El nuevo Plan de Vivienda triplica la inversión hasta 7.000 millones

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció este jueves en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) que el próximo martes llevará al Consejo de Ministros la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un instrumento que triplica la inversión hasta los 7.000 millones de euros y que, según subrayó, garantiza que "ni un solo euro vaya a viviendas públicas o protegidas que en el futuro se vayan a privatizar". Lo hizo en el marco de la jornada Habitar el mundo rural: vivienda y futuro, organizada por el diario La Tribuna de Ciudad Real en el Teatro Municipal de la localidad ciudadrealeña.

El anuncio se produce con Castilla-La Mancha como telón de fondo. La región multiplica casi cuatro veces su dotación bajo el nuevo marco estatal, pasando de 75 a 280 millones de euros, y el consejero de Fomento regional, Nacho Hernando, confirmó en rueda de prensa que la aprobación del plan permitirá al Ejecutivo autonómico "desbloquear algunos proyectos" que tenía en cartera, entre ellos el inicio de las obras, antes de que concluya el año, de la promoción de 316 viviendas para alquiler asequible en el barrio del Polígono de Toledo.

Rehabilitar para vivir mejor

El eje central del nuevo plan es la estrategia de rehabilitación, bajo el lema "rehabilitar para vivir mejor". El programa contempla hasta 8.000 euros por vivienda para actuaciones estructurales en edificios, hasta 13.000 euros para mejoras de accesibilidad y hasta 20.500 euros para rehabilitación energética, cuantía que varía en función del ahorro de consumo de energía primaria, el tamaño del inmueble y el coste de la intervención.

A estas ayudas se suma una línea específica para inmuebles con valor patrimonial o ubicados en cascos históricos, con una dotación adicional de hasta 30.000 euros. La combinación de todas las líneas disponibles permite que una misma vivienda pueda alcanzar subvenciones de hasta 50.000 euros si concentra actuaciones estructurales, de accesibilidad y de eficiencia energética. Rodríguez justificó esta apuesta señalando que muchos municipios rurales cuentan con vivienda vacía pero no habitable: "Queremos que quien decide vivir en su pueblo pueda hacerlo en condiciones dignas", afirmó.

Movilización del parque privado hacia el alquiler asequible

El segundo gran bloque del plan está orientado a movilizar vivienda privada hacia el alquiler asequible. Los propietarios que cedan sus inmuebles a las comunidades autónomas para destinarlos al alquiler durante un mínimo de siete años recibirán una compensación económica, más ayudas de hasta 12.000 euros para la rehabilitación inicial del inmueble —para reformarlo, rehabilitarlo o hacerlo accesible al inicio del contrato— y hasta 18.000 euros adicionales para su devolución en condiciones óptimas al propietario al término del periodo.

El plan también establece ayudas de hasta 35.000 euros para la rehabilitación de viviendas vacías, siempre que se destinen posteriormente a alquiler residencial durante al menos cinco años a precios asequibles. Estas medidas, explicó la ministra, responden a la realidad de un mercado en el que la mayor parte del parque en alquiler no pertenece a administraciones ni a grandes fondos de inversión, sino a particulares: "Este es el mercado que tenemos que regular y no obviarlo", recalcó Rodríguez, quien señaló que todas las medidas del Gobierno van orientadas en esa dirección.

Nueva construcción y emancipación juvenil en el medio rural

En materia de nueva construcción, el plan incorpora ayudas de hasta 85.000 euros para la promoción de vivienda pública con protección permanente en municipios de menos de 10.000 habitantes. Estas viviendas, una vez construidas, podrán destinarse tanto al alquiler como a la venta, con el objetivo de ampliar la oferta asequible en el entorno rural. La protección permanente es un requisito sine qua non: la ministra insistió en que ningún euro del plan podrá destinarse a viviendas que en el futuro pierdan esa condición.

Para facilitar el arraigo de los jóvenes en el medio rural, el plan contempla ayudas de hasta 15.000 euros para menores de 35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes, ampliables a localidades de hasta 20.000 cuando estas acrediten riesgo de pérdida de población. "La vivienda es un derecho esencial y una política de país", sintetizó Rodríguez, quien defendió que el nuevo plan supone un cambio estructural en la política estatal de vivienda orientado a garantizar su acceso en condiciones de igualdad.

Castilla-La Mancha, a la espera de los fondos para actuar

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, celebró el inminente desbloqueo del plan e informó de que el Ministerio reconocerá la aportación regional de 120 millones de euros procedentes de fondos FEDER reprogramados, recursos que "en principio se iban a destinar a otras cosas" y que ahora se reorientarán hacia lo que el consejero calificó como "la máxima prioridad que existe en la calle hoy en día": dar soluciones en materia de vivienda. "Necesitamos que se apruebe ya", afirmó Hernando, que avanzó que los equipos técnicos de la Junta trabajan ya en adendas y convocatorias de bases complementarias al plan estatal, en ámbitos como las ayudas al alquiler o a la rehabilitación. El consejero recordó que la comunidad se aproxima a las 20.000 nuevas licencias de obra solicitadas desde que el Gobierno regional se comprometió a impulsar la construcción hace dos años, y apuntó que el nuevo plan también permitirá plantear suelo para cooperativas y para promoción asequible.

El decreto de alquileres de Sumar, en el aire

En paralelo, Rodríguez abordó la situación del decreto ley de prórroga de alquileres impulsado por Sumar y reconoció que "va a ser muy complicado" que salga adelante en el Congreso de los Diputados, "observando lo que han dicho los grupos políticos, especialmente las derechas". La ministra señaló que Junts "no está por la labor", aunque precisó que "nunca en las negociaciones políticas hay que bajar los brazos".

Rodríguez defendió que su posición es "mucho más ambiciosa" que la contenida en la propuesta de su socio de Gobierno, ya que la regulación debe abarcar también los contratos firmados en 2022 y 2023, y no solo los de 2020 y 2021. Puso el foco en la proliferación de contratos temporales de apenas once meses o un año que, a su juicio, atrapan a las familias e impiden a los estudiantes acceder a un alquiler a precio razonable. Por ello, respaldó una iniciativa parlamentaria en el Congreso que aborda de forma transversal toda la regulación del mercado del alquiler, con especial atención a esa tipología de contratos y con la mirada puesta en zonas especialmente tensionadas como la Comunidad de Madrid, cuyos responsables autonómicos, señaló, "han decidido no intervenir". El nuevo Plan Estatal de Vivienda queda así como el instrumento central de la política del Gobierno en esta materia, mientras la vía parlamentaria para regular el alquiler enfrenta una aritmética adversa.