Castilla-La Mancha reduce su déficit al 0,15% del PIB en febrero

Castilla-La Mancha registró en febrero de 2026 una necesidad de financiación de 92 millones de euros, equivalente al 0,15% del PIB, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Hacienda. La cifra supone una reducción drástica respecto a los 193 millones —el 0,33% del PIB— que la comunidad anotó en el mismo periodo de 2025, lo que implica una mejora del 52% en términos absolutos en apenas doce meses.

El dato sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas con menor desequilibrio presupuestario del país en el arranque del ejercicio, en un contexto general de mejora de las finanzas públicas. El conjunto de las Administraciones Públicas —sin incluir las Corporaciones Locales— acumuló un déficit de 13.439 millones de euros al cierre de febrero, equivalente al 0,76% del PIB, frente al 0,91% del mismo periodo de 2025.

La comunidad castellanomanchega completó en febrero de 2026 una reducción de su desequilibrio presupuestario sin precedentes en los últimos ejercicios. Con un déficit de 92 millones de euros y un peso sobre el PIB del 0,15%, la región recorta en 101 millones su necesidad de financiación respecto al primer bimestre de 2025, cuando el saldo negativo ascendía a 193 millones y representaba el 0,33% del PIB regional.

El contexto autonómico: CLM, entre las más disciplinadas

El informe del Ministerio de Hacienda desvela que las comunidades autónomas en su conjunto mejoraron de forma notable su posición financiera. El agregado regional cerró febrero con un déficit de 2.234 millones de euros (0,13% del PIB), frente a los 3.287 millones (0,19% del PIB) del mismo mes de 2025. La reducción supone una caída del 32% en términos absolutos.

La tabla por comunidades sitúa a Castilla-La Mancha en una posición cómoda dentro del conjunto. Con un -0,15% del PIB, la región mejora en 0,18 puntos porcentuales respecto a un año antes y supera en comportamiento a otras como la Comunitat Valenciana (-0,24%), la Región de Murcia (-0,39%), Canarias (-0,38%) o Baleares (-0,40%). Solo Castilla y León (0,02%), Asturias (0,08%), el País Vasco (0,10%), la Comunidad Foral de Navarra (0,40%) y las propias Canarias, que pasó de superávit a déficit, exhiben datos distintos.

En el extremo opuesto se sitúan comunidades como Cataluña, con un déficit de 573 millones (-0,17%), o la Comunidad de Madrid, con 369 millones negativos (-0,11%), aunque en términos de PIB estas dos grandes economías muestran ratios inferiores al dato manchego en valor porcentual.

La Administración Central, el grueso del déficit nacional

El peso del desequilibrio público sigue concentrado en la Administración Central, que acumuló en febrero un déficit de 14.526 millones de euros, el 0,83% del PIB. De ese total, 13.205 millones corresponden al Estado propiamente dicho (0,75% del PIB), mientras que los Organismos de la Administración Central sumaron otros 1.321 millones (0,08% del PIB).

Respecto a febrero de 2025, la Administración Central redujo su desequilibrio en 0,03 puntos porcentuales sobre el PIB. El dato, sin embargo, oculta una divergencia interna: el Estado mejoró su saldo en 440 millones, pero los organismos dependientes empeoraron en 497 millones, con un incremento del 60,3% en su necesidad de financiación.

El impacto de la DANA —el sistema de gota fría que devastó amplias zonas de la Comunitat Valenciana a finales de 2024— distorsiona parcialmente la comparación interanual. El gasto extraordinario asociado al desastre natural alcanzó los 1.779 millones en el primer bimestre de 2025, frente a tan solo 37 millones en el mismo periodo de 2026, una diferencia de 1.742 millones. Descontando este efecto, el déficit del agregado de Administraciones Públicas sin Corporaciones Locales habría pasado de 13.578 millones a 13.402 millones, una reducción más modesta del 1,3%.

El Estado, con déficit del 0,22% en marzo y superávit primario

El Ministerio de Hacienda publicó también este miércoles los datos del Estado correspondientes a marzo de 2026, un mes más avanzados que los del conjunto de las Administraciones. Hasta el tercer mes del año, el Estado registró un déficit de 3.944 millones de euros, equivalente al 0,22% del PIB.

Descontando los pagos por intereses de la deuda —que ascendieron a 7.959 millones en el primer trimestre, un 4,6% más que en 2025—, el Estado obtuvo un superávit primario de 4.015 millones, el 0,23% del PIB. Esta magnitud, que mide la capacidad real de generación de ingresos con independencia del coste de la deuda heredada, refleja la solidez del ciclo recaudatorio en el arranque del ejercicio.

