Sabrido e Isabel Rodríguez confían en la inocencia de Zapatero

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, mostró este martes su apoyo incondicional al expresidente del Gobierno José Luis Zapatero tras conocerse su imputación por parte del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el caso Plus Ultra, y reclamó al Partido Socialista que mantenga el foco en su programa político sin dejarse arrastrar por la polémica judicial.

En declaraciones a Europa Press, Sabrido reconoció que la noticia le había sorprendido "enormemente", aunque subrayó que respeta "las decisiones de la justicia, las comparta o no las comparta". A pesar de esa cautela formal, el delegado no dejó lugar a dudas sobre su posición: "confío plenamente en el presidente Zapatero".

Ante las reacciones que la imputación estaba generando en el espacio político, Sabrido reclamó disciplina y templanza en las filas socialistas. A su juicio, el PSOE "no debe parar en decir cuál es su programa" como vía para seguir "solicitando la confianza de los ciudadanos", y advirtió de que la formación no puede permitirse "dejarse nublar por las noticias que no afectan al interés de los ciudadanos".

El delegado también dirigió su mirada hacia la derecha. En su lectura del escenario político, la ofensiva del PP no respondería a un interés legítimo por depurar responsabilidades, sino a un cálculo estratégico ante el avance socialista. "Si los que no van a parar son el PP, yo creo que realmente tienen, si no miedo, al menos precaución de que lleguen los mensajes del Partido Socialista a los ciudadanos. No van a tratar de confundirlos", señaló Sabrido, en una formulación que mezcla advertencia y confianza en la capacidad ciudadana de distinguir entre información y ruido político.

El caso Plus Ultra, que lleva el nombre de la aerolínea de bajo coste que recibió un préstamo participativo del Estado durante la pandemia, ha cobrado nueva dimensión judicial con la imputación de Zapatero, cuya figura como expresidente añade un peso político singular a una causa que hasta ahora se centraba en la gestión gubernamental de los fondos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). La decisión del juez Calama ha generado un impacto inmediato en la agenda política nacional, con el PSOE en plena campaña de movilización territorial y el PP buscando capitalizar el desgaste.

Isabel Rodríguez reivindica el legado de Zapatero desde Toledo

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se sumó a las voces de respaldo al expresidente desde Toledo, donde participó en la presentación del libro El problema de la vivienda, de Javier Burón, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Preguntada por los medios a su llegada al acto, Rodríguez admitió sentirse "sorprendida como todos" ante la noticia de la imputación, pero no vaciló en su posición de fondo: "sigo confiando en el presidente Zapatero".

La ministra trazó una distinción entre su condición institucional y su identidad política. Como miembro del Gobierno, quiso transmitir su "confianza en el Estado de Derecho, en la acción de la justicia, en la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también en la presunción de inocencia". Pero como "militante socialista", dijo no poder "desligarse" de su "vinculación afectiva y emocional" con el expresidente.

Rodríguez desplegó entonces un repaso emotivo al legado de la etapa zapatero como forma de contextualizar su apoyo. Evocó la retirada de las tropas de Irak, la aprobación de la Ley del matrimonio igualitario, la primera Ley contra la violencia de género, las leyes de igualdad y el fin de la banda terrorista ETA. "No me puedo olvidar como demócrata de la importancia para nuestro país del fin de ETA que también logró el presidente Zapatero", afirmó.

La ministra cerró su intervención con una referencia explícita al papel de Zapatero en la campaña electoral de 2023: "No me voy a olvidar del compromiso del presidente Zapatero en el apoyo a este gobierno y en su papel tan importante en las pasadas elecciones en la campaña del año 23". La reacción de Rodríguez, en un acto de agenda ordinaria y lejos del foco mediático de Madrid, ilustra la voluntad del Ejecutivo de gestionar la crisis judicial sin apartar de escena a una figura que considera un activo político.