CSIF pide recuperar derechos laborales y el fin de los recortes en Castilla-La Mancha
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) confía en que 2026 suponga un punto de inflexión en la defensa y el fortalecimiento de los servicios públicos en Castilla-La Mancha, con el fin de unos recortes que califica de “crónicos” y que, según denuncia, afectan de forma directa tanto a los empleados públicos como a la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.
En una nota de prensa difundida este jueves, el sindicato destaca como avance el acuerdo salarial de obligada aplicación para todas las administraciones públicas, firmado con el Ministerio de Hacienda el pasado 27 de noviembre. Este pacto contempla un incremento retributivo del 4% para 2026 —un 2,5% correspondiente a 2025 y un 1,5% adicional para 2026— dentro de una subida acumulada que alcanzará el 11,4% en 2028. No obstante, CSIF subraya que, en el caso de Castilla-La Mancha, este acuerdo debe ir acompañado de políticas autonómicas específicas que permitan recuperar derechos laborales perdidos.
“Estamos hablando de derechos como la carrera profesional sanitaria, el pago del verano a los interinos docentes o las elevadas ratios y el horario lectivo, así como de la falta de personal y las restricciones en las incorporaciones en toda la Administración General de la Comunidad Autónoma, donde hay puestos que no se cubren y servicios que también se externalizan”, señala el presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez.
El sindicato advierte de que estos recortes no afectan a un único sector, sino que tienen un impacto transversal en toda la Función Pública. Entre los ejemplos más significativos, CSIF destaca la supresión del Plan de Acción Social durante el mandato de María Dolores de Cospedal, que continúa sin recuperarse, así como una tasa de temporalidad que considera “inasumible”. En la actualidad, uno de cada tres empleados públicos de la región mantiene una relación laboral temporal con la Administración.
Para la organización sindical, este escenario pone de manifiesto la necesidad urgente de un cambio de rumbo en las políticas públicas. “Es imprescindible apostar de forma decidida por los servicios públicos y por quienes los sostienen cada día”, subraya Domínguez, que confía en que 2026 sea el año en el que se ponga fin de manera definitiva a los recortes y se avance hacia una Administración más justa y dotada de los recursos necesarios.
Por último, CSIF censura la falta de diálogo del presidente regional, Emiliano García-Page, con el primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, mientras sí lo mantiene con CCOO y UGT. Según el sindicato, estas organizaciones han percibido casi 51,7 millones de euros en subvenciones por parte del Gobierno regional, una cantidad que, a su juicio, debería restituirse a las arcas autonómicas para recuperar derechos laborales, reforzar los servicios públicos, invertir en sectores clave y proteger a los colectivos más vulnerables.
