La Junta resalta que la zona inaccesible del Pico del Lobo complicó el control del incendio

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha celebrado este jueves estuvo dominado por el intenso examen a la gestión del gran incendio forestal del Pico del Lobo, un fuego muy complejo en terreno de alta montaña que se prolongó durante dos semanas y cuyo impacto provocó un duro cruce político. En una sesión de fuerte carga sanitaria y medioambiental, los grupos confrontaron además por la interrupción del cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina (Toledo), el canon autonómico del agua y el futuro de la radiofísica hospitalaria. La jornada concluyó con un minuto de silencio por las víctimas de la DANA del pasado otoño y con el habitual control al Gobierno regional.

Un fuego de difícil acceso que obligó a priorizar medios aéreos

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ofreció una cronología minuciosa del incendio declarado el 20 de septiembre en Peñalba de la Sierra, avalado por datos técnicos y operativos para justificar la “extraordinaria dificultad” del dispositivo. Según explicó, el fuego tuvo un origen natural —la caída de un rayo que generó cinco puntos de ignición— y se propagó rápidamente por las crestas montañosas de la Sierra Norte.

Las primeras horas se trabajaron bajo nivel 0, con siete medios aéreos realizando reconocimiento y descargas ante la imposibilidad de acceso terrestre. Sin embargo, el viento cambiante y las pendientes obligaron a declarar sucesivos cambios operativos: nivel 1 el 22 de septiembre, con el cierre de la carretera GU-187 por riesgo para vehículos; nivel 2 el día 25, coincidiendo con la atención sanitaria a varios bomberos afectados por inhalación de humo y con el incendio duplicando su superficie la madrugada siguiente.

El fuego llegó a Segovia, obligó al desalojo de 11 vecinos y exigió la activación de mensajes Es-Alert para prevenir a la población. En total se movilizaron 190 medios, de ellos 64 aéreos, y 937 personas, entre personal del Infocam, brigadas estatales y efectivos llegados desde otras provincias. El incendio quemó 2.410 hectáreas, principalmente de brezo y pino silvestre, con un coste cercano a 1,8 millones de euros. Fue controlado el 29 de septiembre y estabilizado de forma definitiva el 1 de octubre.

Gómez defendió que la “profesionalidad impecable” de los equipos evitó daños personales y una mayor propagación gracias a la coordinación interterritorial y a una subida de la humedad el último fin de semana. No obstante, informó de que el año 2025 cierra ya con 6.826 hectáreas arrasadas en 1.548 incendios, un 10,59% más que en 2024.

Las explicaciones no frenaron la ofensiva política. El diputado de Vox, Iván Sánchez, aseguró que el 19 de septiembre —un día antes del rayo— la Junta había reducido el operativo de extinción “al 29% de su capacidad” y que trabajadores estaban “desbrozando en vez de listos para atacar las llamas”.

“No es verdad que solo los medios aéreos pudieran intervenir. Se trasladó un convoy desde Cuenca mientras tres retenes más cercanos permanecían parados”, sostuvo, reclamando una auditoría inmediata para depurar responsabilidades y un refuerzo permanente en la Sierra Norte.

Más duro fue el presidente regional del PP, Paco Núñez, quien comparó este incendio con el de Riba de Saelices de 2005, en el que fallecieron once personas. Acusó al Gobierno de ocultar información, asegurando que hubo vecinos que avisaron del fuego dos horas antes de la versión oficial y que las primeras brigadas acudieron “entre confusiones y con Google Maps”. Su conclusión: “No fue un error técnico, fue una decisión política”.

El socialista Francisco Barato respondió denunciando que la oposición buscara “desprestigiar a los servicios de extinción” y defendió con datos la solidez del Plan Infocam, recordando que el 90% de los incendios se quedan en conato.

