Castilla-La Mancha plantea nuevas medidas de apoyo ante los retos del transporte

El sector del transporte de mercancías por carretera en Castilla-La Mancha celebró este miércoles una de sus citas clave del año con la Asamblea General de FETCAM. El encuentro, marcado por el análisis del presente y la preparación del futuro inmediato, estuvo acompañado por el Gobierno regional y por la patronal nacional, en una jornada en la que se subrayó la importancia estratégica de la actividad y se desgranaron los retos que definirán su hoja de ruta en 2026.

La Federación de Empresarios de Transporte de Castilla-La Mancha (FETCAM) reunió en Toledo a representantes del sector, autoridades autonómicas y líderes de la patronal nacional en una Asamblea General que, más allá de la evaluación del ejercicio 2025, sirvió para redefinir prioridades y marcar un rumbo común en un momento de profundos cambios normativos y tecnológicos. La cita estuvo presidida por Carlos Marín y contó con la participación del consejero de Fomento, Nacho Hernando, así como de Javier Arnedo, nuevo presidente de CONETRANS y figura destacada en el panorama estatal del transporte.

Uno de los anuncios destacados fue la formalización del cambio de denominación de la federación, que pasa a integrarse como CETM Castilla-La Mancha, alineándose con las directrices organizativas de la confederación nacional y reforzando su estructura representativa en un sector que demanda más cohesión para afrontar los desafíos del futuro. Marín explicó que 2025 ha sido “un año de transición”, marcado por debates regulatorios de gran calado y por la necesidad de preparar al tejido empresarial para un 2026 que se anticipa decisivo.

Entre los asuntos más trascendentes analizados se encuentra la modificación de los pesos máximos autorizados, cuyo aumento de 40 a 44 toneladas supondría una importante mejora en la eficiencia del transporte y permitiría optimizar rutas y costes en un momento de elevada presión sobre el sector. La federación considera prioritario que esta revisión se implemente con claridad y consenso, evitando interpretaciones dispares entre comunidades autónomas que puedan generar desigualdades.

El debate regulatorio incluyó también a los vehículos euromodulares, configuraciones de gran capacidad consideradas esenciales para el transporte de larga distancia. La actual normativa limita de forma significativa su tránsito en determinados tramos, lo que, según los empresarios, resta competitividad y dificulta la adaptación a un modelo logístico más sostenible. La federación insistió en que estas restricciones no se corresponden con las necesidades reales del sector ni con el papel que los euromodulares desempeñan en otros países europeos, donde han demostrado ser eficientes y seguros.

A estas cuestiones se suma un problema estructural cada vez más urgente: la escasez de conductores profesionales. Marín alertó de que el tiempo que transcurre desde que un aspirante inicia el proceso formativo hasta que obtiene el carné de camión puede superar el año, situándose entre 12 y 14 meses, a lo que se añade un coste que ronda los 4.000 euros. Este escenario, señaló, desincentiva la incorporación de jóvenes y complica el relevo generacional en un sector cuyo envejecimiento es evidente.

La problemática laboral se agrava ante la antigüedad de las flotas, con vehículos que alcanzan una media de ocho años y más de 800.000 kilómetros recorridos. Marín recordó que el anterior plan de achatarramiento impulsado por el Gobierno regional permitió una renovación significativa del parque móvil y reclamó reeditar un programa similar, capaz de modernizar la flota, mejorar la seguridad en carretera y avanzar hacia un modelo menos contaminante.

En materia medioambiental, el combustible HVO ocupó un lugar destacado. Los transportistas consideran imprescindible que deje de catalogarse como un producto “premium” y reciba un tratamiento fiscal acorde con su impacto positivo: una reducción del 90% de emisiones respecto al combustible tradicional. Esta medida, defendieron, incentivaría la transición energética sin comprometer la operatividad del sector en un contexto de fuerte competencia internacional.

Durante la clausura del encuentro, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, reafirmó el compromiso del Ejecutivo autonómico con el sector y subrayó que “hay que dar facilidades a una actividad estratégica para el bienestar del país”. En este sentido, anunció que Castilla-La Mancha estudiará fórmulas para agilizar la tramitación del CAP y del carné profesional, entre ellas la posibilidad de que la propia administración autonómica pueda gestionar parte del procedimiento administrativo, lo que reduciría significativamente los tiempos de espera.

Hernando expresó su apoyo a reivindicaciones relacionadas con la dignificación de la profesión, especialmente el derecho de los conductores a realizar retornos regulares a sus hogares, un aspecto que influye directamente en la calidad de vida y en la capacidad del sector para atraer nuevos profesionales. Además, se mostró crítico con algunas decisiones recientes adoptadas a nivel estatal, como la restricción de circulación de los euromodulares en determinados tramos de 25 a 10 kilómetros, una medida que, afirmó, “requiere una revisión integral”.

El consejero destacó también el papel esencial que los transportistas han desempeñado en los momentos más complejos de los últimos años, desde la pandemia hasta episodios de escasez de combustible. Su capacidad de respuesta, dijo, demuestra que el transporte por carretera sigue siendo un pilar fundamental para la economía regional y nacional, así como para la cohesión social y territorial.

Tanto los representantes de CETM Castilla-La Mancha como los de CONETRANS coincidieron en trasladar un mensaje de moderado optimismo de cara a 2026. A pesar de los retos pendientes, aseguraron que el sector mantiene su vocación de servicio y su compromiso con la modernización, la seguridad y la sostenibilidad. “Si el transporte se detiene, la economía se detiene”, recordaron, insistiendo en la necesidad de que las administraciones, empresas y agentes implicados avancen de forma coordinada para garantizar el futuro de una actividad imprescindible para el país.