Asaja abandona el CAMA por la reforma de la Ley de Montes de Castilla-La Mancha

El presidente de ASAJA CLM, José María Fresneda, y el vicepresidente, Juan José Laso, abandonaron este lunes el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) de Castilla-La Mancha en señal de protesta por la decisión de la Junta de Comunidades de mantener en el orden del día de la convocatoria de hoy la propuesta de modificación de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible en Castilla-La Mancha, pese a la solicitud formal de la organización para retirarla.

ASAJA había pedido expresamente que la propuesta no fuera sometida "de forma precipitada" a la toma en consideración del CAMA y que se concediera tiempo suficiente para analizar sus consecuencias y abordar su contenido con las organizaciones profesionales agrarias de la región. Al no ser atendida esa petición, los dos dirigentes optaron por marcharse del órgano como muestra de rechazo a la forma en que el Gobierno regional está conduciendo el proceso.

La crítica al argumento de la Junta

Fresneda cuestionó de forma directa la justificación esgrimida por el Ejecutivo autonómico. "El Gobierno regional vuelve a utilizar como justificación lo establecido en la Ley de Montes estatal, una norma que ya fue modificada en 2022. No existe, por tanto, ninguna modificación reciente de la normativa nacional que justifique o exija este cambio en la legislación de Castilla-La Mancha. El argumento no se sostiene y parece más orientado a lanzar un titular a la opinión pública que a responder a una verdadera exigencia legal", sostuvo el presidente de la organización.

La reforma de la Ley Nacional de Montes de 2022 obligó a las comunidades autónomas a desarrollar planes regionales de prevención en los que determinar las limitaciones y los usos y actividades permitidos en las zonas con IPP naranja y rojo. Según ASAJA CLM, es precisamente a través de esos planes donde las comunidades autónomas pueden fijar las medidas aplicables a las campañas agrícolas, sin necesidad de elevar esas restricciones al rango de ley.

Una prohibición sin precedentes en España

El fondo de la discrepancia va más allá del procedimiento. ASAJA denuncia que la propuesta del Gobierno regional no solo transpone la normativa estatal, sino que la endurece y elimina el margen de maniobra que el modelo estatal reserva a los planes autonómicos de prevención. "Se pretende, por primera vez en España, introducir por ley una prohibición expresa y automática de las labores agrícolas, incluida la cosecha, cuando el IPP sea naranja o rojo", advirtió Fresneda.

La organización subraya que esto supone un cambio sustancial respecto al esquema previsto por la normativa estatal: mientras la ley nacional plantea las restricciones agrícolas como una cuestión a desarrollar y regular a través de los instrumentos de prevención autonómicos, la propuesta regional convertiría esas limitaciones en una prohibición legal directa, sin posibilidad de establecer un marco específico y diferenciado para las labores del campo o las campañas de cosecha en función de sus características y necesidades.

El impacto sobre el sector agrario

La organización advierte de que una medida de este alcance puede tener consecuencias "extraordinariamente graves" para las explotaciones agrícolas, en especial para las dedicadas a cereales y otros cultivos herbáceos, que deben realizar la cosecha en ventanas temporales muy concretas y que no pueden posponer esas faenas sin asumir pérdidas irreparables. "El agricultor sigue estando en el punto de mira de la Consejería de Desarrollo Sostenible", lamentó Fresneda.

La organización se mostró tajante respecto a su posición en el CAMA: "No podemos participar en un órgano en el que se pretende avanzar en una modificación de estas características sin haber escuchado previamente al sector y sin haber estudiado suficientemente sus consecuencias."

ASAJA exige diálogo antes de seguir adelante

Pese al abandono, ASAJA CLM reiteró que comparte la necesidad de adoptar medidas eficaces para prevenir los incendios forestales, pero exige que cualquier regulación sea proporcional, técnicamente justificada y compatible con el normal desarrollo de la actividad agraria.

Para la organización, lo ocurrido en la convocatoria del CAMA refleja una falta de diálogo por parte del Gobierno regional y una forma de actuar que considera inaceptable cuando están en juego decisiones con un impacto directo sobre la viabilidad de miles de explotaciones. Por ello, ha reclamado a la Junta que abra un proceso de diálogo real con el sector agrario antes de avanzar en la tramitación de la reforma.

Este conflicto se suma, además, a las numerosas dificultades que atraviesa el sector agrario y ganadero regional y será uno de los motivos que llevará a ASAJA CLM a movilizarse en Toledo el próximo 6 de octubre.