Cribado del cáncer de mama: "desastre que no existe"

La otra gran polémica se centró en la interrupción del cribado de cáncer de mama en Talavera. Tanto PP como Vox reclamaron la dimisión inmediata del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

El portavoz de Vox, David Moreno, denunció que más de 3.000 mujeres llevan desde mayo sin recibir notificación para sus mamografías tras el cierre del centro concertado que prestaba el servicio. “Cinco meses sin actuar. Es un problema gravísimo y usted dijo que estaba todo perfectamente”, reprochó, extendiendo la crítica a “colapsos” en listas de espera y problemas no resueltos en el laboratorio del Hospital de Toledo.

El PP llevó la presión aún más lejos. Su portavoz sanitario, Juan Antonio Moreno, habló de “escándalo sanitario ocultado” y de una gestión “negligente” que habría privado conscientemente de un derecho preventivo a miles de mujeres: “Si no lo supo, dimita; si lo supo, peor”.

El consejero negó un impacto asistencial grave, calificó la alarma de “desastre que no existe” y acusó a la oposición de “hacer bulos” sobre personas sanas cuya probabilidad de resultado patológico es mínima. Explicó que la empresa “resolvió su cierre en septiembre” y que el Sescam ha incorporado otra compañía, además de una plataforma tecnológica propia y una tercera posible firma de refuerzo.

Los socialistas recordaron que los cribados no se realizan en verano por la baja adherencia y remarcaron que el presupuesto sanitario en 2026 alcanza récord histórico: 15 millones de euros al día, el doble que bajo gobiernos del PP. Con su mayoría parlamentaria, tumbaron las propuestas de reprobación al consejero.

Canon del agua: el PSOE defiende un mandato europeo mientras PP y Vox reclaman dar marcha atrás

El segundo debate general de la jornada giró en torno al canon del agua, con posturas completamente enfrentadas. Para Vox, se trata de un “impuestazo” que penaliza el consumo doméstico “responsable” y traslada a los ciudadanos el coste de fallos estructurales en la gestión hidráulica. Propuso su supresión inmediata.

El PP, sin llegar a ese extremo, reclamó una moratoria mínima de cinco años para que los ayuntamientos no soporten el coste de las fugas antes de poder renovar unas redes “muy deterioradas”. Calificó la medida de “sablazo fiscal en el peor momento económico” y denunció “el caos burocrático” en la presentación de los modelos tributarios.

El PSOE, por contra, defendió una tasa “de obligado cumplimiento” para evitar sanciones europeas y seguir financiando depuración y abastecimiento. La consejera Gómez recordó que Castilla-La Mancha no cobra a los municipios por las infraestructuras construidas y que el canon se limita a sufragar gastos de gestión. Los socialistas sacaron adelante su resolución para continuar desplegándolo.

Consenso en radiofísica hospitalaria: se impulsará ampliar la formación a cuatro años

El único punto sin bronca fue la iniciativa socialista para revisar el programa formativo de la especialidad de Radiofísica Hospitalaria en el Consejo Interterritorial de Salud. PSOE y PP la apoyaron y Vox se abstuvo.

Los tres grupos reconocieron el papel fundamental de estos especialistas en oncología radioterápica y diagnóstico por imagen. Coincidieron en que el programa actual —de 1996— está desfasado y en que el número de plazas es insuficiente. Tanto Vox como PP reclamaron acompañar la mejora formativa del reconocimiento de la carrera profesional en la región.

Minuto de silencio por la DANA y preguntas al Gobierno para cerrar el Pleno

La sesión se detuvo al finalizar las votaciones para rendir homenaje a las siete víctimas mortales de la DANA de 2024 en Letur y Mira. La Presidencia del Parlamento regional expresó “el dolor de los representantes de Castilla-La Mancha” por una tragedia todavía reciente en la memoria de la región.

El control al Gobierno se saldó con respuestas de las consejeras de Bienestar Social y Desarrollo Sostenible a preguntas del PP sobre el Ingreso Mínimo de Solidaridad y el cierre de la Unidad de Larga Estancia de Salud Mental en Guadalajara; y de Vox sobre las incidencias por ataques de lobos en la provincia.