El Gobierno frena el cambio del Trasvase hasta el fallo del Supremo
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no modificará las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre los recursos pendientes relacionados con los nuevos caudales ecológicos del río Tajo. Así lo aseguró este martes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien apeló a la "prudencia" como criterio rector del Gobierno en este asunto.
El alto tribunal ya ha dictado hasta cinco sentencias, "algunas de ellas contradictorias entre sí", sobre la planificación hidrológica del Tajo, y aún quedan dos recursos sin resolver que afectan directamente a las medidas que incrementan los caudales ecológicos del río. Ese aumento implicaría reducir a la mitad los envíos de agua al Segura de cara a 2027.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, compareció este martes para explicar la posición del Miteco ante uno de los asuntos hídricos más sensibles de la España interior. En su intervención, subrayó que el Supremo ya ha emitido hasta cinco sentencias sobre la planificación hidrológica del Tajo, algunas de ellas con criterios contradictorios entre sí, lo que dibuja un escenario jurídico de notable complejidad. En ese contexto, avanzar en la modificación de las reglas de explotación sin esperar el pronunciamiento definitivo del alto tribunal equivaldría, a su juicio, a "dar por supuesto cuál será el contenido de las sentencias", una actitud que calificó expresamente de "temeraria".
El núcleo de la disputa reside en los nuevos caudales ecológicos fijados para el Tajo. Su aplicación está prevista de forma escalonada y, en su fase más avanzada, reduciría a la mitad los trasvases al Segura a partir de 2027. Esta perspectiva ha generado una fuerte oposición en las comunidades regantes y en las instituciones de Murcia, Alicante y Almería, territorios que dependen estructuralmente de ese agua para sostener buena parte de su agricultura de exportación. Frente a esa presión, el Miteco insiste en que no puede pronunciarse "sobre plazos ni sobre las medidas que se pondrán en marcha", mientras el proceso judicial siga abierto.
La postura del secretario de Estado refleja también el impacto que las cinco sentencias ya dictadas tienen sobre la capacidad de actuación del ministerio. Morán reconoció que algunas de esas resoluciones son "contradictorias entre sí", lo que dificulta trazar un marco jurídico sólido sobre el que apoyar nuevas decisiones administrativas. En ese escenario, ejercer las competencias del Miteco en materia de reglas de explotación antes de conocer el fallo definitivo introduciría, según el secretario de Estado, una inseguridad jurídica difícilmente justificable.
El trasvase Tajo-Segura, inaugurado en 1979, es el más antiguo y voluminoso de los grandes trasvases ibéricos y el que mayor trascendencia política tiene. Durante décadas, su gestión ha enfrentado a las cuencas cedente (Tajo) y receptora (Segura), con Castilla-La Mancha y Madrid en un lado, y las regiones levantinas en el otro. La revisión del Plan Hidrológico del Tajo, que elevó los caudales mínimos del río para preservar su estado ecológico, reabrió en los últimos años esa vieja disputa territorial con renovada intensidad.
Tampoco quiso Morán fijar ningún calendario aproximado para la articulación de las nuevas reglas de explotación. Anticipar plazos antes de conocer el contenido de las sentencias, razonó, equivaldría a prejuzgar lo que el Supremo va a resolver, algo que el ministerio descarta de forma explícita. La posición del Miteco es, por tanto, de espera activa: sin compromisos de plazos, sin anuncio de medidas y sin modificación del marco normativo vigente hasta que la justicia despeje el horizonte.
