Castilla-La Mancha abre la puerta a conectarse a las desaladoras

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes en Toledo que su Gobierno estudia la posibilidad de conectar la región a la red de desaladoras, al tiempo que ha reiterado su petición al Estado para asumir parte de la gestión de las confederaciones hidrográficas ante los retrasos acumulados en la tramitación de expedientes, que ha llegado a calificar como de “récord Guinness”. La propuesta se ha puesto sobre la mesa durante la reunión del Consejo Regional del Agua, celebrada junto a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en un contexto que el Ejecutivo autonómico considera especialmente delicado para el futuro hídrico de la región.

Durante su intervención, García-Page ha sido especialmente crítico con el funcionamiento actual de las confederaciones hidrográficas, asegurando que Castilla-La Mancha no puede seguir instalada en una dinámica en la que no se tramitan solicitudes ni expedientes mientras sí avanzan los procedimientos sancionadores, una situación que, a su juicio, no responde a los estándares de un Estado eficaz. Esta realidad, ha advertido, está afectando de forma directa a múltiples sectores económicos, especialmente al agrario, pero también a iniciativas industriales y a necesidades básicas de abastecimiento en distintos municipios.

Presión al Estado para asumir gestión y desbloquear expedientes

Ante este escenario, el presidente regional ha reiterado la disposición de su Gobierno a colaborar activamente con la Administración central, ofreciendo recursos autonómicos, personal técnico y capacidad de gestión para desbloquear la situación. En concreto, ha planteado que Castilla-La Mancha pueda asumir parte de la tramitación de expedientes mediante una encomienda de gestión, lo que permitiría acelerar procedimientos que actualmente se encuentran paralizados, con especial incidencia en cuencas como la del Guadiana.

Esta misma idea ha sido reforzada por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha incidido en que los retrasos administrativos están provocando una pérdida de oportunidades para la región, tanto desde el punto de vista económico como social. Gómez ha defendido que la colaboración institucional puede convertirse en una herramienta clave para agilizar autorizaciones de regadío, proyectos industriales o actuaciones hidráulicas, evitando así el bloqueo de iniciativas estratégicas.

Estrategia “frontal” ante la Directiva del Agua

En paralelo a esta reclamación, García-Page ha anunciado una “estrategia frontal” en defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha, que pasa en primer lugar por solicitar una prórroga de la Directiva Marco del Agua. Según ha explicado, el nuevo proyecto que se plantea a nivel europeo resulta “absolutamente nocivo” para el campo español y para el actual modelo de gestión hidráulica, por lo que considera imprescindible frenar su entrada en vigor en este momento.

El presidente ha enmarcado esta posición en lo que considera una falta de diálogo por parte del Gobierno central, al que ha acusado de mantener una “falta de vocación de escucha” en materia de agua. No obstante, ha insistido en que la postura de Castilla-La Mancha no es de confrontación gratuita, sino que responde a la defensa legítima de los intereses regionales desde una perspectiva constructiva y abierta al consenso.

Control propio del agua: red piezométrica autonómica

Otro de los pilares de esta estrategia pasa por mejorar el conocimiento y control de los recursos hídricos. En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha anunciado la creación de una red propia de control piezométrico, destinada a medir y monitorizar el estado de las aguas subterráneas en tiempo real. Esta iniciativa responde, según García-Page, a la necesidad de disponer de información independiente y fiable, frente a lo que ha calificado como un “monopolio absoluto” de los datos por parte del Estado, que dificulta la toma de decisiones compartidas y el consenso político.

La consejera Mercedes Gómez ha respaldado esta medida, subrayando la importancia estratégica de las aguas subterráneas en la región y la necesidad de contar con herramientas propias que permitan mejorar su seguimiento y gestión.

El giro hacia las desaladoras como alternativa hídrica

En el marco de esta planificación, uno de los anuncios más significativos ha sido la intención del Gobierno regional de estudiar la conexión de Castilla-La Mancha a la red de desaladoras. García-Page ha reconocido que esta opción, hasta ahora ajena al modelo hídrico de la comunidad, empieza a contemplarse como una alternativa viable ante la situación de determinadas zonas que comparten problemática con el Levante español.

El presidente ha advertido de que la región podría verse “en la obligación” de recurrir a esta solución para garantizar el abastecimiento, lo que supondría un cambio sustancial en la estrategia hídrica tradicional y abriría un nuevo escenario en la planificación de recursos.

Unidad regional en la defensa del agua

El Consejo Regional del Agua ha servido también para reforzar la posición común de Castilla-La Mancha en la defensa de sus intereses en las siete demarcaciones hidrográficas que afectan a su territorio. Durante la reunión, se ha puesto de manifiesto la importancia de actuar de forma coordinada entre los distintos sectores implicados, desde el ámbito agrario hasta el científico, pasando por el tejido empresarial y las administraciones públicas.

En este contexto, la consejera Mercedes Gómez ha subrayado que este órgano constituye un espacio clave de diálogo, en el que se construyen las bases de una política hídrica basada en el rigor técnico y el consenso social. La reunión se produce, además, en un momento decisivo, marcado por el proceso de elaboración del cuarto ciclo de planificación hidrológica para el periodo 2028-2033, en el que Castilla-La Mancha presentará alegaciones conjuntas para defender sus necesidades.

Planificación hidrológica y déficit de ejecución

Gómez ha explicado que el Ejecutivo autonómico mantiene una especial preocupación por la evolución de los planes de cuenca del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura, al considerar que el modelo actual presenta importantes desequilibrios y requiere una revisión profunda. En este sentido, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un sistema más justo, equilibrado y sostenible, que garantice tanto el desarrollo económico como la protección de los ecosistemas.

Asimismo, ha puesto de relieve que el grado de ejecución de las medidas contempladas en los planes hidrológicos actuales es muy bajo, situándose en torno al 6 por ciento, lo que evidencia, a su juicio, la falta de eficacia en la aplicación de las políticas previstas. Esta situación refuerza la necesidad de introducir cambios que permitan acelerar la puesta en marcha de infraestructuras, mejorar la gestión de los recursos y reforzar la resiliencia frente al cambio climático.

En este sentido, el Gobierno regional ha identificado como prioridades la mejora de los sistemas de abastecimiento para hacerlos más resistentes a escenarios de sequía, el impulso a la modernización de regadíos como motor del sector primario y la protección de las masas de agua como elemento esencial para garantizar el equilibrio ambiental, todo ello bajo una visión que busca compatibilizar crecimiento económico y sostenibilidad.

Nuevas mesas de trabajo y posible movilización

El Consejo ha acordado además la creación de nuevas mesas de trabajo especializadas, que permitirán abordar de manera más detallada las distintas problemáticas relacionadas con el agua, teniendo en cuenta tanto la perspectiva regional como las particularidades de cada provincia. Este enfoque pretende adaptar las soluciones a la diversidad territorial de Castilla-La Mancha, reconociendo que las necesidades no son homogéneas en todo el territorio.

Finalmente, García-Page no ha descartado la posibilidad de que Castilla-La Mancha impulse movilizaciones sociales para reivindicar sus demandas en materia de agua. El presidente ha dejado claro que su Gobierno no permanecerá inactivo ante una situación que considera perjudicial para el desarrollo de la región, y ha apelado a la unidad de la sociedad castellanomanchega para defender un recurso estratégico para su futuro.