Sindicatos piden que la Junta pare la ley de simplificación ante la quita de la deuda

La Junta de Personal Funcionario de la Administración autonómica ha salido a la calle en las cinco provincias de Castilla-La Mancha para protestar por la tramitación de la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de Castilla-La Mancha, considerándola "una de las privatizaciones más gordas" de la historia de la Comunidad Autónoma, a un nivel que "ni Cospedal se atrevió" a poner en marcha.

En Toledo, varias decenas de empleados públicos convocados por los sindicatos presentes en la Junta de Personal --UGT, CCOO, STAS y CSIF-- se han concentrado a las puertas de la sede de la Vicepresidencia de la Junta y, con cánticos como 'Page y Cospedal privatizan por igual' o 'No es simplificación, es privatización', han reclamado una mayor contratación de empleados públicos, que es lo que a su juicio agilizaría los trámites que los ciudadanos inician en la Administración autonómica.

La representante de CSIF en la Junta de Personal de Toledo, Victoria Ortiz, ha insistido en que esta ley es "una forma encubierta de ir privatizando servicios" porque el trámite "en lugar de hacerlo personal funcionario, que tiene una función de sigilo profesional y va a estar muy preparado para ver si esos trámites son correctos o no", será efectuado por una entidad privada, mientras que la Administración "simplemente se va a limitar a decir si es favorable o desfavorable".

"Esto va a producir probablemente una pérdida de empleo público", ha admitido, aseverando que los sindicatos no están dispuestos a "hacérselo fácil" al Gobierno regional en este asunto.

Ortiz no ha podido precisar cuántos empleos públicos podrían perderse por la aprobación de la norma, ya que afecta a ámbitos muy "amplios" como el patrimonio, el desarrollo rural, el bienestar social o la sanidad. "Pueden entrar este tipo de empresas colaboradoras en cualquier tipo de trámite de la Administración, lo que ellos consideren oportuno", ha apuntado.

A pesar de todo, la representante de CSIF se ha mostrado poco esperanzada en que el Gobierno autonómico entable conversaciones con los sindicatos, explicando que intentaron reunirlos "individualmente" pero "deberían habernos reunido a los cuatro y, hasta la fecha, no ha sido así".

APORTACIONES "NINGUNEADAS"

Por su parte, Juan Bautista González, representante de CCOO, ha criticado que se han declinado "todas" las propuestas de los sindicatos para realizar cambios en el texto legislativo.

"Se hicieron aportaciones tratando de corregir la deriva que podía tener esta situación si el texto se mantenía tal y como estaba en el primer borrador", ha declarado, lamentando que se han "ninguneado" todas esas propuestas, "que fueron extensas".

Según González, desde el Ejecutivo castellanomanchego realizaron un "simulacro de negociación que lo que quería era excluir a sindicatos", por lo que se planteó que "en esas condiciones no se podía tratar".

"Ellos tienen mucha prisa en sacar esto adelante porque, entre otras cosas, tienen el rodillo de la mayoría absoluta", ha mantenido, explicando que desde el Gobierno se va a utilizar el fin de la llegada de fondos europeos y del Estado para argumentar que "el posible deterioro de los servicios públicos se va a mejorar metiendo entidades privadas".

"Cuando hablamos de colaboración público-privada, que tiene un discurso que parece que es positivo, es un discurso siempre trampa. Esto lo que significa es que desde la Administración, desde el Gobierno, se pone el dinero y luego se sacan a licitación empresas que lo que tienen es ánimo de lucro", ha expuesto.

UNA SITUACIÓN "MUY DESALENTADORA"

Mientras, Gustavo Fabra, del sindicato STAS, ha asegurado que esto es "una privatización en toda regla, de las más gordas que se han producido en la historia de Castilla-La Mancha, que ni Cospedal se atrevió a llevar a cabo".

Fabra ha indicado que la situacion es "muy desalentadora" porque ven que se les está "amenazando como hace diez años". "Ellos verán el precio que están dispuestos a asumir por una privatización de esta escalada. Luego no nos llevemos las manos a la cabeza si la función pública decide retirar el apoyo al Gobierno de Castilla-La Mancha. Así de claro", ha advertido.

