Entra en vigor el decreto de las entidades colaboradoras de Castilla-La Mancha
El decreto que regula el nuevo régimen jurídico de las Entidades Colaboradoras con la Administración (ECA) entra en vigor este jueves, 20 de agosto, después de que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha lo aprobara el pasado 28 de julio.
A partir de ahora, las entidades interesadas podrán solicitar su acreditación para colaborar con la Junta en la gestión de procedimientos administrativos, con el objetivo de reducir cargas burocráticas y agilizar la relación entre ciudadanos, empresas y Administración. La norma establece un periodo de adaptación para garantizar la implantación progresiva del sistema.
El Gobierno regional puso en marcha este jueves, 20 de agosto de 2026, el nuevo marco legal que regula las Entidades Colaboradoras con la Administración (ECA) de Castilla-La Mancha, un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de julio y que habilita por primera vez a entidades privadas para participar en la tramitación de determinados procedimientos administrativos de carácter técnico o con elevada carga de gestión.
Según la norma, las ECA desarrollarán exclusivamente funciones técnicas: verificación, certificación, evaluación y apoyo especializado. Las competencias de autorización, resolución, inspección y control permanecerán íntegramente en manos de la Administración pública. El uso de estas entidades tendrá, además, carácter voluntario para el ciudadano o la empresa que inicie un trámite.
Las entidades que soliciten su acreditación y sean inscritas en el registro regional podrán actuar en ocho ámbitos: urbanismo, gestión forestal, servicios sociales, patrimonio cultural, actividad cinegética, economía circular y evaluación ambiental. En todos los casos, su papel se limitará a la comprobación documental, la evaluación técnica y la certificación del cumplimiento normativo.
La Junta destaca que la regulación no supone en ningún caso la privatización de funciones públicas ni una merma de las garantías jurídicas de los ciudadanos. El Ejecutivo regional defiende el modelo como "un paso más en el proceso de modernización de los servicios públicos y en la implantación de un modelo administrativo más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía".
Un instrumento para los pequeños municipios
Uno de los objetivos centrales del decreto es convertir las ECA en un recurso al alcance de los ayuntamientos de la región, con especial atención a los pequeños municipios rurales. Muchas corporaciones locales de Castilla-La Mancha carecen de personal técnico suficiente para tramitar proyectos urbanísticos o expedientes complejos, lo que en la práctica ha provocado retrasos de meses e incluso años en la resolución de estos procedimientos.
La norma contempla asimismo un periodo de adaptación que permitirá la implantación progresiva del sistema, dotándolo de las garantías jurídicas y organizativas necesarias antes de que las entidades colaboradoras comiencen a operar de forma plena.
