Castilla-La Mancha pide un fondo adicional para la despoblación y la condonación de la deuda

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido este martes que se establezca un fondo adicional para hacer frente a la despoblación y se ha mostrado a favor de la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, sobre todo para regiones infrafinanciadas como esta.

Así ha respondido el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa para informar sobre acuerdos del Consejo de Gobierno, a raíz de una información publicada por el diario El Mundo sobre la financiación contra la despoblación.

Ruiz Molina ha indicado que los documentos que el Ejecutivo castellanomanchego remitió a principios del año 2022 al Gobierno de la nación respecto a la financiación de la despoblación, sostenían que había que incrementar la ponderación respecto a la propuesta del Ministerio en relación a la variable de superficie, dispersión y población, en las que ha remarcado que está incluida la despoblación.

Asimismo, ha explicado que Castilla-La Mancha también trasladó que la despoblación como tal debía estar en un fondo adicional, al margen del sistema de finaciación, dentro de políticas de desarrollo regional y que incluya medidas tributarias o recursos adicionales para hacer frente al riesgo poblacional.

Con respecto a la condonación de la deuda, el titular de Hacienda ha recordado que el Gobierno autonómico utiliza desde hace diez años la denominación de reestructuración de la deuda en vez de quita.

Con todo, ha firmado que Castilla-La Mancha está de acuerdo con esa condonación porque considera que hay una parte importante del endeudamiento que tiene la comunidad autónoma que es consecuencia del mal funcionamiento del sistema de finaciación, y porque las comunidades autónomas han asumido muchos mecanismos para reestructurar la deuda.

No obstante, Ruiz Molina ha exigido saber qué criterios va a utilizar el Ministerio de Hacienda para comprobar si se corresponden con las intenciones del Gobierno de Castilla-La Mancha, al tiempo que ha subrayado que en el presupuesto regional de 2025 la deuda supone 300 millones y si fuera liberada de un buen porcentaje, ese dinero podría destinarse al estado del bienestar.

GESTIÓN PÚBLICA DEL 1-1-2

Por otra parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha se ha pronunciado ante la protesta encabezada por el sindicato CCOO en la que reclaman que el servicio de emergencias 112 de la región sea de gestión pública, asegurando que, de facto, ya lo es, y poniendo el acento en que en los últimos tiempos ha aumentado su presupuesto en un 80%; añadiendo a este extremo que la ciudadanía aprueba con sobresaliente a este recurso.

"La gestión es pública. Otra cosa es que el personal especializado esté prestado por empresas especializadas y, en ese sentido, yo creo que, teniendo en cuenta que la satisfacción de los ciudadanos de esta región con el 112 es máxima, pedir la prestación pública no tiene sentido", ha rematado.

A preguntas de los medios y en la misma jornada en la que se celebra el Día Internacional del 112, ha insistido en que este servicio "es una gestión pública" y es la administración quien le nutre "de todos los medios y materiales".

Todo ello dentro de un área que "ha crecido en cuanto a presupuesto" y que ha recibido dotación de "la mayor y más moderna plataforma tecnológica para que el servicio se preste con la mayor operatividad".

Se ha creado, además, "un centro de respaldo" para que el servicio pueda trasladarse en caso de problema operativo; a lo que ha sumado que "ya se está construyendo un nuevo edificio con una inversión de 14 millones que cuadruplica los metros cuadrados" del actual centro.

Finalmente, ha argumentado, tras felicitar a los 200 trabajadores de este servicio por su Día Internacional, que "es uno de los servicios mejor valorados", algo que se justifica con "las encuestas de satisfacción" que otorgan "notas de sobresaliente para un personal que atiende diariamente 4.000 llamadas".

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

En otro orden, el Gobierno regional ha aprobado en Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, para reforzar las políticas sociales llevadas a cabo en materia educativa, cultural, de servicios sociales y empleo público; y para dotar de mayor seguridad jurídica a las actuaciones de la Administración regional, tanto en el ámbito presupuestario o patrimonial, como en la gestión documental, asesoramiento jurídico y el juego.

En este contexto, Ruiz Molina ha explicado que esta iniciativa legislativa --lo que se conoce como Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2025-- supone modificar de "forma puntual doce leyes regionales", siendo oportuno "incluir todas estas modificaciones en un único texto legal". Una vez aprobado en Consejo de Gobierno se remitirá a las Cortes autonómicas para su tramitación parlamentaria, a fin de que pueda ser aprobado y entren en vigor las modificaciones normativas recogidas en el texto.

Durante su alocución, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desgranado el paquete de medidas administrativas y financieras que regula el texto legislativo y que afectan al ámbito competencial de diversas consejerías y organismos autónomos de la Administración regional.