Asimismo, ha detallado que al final las empresas van a gestionar lo que es "responsabilidad" del Gobierno, por lo que si un ciudadano tiene algún problema con su expediente "tiene que reclamar directamente a la empresa. "Hombre, es que es muy fuerte. Es que ya no es que solo estén privatizando, sino que están quitando toda la responsabilidad", ha manifestado, incidiendo en que empresas con ánimo de lucro podrían encargarse de "procedimientos tan sensibles como menores, medioambiente o agricultura".

Gustavo Fabra ha hecho referencia también a la condonación de deuda que el Gobierno propone para Castilla-La Mancha, proponiendo que si el presidente autonómico, Emiliano García-Page, decía que si no se aprobaba el techo de gasto "tenemos que echar a 2.500" empleados públicos, ahora con la quita de deuda podría realizar contrataciones.

"Se acumulan los expedientes porque falta personal. Que contrate a personas que realmente resuelvan estos expedientes y ya verás tú cómo los expedientes y la tramitación administrativa se reduce a la mitad de la mitad de la mitad", ha insistido, considerando que el Gobierno está "generando una situación de colapso" para luego "justificar que venga aquí la empresa privada a resolvernos la papeleta".

"CIUDADANOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA"

Finalmente, el representante de UGT en la Junta de Personal de Toledo, Rafael López, ha sostenido que con la aprobación de la Ley "va a haber ciudadanos de primera y de segunda" en Castilla-La Mancha, "el que pueda permitirse pagar la agilización contratando a una entidad colaboradora y el que tenga que pasar por un servicio colapsado y desdotado".

Del mismo modo, López ha alertado de que las empresas privadas que realicen estos trámites "van a acceder a datos sensibles probablemente" y este tipo de empresas "no tienen ese deber de sigilo que tenemos el personal funcionario".

"Llamamos desde la Junta de Personal a que recapacite el Gobierno de Castilla-La Mancha y dé un paso atrás, que paralice este procedimiento e inicie un trámite negociado con toda la parte social".

Un trámite en el que, ha añadido, se escuchen sus propuestas, aunque ha reconocido que "los que parece que no están dispuestos a escuchar son los representantes de nuestro Gobierno".

"NO PRIVATIZA NI SUSTITUYE A FUNCIONARIOS"

Por su parte, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha descartado que la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, que tramita el Ejecutivo regional, conlleve una "privatización encubierta", al tiempo que ha defendido que ha defendido que dicha norma aspira a "podar de burocracia a la administración".

Así ha reaccionado Ruiz Molina, preguntado en una entrevista con Radio Castilla-La Mancha, que recoge Europa Press, por la protesta que este miércoles llevó a cabo la Junta de Personal Funcionario de la Administración autonómica en las cinco provincias de la región para denunciar que la tramitación de dicha norma es "una de las privatizaciones más gordas" de la historia de la Comunidad Autónoma, a un nivel que "ni Cospedal se atrevió" a poner en marcha.

"Esto es la amenaza permanente, pero luego no se produce", ha considerado el titular regional de Administraciones Públicas sobre la postura de a Junta de Personal Funcionario.

Dicho esto, ha defendido que la referida ley "va a estar muy bien acogida por los ciudadanos y ciudadanas y fundamentalmente también por la clase empresarial", pues pretende, como mantiene el presidente regional, Emiliano García-Page, "podar de burocracia a la administración".

"El objetivo es podar de trámites a la administración y facilitar que los trámites que haya que hacer con la administración sean los más sencillos posibles", ha insistido Ruiz Molina, que ha añadido que también persigue digitalizar dichos trámites, para "causar las menos molestias posibles" tanto a las empresas a los ciudadanos, cada vez que necesiten una prestación o una actuación por parte de la administración.

"Por lo tanto, no hay ninguna privatización en la mente de este Gobierno y, en ese sentido, lo que consideramos es que, aprovechando las competencias que tenemos en materia administrativa, seamos capaces, entre todos, de realizar un esfuerzo para que los trámites administrativos sean sencillos y, desde luego, agradables", ha insistido.

A modo de ejemplo, ha citado los informes de impacto medioambiental, que involucran a gran parte de los departamentos de la administración.

"Lo hacemos también de forma egoísta, porque cuanto más sencillos sean estos procedimientos, pues más inversión podremos conseguir de la clase empresarial en nuestra región y por lo tanto más empleo. Está todo relacionado", ha concluido.