruselas flexibilizar la directiva del agua en Castilla-La Mancha
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA CLM) ha trasladado esta semana a instituciones europeas, eurodiputados y responsables de la Comisión Europea la urgencia de revisar y flexibilizar la directiva marco del agua ante el nuevo ciclo de planificación hidrológica previsto en España, que amenaza con recortes de dotación de hasta dos tercios en zonas de regadío del sureste de Albacete.
La organización agraria advierte de que una aplicación estricta de la normativa europea podría provocar pérdidas de 277 millones de euros anuales en producción agrícola y un impacto de 595 millones de euros en el PIB del conjunto de la demarcación, además de una merma patrimonial de 626 millones de euros solo en la provincia de Albacete por el paso de regadío a secano.
El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, y el responsable de Vino de UPA, Alejandro García-Gasco, viajaron el 24 de abril de 2026 a Bruselas para trasladar directamente a las instituciones europeas la gravedad de la situación que afrontan los agricultores y regantes de Castilla-La Mancha ante el próximo ciclo de planificación hidrológica y la aplicación estricta de la directiva marco del agua, especialmente en materia de aguas subterráneas en cuencas como el Segura y el Alto Guadiana.
La delegación castellanomanchega mantuvo una ronda de reuniones de trabajo con representantes de distintos organismos e instituciones comunitarias. La primera de ellas fue con Isaac Ojeda Jiménez y el equipo de la dirección general de Medio Ambiente, concretamente de la unidad C1, encargada de la Gestión Sostenible de Agua Dulce, de la Comisión Europea. Ante ellos, Morcillo expuso la "difícil situación" a la que, según sus palabras, "nos enfrentamos en Castilla-La Mancha ante el nuevo proceso de planificación y la aplicación estricta de la directiva marco del agua, sobre todo en aguas subterráneas" de zonas como el Segura y el Alto Guadiana.
Un impacto económico que UPA cifra en cientos de millones
El secretario general de UPA CLM fue contundente a la hora de cuantificar las consecuencias de no obtener una mayor flexibilidad en el cumplimiento de los objetivos medioambientales. "Necesitamos una exención en el cumplimiento estricto de esta regulación; porque de lo contrario, muchas de nuestras zonas se ven abocadas a una transformación, del poco regadío que hay hoy, al secano", advirtió Morcillo. En algunas comarcas del sureste de Albacete, ese escenario implicaría recortes en las dotaciones de agua de hasta dos tercios, con pérdidas económicas valoradas en 277 millones de euros anuales de producción.
Pero el impacto no se limitaría al sector primario. Según los cálculos aportados por la organización, el efecto arrastre sobre el conjunto de la economía elevaría las pérdidas a 595 millones de euros en el PIB de toda la demarcación hidrográfica. A esto se sumaría una pérdida de valor patrimonial estimada en 626 millones de euros exclusivamente en la provincia de Albacete, derivada de la conversión de tierras de regadío en secano.
Desde UPA se insistió en que la solución no pasa por ignorar los objetivos medioambientales, sino por articular una transición basada en la mayor eficiencia en el uso del agua, pero que permita al mismo tiempo "mantener el tejido productivo, las explotaciones y la actividad agraria en municipios que, sin este sustento, lo tendrían muy complicado".
Reuniones con eurodiputados y con la representación española en la UE
La delegación de UPA también se reunió con la eurodiputada del Grupo Socialista Cristina Maestre, quien mostró su sintonía con la defensa de los intereses castellanomanchegos en la materia. Asimismo, mantuvieron encuentros con Elena Ponz, consejera de Agricultura —con competencias en Política Agraria Común (PAC) y Organización Común de Mercados (OCM)— de la representación permanente de España ante la Unión Europea (UE); con representantes del Partido Popular Europeo; y con Jesús Ramón Asensio Echegoyen, director de la Oficina de Castilla-La Mancha ante la UE, quien se mostró dispuesto a dar voz a la problemática de agricultores y regantes en Bruselas.
El mensaje trasladado en todos estos encuentros fue el mismo: la necesidad de ampliar el horizonte temporal para el cumplimiento de los objetivos medioambientales más allá de 2027, fecha actual límite de la planificación hidrológica. "Hoy se plantea más secano, con lo que implica el abandono y cierre de la actividad agraria y el tejido empresarial. Necesitamos del apoyo y complicidad de nuestros representantes en la Unión Europea", subrayó Morcillo.
El momento: una directiva en proceso de revisión
La visita de UPA CLM a Bruselas cobra especial relevancia al producirse en un momento de apertura institucional hacia los cambios en la directiva marco del agua. El secretario general Morcillo destacó que existe "un mandato de la Comisión para modificarla en el primer trimestre de 2026", lo que convierte estas reuniones en una oportunidad directa para influir en el proceso legislativo europeo antes de que las posiciones se consoliden.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA CLM) tiene su sede en Toledo y agrupa a los agricultores y ganaderos de las cinco provincias de la región. La organización lleva meses denunciando que el nuevo ciclo de planificación hidrológica, si se aplica sin excepciones ni transiciones graduales, puede tener efectos que califica de "irreversibles" para el modelo agrario de extensas zonas de la región, especialmente en aquellos municipios cuya actividad económica depende casi en exclusiva del regadío.