Entre las medidas destinadas a reforzar las políticas sociales, destacan importantes modificaciones en el ámbito educativo. La primera, es la modificación de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, para incluir la gratuidad de la prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado de bachillerato residente en zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso educativo y aliviando la carga económica de las familias.

Asimismo, se modifica la Ley 3/2007, de 8 de marzo, de Participación Social en la Educación de la región, para garantizar que la representación en el consejo escolar corresponda a los padres y madres del alumnado, y a los propios alumnos y alumnas y no a través de representantes de estos colectivos que pueden que no cumplan esa condición.

En materia de servicios sociales, el consejero se ha referido a la Ley 7/2023, de 10 de marzo, de Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia en la región, por la que se modifica el artículo 10, relativo al permiso a los letrados del Gabinete jurídico a continuar ejerciendo acciones judiciales en defensa de las personas tuteladas por la Junta, cuando alcancen la mayoría de edad, ampliando así su protección más allá del ámbito penal.

El proyecto de Ley también incluye medidas en materia de empleo público. En este ámbito, Ruiz Molina ha destacado la supresión de la aplicación de los porcentajes en la distribución de plazas vacantes del personal estatutario del Sescam, permitiendo convocar todas las plazas disponibles en oposiciones y concursos, en vez de estar limitados a un tercio de las vacantes en los concursos de traslados y dos tercios en las oposiciones, agilizando así los procesos selectivos.

En el ámbito cultural, el consejero ha mencionado una actuación relevante, se trata de la ampliación de los beneficios fiscales del mecenazgo cultural de carácter privado al ámbito deportivo, con el propósito de fomentar la actividad física y el deporte entre toda la ciudadanía, modificando el título de la Ley de Mecenazgo Cultural que pasará a denominarse Ley de Mecenazgo Cultural y Deportivo.

En la misma línea, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha explicado las actuaciones que van a permitir dotar de una mayor seguridad jurídica a las consejerías y organismos. Ha destacado, por un lado, en materia de juego, que se modifica puntualmente la Ley 5/2021, de 23 de julio, de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego de Castilla-La Mancha, por el cual, se excluye de su ámbito de aplicación aquellos juegos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), que se celebren en fechas concretas.

Por otro lado, se incluye en la misma ley la regulación del acceso a los salones de juego mediante huella dactilar o reconocimiento facial, adaptándolo a la normativa europea de recopilación y tratamiento de datos biométricos, con el objetivo de dar seguridad jurídica al sector, y que si el visitante al salón no da su consentimiento a este tratamiento biométrico, pueda acceder mostrando el DNI.

En este punto, el consejero ha desglosado también las actuaciones que se acometen en el caso del patrimonio. En cuanto al patrimonio del suelo público se mejora la regulación del canon urbanístico para lograr un reparto más equitativo de los ingresos entre los municipios afectados por las actuaciones urbanísticas supramunicipales. Además, se suprime en la Lotau la obligación de reservar todas las administraciones, desde la Junta, a las diputaciones y ayuntamientos, un cinco por ciento del presupuesto anual de inversiones a la adquisición de suelo público.

En cuanto al patrimonio cultural, se incluye el paisaje cultural como nueva categoría dentro de la máxima figura de protección del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y la figura de Evaluación de Impacto Patrimonial, como elemento para la evaluación de los impactos y afecciones de determinados proyectos sobre los BIC, como método eficaz para la conservación y protección de esos bienes.

Por último, desde el punto de vista de la gestión administrativa, Ruiz Molina ha explicado que la primera actuación es permitir que las entidades del sector público local pueden ser asistidas por el Gabinete Jurídico de la Junta, para promover una unidad de doctrina jurídica entre las administraciones públicas de la región. La segunda, se modifica la Ley 4/2024, de 19 de julio de Integridad Pública, para acomodar la normativa regional a la legislación de la Seguridad Social con relación al abono de las prestaciones por desempleo de los altos cargos cesados que no puedan reincorporarse a su puesto de trabajo.

Y la tercera, con el objeto de mejorar la técnica presupuestaria se detalla el momento a incorporar al documento presupuestario los diferentes informes de impacto (de género, Agenda 2023 e infancia o adolescencia), que se incorporarán en la fase de proyecto de ley, una vez cerradas las cifras del presupuesto y fijados los objetivos y actividades, y no en la fase de anteproyecto.

En definitiva, se trata de un proyecto de ley que va a "reforzar las políticas sociales; a dotar de mayor seguridad jurídica a determinadas actuaciones que realiza la Administración regional" con el propósito de "mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos", y que su tramitación es posible gracias a la "situación de normalidad que tenemos en comunidad autónoma", una estabilidad política que permite desde el Gobierno regional desarrollar "una intensa actividad legislativa" en beneficio de la ciudadanía.