El inspector al servicio de Cospedal declara en el juicio Kitchen
La Audiencia Nacional reanudará el próximo miércoles el juicio del caso Kitchen con la declaración como acusado de Andrés Gómez Gordo, inspector jefe que dirigió la Dirección General de Documentación y Análisis de Castilla-La Mancha bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal entre 2011 y 2015.
La Fiscalía pide para Gómez Gordo, al que el excomisario José Manuel Villarejo apodaba Cospedín, una condena de 15 años de cárcel por su supuesto papel en la operación parapolicial que espiaron al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas entre 2013 y 2015.
La Audiencia Nacional retomó el miércoles el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial montada entre 2013 y 2015 para vigilar y obtener información del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, con la declaración como acusado de Andrés Gómez Gordo, inspector jefe que pasó cuatro años al frente de la Dirección General de Documentación y Análisis de Castilla-La Mancha durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal antes de incorporarse a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional.
El procedimiento, que juzga a la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, lleva acumulados varios retrasos y se prolongará hasta finales de julio. En las sesiones anteriores ya declararon el exministro Jorge Fernández Díaz y otros cuatro de los diez acusados que componen el banquillo.
Gómez Gordo, al que Villarejo apodaba Cospedín en alusión a su etapa como mando policial al servicio de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, enfrenta la petición de condena más elevada de todo el proceso: 15 años de prisión. La Fiscalía le acusa de haber sido una de las personas encargadas de controlar a Sergio Ríos Esgueva, el chófer de Bárcenas captado como confidente por la presunta trama.
Según el escrito acusatorio del Ministerio Fiscal, Gómez Gordo relevó a Villarejo en las tareas de contacto con el conductor, de quien recibía información que nunca fue trasladada a los investigadores del caso Gürtel. Para sufragar ese trabajo, utilizó fondos reservados del Estado, una práctica que la Fiscalía sitúa en el núcleo de la operación ilegal.
La acusación añade un segundo cargo específico contra el inspector: la inclusión de un parte en el sistema informático interno de la Policía Nacional "de modo torticero" para simular que la información obtenida a través de Kitchen había sido compartida con los investigadores del caso Gürtel. Según el fiscal, ese documento se introdujo dos años después del inicio de las primeras actuaciones policiales relacionadas con Bárcenas y su chófer, al que los implicados denominaban en clave "el cocinero", de ahí el nombre de la operación.
La conexión con Cospedal, al margen de la causa
Aunque a lo largo del juicio se han acreditado contactos directos entre Villarejo o Gómez Gordo y Dolores de Cospedal, la Audiencia Nacional no juzga en este procedimiento la eventual implicación política del Partido Popular en la operación. El juez instructor optó por dejar fuera de esta causa a la ex secretaria general del PP, que entonces simultaneaba ese cargo con la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha.
El chófer de Bárcenas, también ante el tribunal
Inmediatamente después de que Gómez Gordo preste declaración, le seguirá en el estrado Sergio Ríos Esgueva, el exchófer de Bárcenas que actuó como confidente de la trama y cobró por ello 54.000 euros procedentes de los fondos reservados del Estado. Ríos logró además superar unas oposiciones para convertirse en agente de la Policía Nacional, un nombramiento que la Fiscalía solicita expresamente que sea anulado por la sospecha de que constituyó una contraprestación por sus servicios. El conductor, suspendido actualmente de empleo y sueldo, afronta una petición de 12 años y medio de prisión.
Tras la jornada del miércoles, la vista oral proseguirá con los restantes acusados. Los últimos en declarar serán tres agentes —el inspector José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano— contra los que la Fiscalía no presentó acusación, aunque el tribunal debe resolver su situación procesal antes de que el juicio concluya, previsiblemente a finales de julio.