Cae un albergue clandestino de animales en Illescas por fraude

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a la titular de un albergue clandestino de animales en Illescas (Toledo) y a una veterinaria, investigadas por un presunto delito de falsificación de documento público y suplantación de identidad. Las detenciones son resultado de inspecciones realizadas en diciembre de 2024.

Las investigaciones revelaron que el establecimiento operaba al margen de la legalidad, sin la documentación obligatoria ni supervisión veterinaria oficial, y que se habían manipulado sellos antirrábicos, firmas y fechas de vacunación para eludir responsabilidades administrativas.

Cae un albergue clandestino de animales en Illescas (Toledo) por fraude
Cae un albergue clandestino de animales en Illescas (Toledo) por fraude

La Guardia Civil, a través de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Paprona) de Illescas (Toledo), ha puesto a disposición judicial a dos personas investigadas por un presunto delito de falsificación de documento público y suplantación de identidad, después de descubrir la existencia de un albergue clandestino de animales en este municipio de la provincia de Toledo. Las diligencias traen causa de las inspecciones llevadas a cabo durante el pasado mes de diciembre, según informó el instituto armado en nota de prensa.

En el transcurso de esas inspecciones, los agentes localizaron en el interior del albergue 14 perros, varios ejemplares de cerdo vietnamita y una gran cantidad de gatos de distintas razas. El establecimiento, según quedó acreditado en las pesquisas posteriores, operaba de manera completamente clandestina: carecía de la documentación obligatoria exigida por la normativa de bienestar animal y funcionaba al margen de las inspecciones preceptivas de los veterinarios de la administración pública.

Las irregularidades en la documentación sanitaria

El primer indicio de irregularidad grave emergió cuando los agentes solicitaron a la titular del albergue la documentación que acredita la identificación de los animales, así como el registro de vacunas y tratamientos sanitarios recibidos. En ese momento, una veterinaria procedió a cumplimentar fraudulentamente los sellos oficiales antirrábicos con su número de colegiada, según la información facilitada por la Guardia Civil.

Las gestiones de averiguación realizadas a continuación por la Paprona de Illescas pusieron al descubierto una falsedad de mayor calado. La clínica veterinaria en la que supuestamente trabajaba la profesional que había certificado los tratamientos bajo sospecha no dispensaba asistencia a perros ni a gatos: su actividad estaba restringida en exclusiva a animales exóticos. Los responsables del centro confirmaron a los investigadores que los animales hallados en Illescas no habían recibido en ningún momento atención por parte de su equipo.

La clínica denuncia el uso fraudulento de sus sellos

La dirección de la clínica fue más allá y denunció formalmente el uso fraudulento del sello de la empresa. Durante la investigación se constataron cuatro firmas manifiestamente distintas atribuidas a la supuesta veterinaria, lo que apuntaba inequívocamente a que diferentes personas habían suscrito documentos bajo una misma identidad profesional.

A ello se sumaron modificaciones en las fechas de administración de las vacunas, alteradas aparentemente para hacer creer que los tratamientos habían sido aplicados con anterioridad a la inspección del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. El propósito de esta manipulación, según se desprende de las actuaciones, era evadir las posibles responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones sanitarias en materia de bienestar animal.

Delito de falsificación de documento público

Las dos investigadas, la titular del albergue y la veterinaria, han quedado a disposición de la autoridad judicial por un presunto delito de falsificación de documento público y otro de suplantación de identidad. La Guardia Civil no ha facilitado datos sobre la identidad de las investigadas ni ha precisado si se adoptaron medidas cautelares sobre los animales alojados en el establecimiento.

El caso pone de relieve las carencias en el control de los albergues y centros de acogida de animales que operan fuera de los cauces legales, una problemática recurrente que las administraciones públicas tratan de combatir a través de inspecciones periódicas y del endurecimiento del régimen sancionador contemplado en la normativa de protección animal vigente en Castilla-La Mancha.

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