El alcalde de Porzuna (PP) desobedece al Consejo de Transparencia y oculta contratos menores
El alcalde de Porzuna (Ciudad Real), Carlos Jesús Villajos Sanz (PP), ha incumplido de forma expresa y deliberada la resolución 60/2025, dictada el pasado 26 de febrero por el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, en la que se estimaba parcialmente una reclamación ciudadana y se requería a la administración local entregar la relación completa de contratos menores de los años 2019, 2020 y 2021.
La resolución fue dictada tras una solicitud de información presentada por Alberto Solís González, quien solicitó conocer, con detalle, el objeto, importe, adjudicatario, procedimiento y fecha de aprobación de todos los contratos menores formalizados por el consistorio desde 2019 hasta 2024. La reclamación fue motivada por la ausencia de esta información en el portal de transparencia del Ayuntamiento, a pesar de tratarse de una obligación legal de publicación proactiva, tal y como establece la Ley 19/2013 de Transparencia y la Ley 4/2016 de Transparencia de Castilla-La Mancha.
En su respuesta, el Consejo confirmó que solo estaban disponibles los contratos de 2022, 2023 y 2024, por lo que estimó la solicitud en lo relativo a los años 2019, 2020 y 2021, requiriendo al Ayuntamiento a facilitar dicha información en un plazo máximo de 20 días naturales. Sin embargo, a día de hoy, más de 45 días después del vencimiento del plazo, el Ayuntamiento no ha entregado los datos ni ha publicado los contratos exigidos, lo que constituye un incumplimiento firme de una resolución administrativa ejecutiva.
¿Qué contratos se están ocultando?
Entre los contratos que deberían haberse hecho públicos figuran todos los relacionados con la construcción de la residencia de mayores de Porzuna, una infraestructura clave que ha estado envuelta en controversia por su coste, opacidad y los criterios de adjudicación.
La ocultación de estos contratos impide a la ciudadanía conocer cuánto se gastó, a quién se contrató, por qué procedimiento y en qué condiciones, bloqueando así el acceso a información pública esencial para la fiscalización ciudadana de los fondos municipales.
El incumplimiento de una resolución del Consejo de Transparencia está tipificado como infracción muy grave en el artículo 48.1.a) de la Ley 4/2016 de Castilla-La Mancha.
Esto puede dar lugar a una sanción económica de 6.001 a 12.000 euros para el Ayuntamiento o el responsable político. Además, en los casos más graves, puede conllevar la inhabilitación para cargo público del responsable por un período de 5 a 10 años, e incluso, si el incumplimiento persiste, el Consejo podrá remitir el caso al Tribunal de Cuentas o al Ministerio Fiscal, y el asunto podría derivar en delitos de desobediencia o prevaricación por omisión.
