El convenio con el INSS y las mutuas acortará las bajas laborales en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado este viernes en Toledo un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) y la Asociación de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AMAT) para mejorar la gestión de la incapacidad temporal (IT) y agilizar la asistencia sanitaria a los trabajadores en procesos traumatológicos.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables a otros cuatro, permitirá que los centros de las mutuas realicen pruebas diagnósticas, tratamientos rehabilitadores e intervenciones quirúrgicas a trabajadores con baja por contingencias comunes, siempre con su consentimiento previo y bajo la tutela del médico de Atención Primaria. Fernández Sanz también avanzó que la consejería espera cubrir el cien por cien de las vacaciones de verano de los facultativos de Atención Primaria y reconoció que la reversión de los antiguos hospitales de Toledo y Ciudad Real son procesos "complicados" que espera "ir acelerando".

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha firmado un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para la mejora en la gestión de la incapacidad temporal y de asistencia sanitaria.
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha firmado un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para la mejora en la gestión de la incapacidad temporal y de asistencia sanitaria.

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sellaron este viernes, 13 de junio de 2025, en Toledo un convenio de colaboración entre el INSS, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y la AMAT para la mejora en la gestión de la incapacidad temporal y de la asistencia sanitaria. El acuerdo fue suscrito por el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quienes se mostraron satisfechos porque el convenio, a su juicio, beneficiará la salud y la recuperación laboral de los trabajadores castellanomanchegos.

El convenio tiene por objeto que las mutuas puedan realizar pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, incluidas las intervenciones quirúrgicas, en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico. Para ello, el Servicio Público de Salud pondrá a disposición de la mutua correspondiente las actuaciones sanitarias necesarias, siempre de forma voluntaria y con el consentimiento informado del paciente, canalizadas a través del INSS. El convenio subraya expresamente que el médico de Atención Primaria mantendrá en todo momento la responsabilidad del reconocimiento de la baja y el alta médica, del diagnóstico inicial y de la determinación íntegra de la asistencia sanitaria.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años y podrá prorrogarse, previo acuerdo expreso unánime entre las partes, por otros cuatro años más. Cualquiera de las partes podrá denunciarlo con al menos tres meses de antelación a la finalización de cada año de vigencia prorrogada.

Fernández Sanz subrayó que este convenio es "buena para el paciente, por la recuperación de su salud y reincorporación óptima. Para la sanidad pública, por el alivio de la carga asistencial y descompresión de las listas de espera en procesos de especialidades relacionadas con la traumatología. Para la Seguridad Social, por la reducción de la duración media de los procesos de IT y optimización y eficiencia del gasto en las prestaciones y para el sistema global, por el máximo aprovechamiento de los recursos y la coordinación institucional". El consejero recordó además que hace un mes se celebró en Castilla-La Mancha una reunión con las consejerías de Hacienda y de Economía, junto a la patronal y las mutuas, en la que "se pudo comprobar que este es un asunto en el que todo el mundo está implicado en que salga bien".

El secretario de Estado, por su parte, valoró el "compromiso de todas las partes implicadas de atajar y mejorar este asunto", con el objetivo de "facilitar que los servicios públicos de salud puedan utilizar a efectos de pruebas o tratamientos los medios de las mutuas, para agilizar todo el tratamiento y supervisión médica". Suárez expresó su convencimiento de que "hay margen para mejorar la gestión de la incapacidad temporal" y señaló que las mutuas, como parte del sector público estatal, "tienen medios asistenciales que podrían utilizarse mejor, a los que se les podría sacar más partido, para apoyar a los servicios públicos de salud".

Castilla-La Mancha se convierte así en la sexta comunidad en suscribir este modelo de convenio, tras Cataluña, Baleares, Asturias, Cantabria y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Según Suárez, el acuerdo está "a punto" de sellarse también con Navarra y el resto de comunidades autónomas.

Los datos de la incapacidad temporal en CLM

En Castilla-La Mancha, el 75% de todos los absentismos se deben a incapacidad temporal, una cifra que sitúa a la región en la media nacional. Los principales grupos de enfermedades causantes de IT son las infecciosas temporales (gripes y alergias), las respiratorias, las musculoesqueléticas o traumatológicas —a las que va dirigido específicamente este convenio— y las de salud mental, categoría en la que la baja se prolonga más, con una media de 98,5 días.

El consejero Fernández Sanz precisó que entre 2017 y 2025, y en especial tras la pandemia de covid-19, el incremento de la incidencia de bajas ha sido del 60% y que los procesos de menos de 15 días —bajas cortas— han crecido un 65%. Estos episodios han registrado "momentos de aumentos explosivos", lo que ha obligado a adoptar medidas como la que supone este convenio.

La región se sitúa por debajo de la media nacional en incidencia de bajas, pero por encima en duración, siendo además una de las que más ha crecido en este indicador entre el periodo prepandemia y el pospandemia. El desglose provincial revela importantes diferencias: Guadalajara concentra la mayor incidencia y las bajas más cortas; Toledo registra una incidencia del 39,6% y una duración media de 40 días; Albacete, una incidencia del 24% y una media de 59 días; Ciudad Real, el 23% de incidencia y casi 70 días de duración media, la más prolongada de la región; y Cuenca, una incidencia del 24% y una media de 63 días de baja.

Fernández Sanz confía en cubrir las vacaciones de verano en Atención Primaria

Al término del acto de firma, el consejero de Sanidad respondió a preguntas de los medios de comunicación sobre la cobertura de las vacaciones estivales de los facultativos de Atención Primaria. Fernández Sanz confirmó que la consejería va a intentar llegar a cubrir "el 100 por cien" de esas vacaciones, aunque reconoció la "dificultad importante" que ello entraña. El titular de Sanidad recordó que en veranos anteriores no hubo conflictos en este ámbito "ni esperamos tenerlo este", y que las tensiones en la cobertura se han ido resolviendo "con los propios profesionales, ajustando sus periodos vacacionales o sus jornadas".

Los hospitales de Toledo y Ciudad Real, pendientes de reversión

El consejero abordó también la situación de los antiguos hospitales de Toledo y Ciudad Real, reconociendo que su reversión para ponerlos "al servicio de quien corresponda" son "procesos complicados", pero confió en poder "ir acelerando poco a poco" en las gestiones. Fernández Sanz confirmó que la Consejería de Sanidad ya ha quedado con el secretario de Estado Borja Suárez "en tener reuniones" sobre ambos edificios "para seguir trabajando en su reversión" y confió en contar con "el seguimiento oportuno" por parte del INSS.

En el caso del antiguo hospital de Toledo —el antiguo Virgen de la Salud—, el consejero recordó que hace un mes emitieron un informe en el que concluían que no existen radiaciones en el edificio, lo que despeja el camino para su cesión. Recordó además que "nunca ha habido medicina nuclear" en ese centro. Sobre el uso final de los terrenos, Sanz señaló que la nueva normativa establece que "tiene que ser la administración pública que estaba explotando el edificio quien haga la solicitud para explotar o para llevar a cabo la decisión sobre el terreno", un trámite que deberá sustanciar el propio INSS.

Convenio con el INSS y Mutuas para la mejora en la gestión de la incapacidad temporal

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