Ingresos tributarios: IVA e IRPF lideran el crecimiento

Los recursos no financieros del Estado alcanzaron 72.157 millones de euros al cierre de marzo, un 4,4% más que en el mismo período de 2025. Los impuestos representaron el 86,6% de ese total, con 62.474 millones, y crecieron un 5,4%, aportando 3.216 millones adicionales respecto al primer trimestre del año anterior.

El IVA continuó siendo el pilar recaudatorio más relevante: aportó 31.855 millones, un 4,9% más que en 2025. En términos brutos, los ingresos por este impuesto se elevaron hasta 33.110 millones, con un crecimiento del 5,4%. Por su parte, el IRPF alcanzó 19.443 millones, un 4,3% más, dentro de unos impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio que en conjunto crecieron un 6,4%, hasta 22.728 millones.

Entre las novedades del ejercicio destacó el adelanto del pago fraccionado del nuevo Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, que en febrero ingresó 543 millones. En 2025, primer año de vigencia de la figura, ese pago se efectuó en junio, lo que distorsiona la comparativa temporal. Las entidades financieras trasladaron además a las comunidades autónomas, en marzo, la recaudación íntegra del impuesto correspondiente a 2025: 1.473 millones.

Las rentas de la propiedad anotaron un avance del 21,2%, hasta 2.027 millones, impulsadas por el ingreso de un dividendo del Banco de España de 211 millones, correspondiente al 90% de sus beneficios de 2025, y por mayores cobros de intereses, que crecieron un 7,5%, hasta 1.748 millones.

El gasto público, al alza por salarios e inversión

Los empleos no financieros del Estado sumaron 76.101 millones en el primer trimestre de 2026, un 5,6% más que un año antes. La principal partida fueron las transferencias entre Administraciones Públicas, que representaron el 59,5% del gasto total con 45.273 millones y un crecimiento del 3,3%.

Las comunidades autónomas recibieron del Estado 26.763 millones hasta marzo, un 13,9% más que en 2025. De ese importe, 23.597 millones correspondieron al sistema de financiación autonómica, de los que 22.997 millones fueron entregas a cuenta y 600 millones anticipos de recursos del sistema. Al margen del sistema de financiación, las regiones percibieron 3.166 millones, un 65,2% más que en el mismo período de 2025, incremento que se explica principalmente por el traslado de la recaudación del impuesto a la banca.

La remuneración de asalariados creció un 6,8%, hasta 5.324 millones, como consecuencia de la subida salarial de la parte fija del 1,5% acordada para los empleados públicos en 2026. La inversión pública avanzó un 10,3%, hasta 2.297 millones. También destacó el fuerte incremento de la aportación española a la Unión Europea, que se elevó un 48,3%, hasta 4.656 millones, por el mayor peso del recurso basado en la Renta Nacional Bruta (RNB), que creció un 70%, hasta 3.848 millones.

La Seguridad Social, el gran activo de las cuentas públicas

Los Fondos de la Seguridad Social registraron en febrero un superávit de 3.321 millones de euros, el 0,19% del PIB, frente a los 2.399 millones (0,14% del PIB) de un año antes, lo que supone una mejora del 38,4%. El buen comportamiento del mercado laboral explica en buena medida este resultado: las cotizaciones sociales alcanzaron 37.446 millones, creciendo un 10% respecto a 2025 y representando el 83,5% de los recursos totales de los fondos.

El Sistema de Seguridad Social propiamente dicho obtuvo un superávit de 2.366 millones, un 27% más que en febrero de 2025. La media mensual de afiliaciones creció un 2,2% respecto al mismo mes del año anterior. El gasto en pensiones contributivas y no contributivas aumentó un 6,1%, hasta 29.503 millones, como consecuencia de la revalorización del 2,7% aplicada en 2026, que elevó la pensión media de febrero hasta 1.366,20 euros, un 4,5% más que un año antes.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) obtuvo un superávit de 994 millones, más del doble de los 462 millones registrados en febrero de 2025, con unos ingresos por cotizaciones que crecieron un 11,2%, hasta 6.276 millones. En sentido contrario, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) pasó de un superávit de 74 millones en febrero de 2025 a un déficit de 39 millones en el mismo mes de 2026.

El saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social se produce en un año marcado por varias medidas de calado: la subida del salario mínimo interprofesional hasta 1.221 euros mensuales, la revalorización del 11,4% de las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional hasta el 0,9% y la aplicación de la cuota adicional de solidaridad para los salarios que superan la base máxima de cotización. Estas reformas estructurales, concebidas para reforzar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, impactan ya de forma directa en el cuadro financiero del primer bimestre del año.